Redacción Canal Abierto | Serpaj, APDH, APDH-La Matanza, La Liga Argentina por los Derechos Humanos y Pañuelos en Rebeldía enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interponga la medida cautelar solicitada por el abogado Juan Manuel Salgado, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y Orlando Carriqueo de la Mesa Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, a fin de frenar el desalojo ordenado por la Justicia provincial en el predio de Cuesta del Ternero, de la comunidad Quemquemtrew.

“Dada la situación de gravedad y ante la posible ratificación de la orden de desalojo del territorio comunitario (…) dado que en función del pedido de información realizado por esta Ilustre Comisión al Estado Argentino, y al que nuestro país no ha dado respuesta, sumado a ello el nivel de vulnerabilidad social al que están expuestos los integrantes de esta comunidad y la constante negación de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de la provincia de Río Negro, es que reiteramos que tengan a bien disponer la medida cautelar”, advierte el texto

La misiva de los organismos comienza haciendo un recorrido cronológico de los últimos sucesos del conflicto, en el que describe que, luego de la orden de desalojo dictada el 23 de diciembre y la posterior impugnación presentada por la abogada de la comunidad, Andrea Riele, “pudimos ser espectadores de la clara falta de voluntad por parte del Poder Judicial de la Provincia en resolver el conflicto de una manera pacífica y a través del diálogo, incorporando a la investigación del delito de usurpación a las autoridades del Estado Provincial y nacional competentes en materia de derechos humanos de Pueblos indígenas y de tierras”.

“Siendo que alientan la resolución de conflicto entre el actor privado, quien realizó la denuncia del supuesto delito de usurpación y la Comunidad, quien viene reclamando a las autoridades su reivindicación territorial. Es por ello que el Juez del Tribunal de Impugnación dispuso en la audiencia que llamaba a un cuarto intermedio por el plazo de 48 hs. a los fines de que las partes (denunciante/terrateniente y denunciando/comunidad) se pongan de acuerdo para llevar a cabo una mesa de diálogo a fin de encauzar el conflicto de manera pacífica”, agregan.

Además, los reconocidos organismos le cuentan al órgano internacional sobre la reunión entre la abogada Reile y el representante legal del terrateniente, Ernesto Saavedra, junto a la Fiscal General de Bariloche, Betiana Cendón, “en la que conversaron sobre la posibilidad de aunar posiciones e implementar una mesa de diálogo, objetivo que no fue cumplido dado la negativa del Dr. Saavedra, ya que su postura es que el diálogo se debe dar una vez que desalojen a los integrantes de la Comunidad del territorio comunitario”.

Sobre los encuentros que mantuvieron Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y Orlando Carriqueo, con el Ministro de Gobierno, el pedido dice: “Fueron infructíferos, dada la postura de no querer asumir como Estado las obligaciones en materia de derechos humanos de los Pueblos indígenas y por lo tanto, ello implica no generar espacios de diálogo para canalizar el conflicto de manera no violenta. En ese orden insistieron en que el conflicto pertenece a dos actores privados, es decir los terratenientes y la Comunidad”.

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 El texto completo:

Con el objeto de manifestar nuestra preocupación sobre la situación que está afrontando la Comunidad Quemquemtrew, por la que el Dr. Juan Manuel Salgado del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y el Sr. Orlando Javier Carriqueo de la Mesa Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, han solicitado ante esta Ilustre Comisión el dictado de una medida cautelar, trámite que ha sido caratulada MC 906-2021.  

En ese sentido, le hacemos saber a los Sres. y Sras Comisionados que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, en fecha 23 de diciembre del corriente año ha dispuesto una orden de desalojo del territorio de la mencionada Comunidad. Por lo que la abogada de la comunidad, la Dra. Andrea Reile impugnó la mencionada orden judicial, y como consecuencia de ello el día 27 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la audiencia de impugnación de la Resolución referenciada. En dicha audiencia, de la que fuimos observadores varios de los integrantes de los organismos de derechos humanos que suscribimos la presente, pudimos ser espectadores de la clara falta de voluntad por parte del Poder Judicial de la Provincia en resolver el conflicto de una manera pacífica y a través del diálogo, incorporando a la investigación del delito de usurpación a las autoridades del Estado Provincial y nacional competentes en materia de derechos humanos de Pueblos indígenas y de tierras. Siendo que alientan la resolución de conflicto entre el actor privado, quien realizó la denuncia del supuesto delito de usurpación y la Comunidad, quien viene reclamando a las autoridades su reivindicación territorial. Es por ello que el Juez del Tribunal de Impugnación dispuso en la audiencia que llamaba a un cuarto intermedio por el plazo de 48 hs. a los fines de que las partes (denunciante/terrateniente y denunciando/comunidad) se pongan de acuerdo para llevar a cabo una mesa de diálogo a fin de encauzar el conflicto de manera pacífica. Por este motivo en el día de hoy la Abogada de la Comunidad, Dra. Reile y el abogado del terrateniente, Dr. Ernesto Saavedra, mantuvieron una reunión con la Fiscal Gral de Bariloche, Dra. Cendón, en la que conversaron sobre la posibilidad de aunar posiciones e implementar una mesa de diálogo, objetivo que no fue cumplido dado la negativa del Dr. Saavedra, ya que su postura es que el diálogo se debe dar una vez que desalojen a los integrantes de la Comunidad del territorio comunitario.

A raíz de la situación de conflicto que vive esta Comunidad y la circunstancia de militarización del territorio como consecuencia de ello, Pablo Pimentel, integrante de la APDH La Matanza, había solicitado una reunión con la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, la que fue concedida en el día de hoy (29/12/21) por lo que asistió acompañado del Sr. Orlando Carriqueo, que no pudo participar de la reunión con la Sra. Gobernadora de la Provincia por disposición de dicha funcionaria, pero si pudo formar parte de la reunión con el Ministro de Gobierno.

Por lo que nos han comentado quienes participaron de dichos encuentros pudimos conocer que los mismos fueron infructíferos, dada la postura de no querer asumir como Estado las obligaciones en materia de derechos humanos de los Pueblos indígenas y por lo tanto, ello implica no generar espacios de diálogo para canalizar el conflicto de manera no violenta. En ese orden insistieron en que el conflicto pertenece a dos actores privados, es decir los terratenientes y la Comunidad.

Dada la situación de gravedad que se describe y ante la posible ratificación de la orden de desalojo del territorio comunitario, es que los integrantes de los organismos presentes le solicitamos a esta Ilustre Comisión que tenga a bien disponer la Medida Cautelar solicitada por el Dr. Salgado y el Sr. Carriqueo. Dado que en función del pedido de información realizado por esta Ilustre Comisión al Estado Argentino, por el trámite de referencia, en fecha 25 de Octubre, y al que nuestro país no ha dado respuesta, sumado a ello el nivel de vulnerabilidad social al que están expuesto los integrantes de esta Comunidad y la constante negación de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de la Provincia de Río Negro, es que reiteramos que tengan a bien disponer la Medida Cautelar del trámite de referencia.

Foto: Red Enfoques (tomado de La Tinta)

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