Redacción Canal Abierto | El pasado martes 26 de octubre un productor agropecuario de Cañada de Gómez, Santa Fe, fue imputado penalmente por aplicar agrotóxicos en una vivienda familiar vecina poniendo en riesgo la salud de las personas y contaminando el agua, el suelo y el ambiente. También fueron imputados por el mismo delito el dueño del terreno arrendado y el aplicador.

En la audiencia, la Fiscalía y la querella, llevada adelante por los abogados Rafael Colombo, miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina, y Lucas Micheloud de la multisectorial Paren de Fumigarnos, en representación de la vecina damnificada Norma Cabrera, solicitaron la imputación atribuyéndoles la autoría del delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24.051 –ley de residuos peligrosos– que pena el envenenamiento o contaminación de un modo peligroso para la salud de los seres vivos, del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

De prosperar el juicio y determinar las responsabilidades de los imputados, ésta se convertiría en la primera condena penal por fumigaciones con agrotóxicos en la provincia.

En la misma audiencia, el juez penal Álvaro Campana dispuso una medida cautelar que prohíbe aplicar cualquier tipo de agroquímicos a una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana.

Madres de Ituzaingó
Las Madres de Ituzaingó, grandes artífices de que las consecuencias del uso del glifosato y otros herbicidas se comiencen a discutir.

A nivel nacional está el antecedente de las condenas a tres años de prisión condicional al productor agropecuario Francisco Parra y al piloto Edgardo Pancello de agosto de 2012, ratificadas por la Corte Suprema en 2017. La Cámara Primera del Crimen de la Justicia cordobesa los condenó al considerar que mediante el uso de agroquímicos envenenaron de “modo peligroso” suelos, salud y el ambiente en general en la zona del barrio Ituzaingó anexo de las afueras de la ciudad de Córdoba, donde la lucha infatigable de las Madres de Ituzaingó consiguió sentar en el banquillo a los responsables y condenarlos, a la vez que abrir una brecha en el discurso imperante de soja y paquete tecnológico cueste lo que cueste.

 

Norma Cabrera: sobrevivir en un pueblo fumigado

“Yo vivo al límite de la zona suburbana de Cañada de Gómez. En 2015, Carlos Pelagagge le alquila el campo a Jesús Mosca. El arrendatario comienza a fumigar el campo constantemente”, narra a Canal Abierto Norma Cabrera, quien durante años recibió en su casa y en su cuerpo y los de su familia los efectos de la aplicación de herbicidas. “Yo vivo a 15 metros del campo, del otro lado de la calle. Mosca fumigaba con viento norte, pasaba sobre las alcantarillas de la calle. Yo miraba como fumigaba y no sabía que podían hacer tanto daño esas fumigaciones. Tiempo después empecé a denunciarlo, pero él siguió fumigando lo mismo. En el 2019, conseguimos una ordenanza que establecía que a 3 mil metros de la zona urbana no se puede fumigar. La intendenta redujo esa distancia a 150 metros, pero ni eso cumplían”.

Como consecuencia de la contaminación con los agrotóxicos Norma sufre numerosos problemas de salud. “Los agroquímicos que se han aplicado en el campo vecino se han encontrado en mi cuerpo. Yo tengo menstruaciones que se prolongan un mes, tengo alergias y ronchas por todo el cuerpo. Debido a las reacciones alérgicas tengo que tomar muchas medicaciones. Fui operada porque tengo una artrosis muy avanzada, ando con bastón. Tengo 47 años y parece que tengo 80”, resume Norma.

Pero no sólo el cuerpo de Norma ha sido devastado, la mayoría de sus animales murieron: ovejas, gallinas, pavos, las chanchas mal parieron, sus plantas se secaron. Las de su vecino Carlos Papandrea también. “Las ovejas murieron y quedaron secas y no las comía ningún bicho, ni siquiera se acercaban”.

Norma, su familia y los abogados Colombo y Michelaud
Norma, su familia y los abogados Colombo y Michelaud

“No teníamos respaldo ni del municipio ni de nadie”, cuenta Norma. “Yo denuncié penalmente a la intendenta –Stella Clérici– por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero jamás tuve una respuesta de ella, no se dignó a venir a hablar”.

“Gracias a Paren de Fumigarnos, conseguimos este amparo. Ellos están ahí, al pie del cañón. Yo les agradezco a ellos, a mis abogados y a la fiscalía del doctor Matías Ocariz. Yo estoy haciendo esto no por plata, como dicen, lo hago porque quiero vivir, quiero disfrutar de mis hijos, de mis nietos, estar en mi casa libre de venenos. Esto es en beneficio de todos los cañadenses. La gente se va poder animar a denunciar, a parar a esta gente que nos está envenenando”, concluye Norma.

 

La causa

Norma a lo largo de todos estos años documentó con fotos y grabaciones de video las aspersiones de herbicida de su vecino y las consecuencias. Toda esa documentación se adjuntó a la causa a la que se sumaron pericias que acreditaron que la denunciante tiene glifosato en su sangre y que detectaron restos del contaminante en el agua y en la tierra de su domicilio.

Durante todos estos años Norma y su familia fueron fumigados primero a 15 metros de distancia, luego a 150 metros y ahora la cautelar exige que esa distancia sea de 500 metros. “El juez aceptó la medida cautelar como lo propusieron la Fiscalía y la querella, que consiste en ordenarle al productor que cese en la aplicación de productos agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana. Además, establece la obligación de que las aplicaciones se ejecuten cumpliendo la normativa vigente, sobre todo de la ordenanza local y la legislación provincial, que exista una receta extendida por un ingeniero agrónomo, que intervenga la Municipalidad a través de la autoridad de aplicación correspondiente y un informe de verificación dentro de las 48 horas. También exige dar aviso previo a la familia y que se tengan en cuenta la temperatura y la dirección del viento”, explica el abogado Rafael Colombo, en declaraciones al diario La Capital de Rosario.

Fotos de Cañada de Gómez: conclusion.com.ar

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