Redacción Canal Abierto | Esta lunes comenzó el juicio oral y público contra los dos policías que asesinaron por la espalda a Facundo Ferreira, de tan sólo 12 años. Mauro Gabriel Diaz Caceres -aún hoy realiza tareas administrativas dentro de la fuerza- y Nicolás González Montes de Oca -actualmente detenido por robo- están acusados de homicidio agravado por alevosía en el abuso de la función como miembros de las fuerzas policiales, y enfrentan posibles penas de cadena perpetua.

En la noche del 8 de marzo de 2018, Facundo viajaba como acompañante en una moto conducida por su amigo, Juan. Sin mediar razones ni la correspondiente voz de alto, los agentes salieron en su persecución para inmediatamente vaciar sus escopetas de balas de goma -el cuerpo de la víctima registra al menos cinco de estos impactos- y luego 11 proyectiles de plomo de sus armas reglamentarias 9mm.

La investigación judicial develó que los uniformados demoraron en ayudar al chico moribundo: el homicidio ocurrió a la 1.23 de la madrugada pero tardaron en llevarlo al Hospital Padilla y recién a las 4.30 avisaron a la familia. Ingresó a la guardia en calidad de “accidente de tránsito”. De acuerdo a las pruebas realizadas, Montes de Oca estaba bajo los efectos de la cocaina y marihuana al momento del hecho.

A partir de entonces, distintos integrantes de la fuerza de seguridad, la justicia provincial y el poder político tucumano no hicieron más que entorpecer la investigación.

 

El intento de encubrimiento, al desnudo

Las primeras audiencias contaron con las declaraciones de Juan -el joven que conducía la moto en que viajaba Facundo-, otro amigo de los chicos y los policías directamente involucrados en el hecho. También se presentaron ante la justicia los médicos y peritos forense, además de otros efectivos policiales que -según la familia- habrían sido parte de las maniobras de “manipulación y falsificación de la escena del crimen”.

Desde un primer momento, la versión policial -sostenida por el entonces ministro de Seguridad del gobernador Juan Manzur, Claudio Maley- apuntó contra los chicos, fraguando un enfrentamiento que nunca existió. Sin embargo, tras varios peritajes, un dermostest y un barrido electrónico, la fiscal terminó por confirmar que el menor no había disparado y que los tiros se habían iniciado del lado de los agentes.

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Al intento de manipulación de las pruebas luego se sumó el escarnio público de medios y figuras de la política -a nivel provincial como nacional-, en linea con la denominada Doctrina Chocobar. “En su momento, tanto Bullrich como funcionarios tucumanos salieron a defender el accionar de estos policías, avalando y alentando acciones homicidas como la que terminó con la vida de Facundito”, señaló en diálogo con Canal Abierto el abogado de la familia, Carlos Garmendia.

Rapidamente se hicieron públicas filmaciones de cámaras de seguridad que incriminan a los policías. En ellas se ve el momento en que un grupo de menores, a bordo de tres motos, ingresan de contramano por una avenida céntrica. Entonces, los dos efectivos comienzan a seguirlos. En las imágenes no se llega a ver el momento de los disparos, pero pocos metros después se ve cómo los dos menores caen sobre el pavimento; Facundo, con el disparo en la nuca y, sobre la espalda, las marcas de las balas de goma. Las filmaciones muestran a uno de los agentes señalados como autores del disparo que segó la vida del menor participar del levantamiento de las vainas servidas tras el hecho, algo que está expresamente vedado en cualquier protocolo de intervención criminalística de una escena del crimen.

Tiempo después, un ex agente del comando 911 denunció ante la fiscalía que dos efectivos le habían ofrecido “resolverle un problema” para que pudiera retornar a la fuerza a cambio de atentar contra la casa de la familia de Facundo. Este hecho terminó por convencer a la fiscal de pedir la prisión preventiva de los agentes imputados, pero el juez de turno rechazó el requerimiento y dejó en libertad a los agentes, que siguieron en funciones.

Ambos acusados tiene un extenso prontuario judicial por delitos comunes, como robos o arrebatos.

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