Redacción Canal Abierto | De cara a las elecciones presidenciales 2023, y en el marco del 8M, una campaña que surgió desde distintas organizaciones feministas lleva la consigna “Listas sin violentos ni abusadores”.
“Si bien nuestras leyes permiten que personas con denuncias o con condena puedan postularse a cargos electivos hasta tanto esa condena quede firme, entendemos que es una responsabilidad de los partidos políticos no legitimar la violencia de género habilitando su participación en las listas”, sostienen desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el Observatorio Feminista Tucumán, organizaciones que impulsan la iniciativa.
Y agregan: “El cambio cultural que se requiere para lograr una sociedad más justa, sin discriminación ni violencia, necesita del compromiso ético de quienes se postulan para representarnos. Por eso decimos ‘Listas sin violentos ni abusadores’”.
Sus impulsoras aclaran que, si bien la idea surgió en Tucumán —provincia con una larga lista de funcionarios y políticos denunciados por violencia de género y abuso sexual ocupando cargos y con intenciones de postularse—, la invitación está abierta a que se sumen también en otras provincias.
“La violencia de género no reconoce banderas políticas. Actualmente, existen denuncias y causas abiertas contra funcionarios de todo el país, siendo Tucumán un caso excepcional. Por eso invitamos a firmar este compromiso de tolerancia cero a la violencia de género, en todas sus formas”, detallan. E invitan a sumarse a la campaña en redes con el hashtag #ListasSinViolentos.
A contramano, el candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acaba de encender todas las alarmas al defender en un acto en San Rafael a su exsubsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, que en pocos días empezará a ser juzgado por tres casos de abuso sexual.
Los casos
Tucumán es una de las provincias donde se registra una cantidad de funcionarios denunciados por violencia de género.
El más resonado es el del exgobernador José Jorge Alperovich, quien fue denunciado penalmente en 2019 por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente, y lo dio a conocer a través de una carta pública. La mujer de entonces 29 años contó cómo, durante un año y medio, su tío violentó su “integridad física, psicológica y sexual”.
A los tres días, Alperovich pidió licencia a la banca de senador que ocupaba en ese momento. En diciembre de 2021 se terminó su mandato y en mayo de 2022 fue procesado pero sin prisión preventiva. Por Twitter, el funcionario negó haber abusado de la denunciante. Ese fue su último tuit.
Pero no fue el único.
Un concejal de la ciudad de Alberti, Bruno Romano, fue denunciado por su ex pareja Romina Dip en 2018 luego de sufrir múltiples golpizas. Pese a ello se le permitió candidatearse en 2019, ocasión en la que volvió a salir electo. Un tribunal lo absolvió un año después. El fallo fue apelado pero aún no se resolvió.
A la lista se suma Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, quien planea presentarse en las elecciones de este año con el partido que lidera Javier Milei. Bussi hijo fue denunciado por delito sexual con acceso carnal y usurpación de identidad.
“Lupe”, seudónimo de la denunciante, afirma que los hechos ocurrieron en la Legislatura tucumana mientras Bussi cumplía funciones. El segundo cargo del que se lo acusa es por la cuenta bancaria con más de medio millón de pesos que el legislador habría abierto con los datos de Lupe. Desde la denuncia, ella sostiene haber recibido numerosas intimidaciones y amenazas, y el saqueo de su casa.
Finalmente, el caso más preocupante es el del intendente de Famaillá, José Orellana. En mayo de 2020 fue denunciado por una ex trabajadora de la Cámara de Diputados, y condenado en diciembre último por abuso sexual simple a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Orellana, quien se alterna la intendencia de Famaillá con su mellizo Enrique, aseguró que se presentará en las próximas elecciones ya que no está firme la condena.
Tucumán, además, exhibe el triste prontuario de haber sido la última provincia en adherir a la Ley Micaela, la primera en cantidad de femicidios por densidad poblacional, y una de las provincias que se declaró “pro vida” para tratar de impedir la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en su territorio.
Foto: Perfil
