Redacción Canal Abierto | El economista y hoy diputado, Javier Milei cumplió con una de sus propuestas de campaña y rifó este miércoles su sueldo como legislador nacional en un sorteo que superó el millón de personas inscriptas. Para ser más específicos, unos 1.040.625 participantes.

En un acto que encabezó en Mar del Plata, el líder de La Libertad Avanza aseguró que la cesión de los 205 mil pesos (unos 1.979 dólares al cambio oficial o alrededor de mil dólares en el mercado paralelo) se trató de una “devolución” y negó que sea “un gesto de populismo”, ante las críticas que recibió en redes sociales. Sin embargo, no fueron pocos los especialistas que cuestionaron otro aspecto del sorteo, y que en las últimas horas le valió el inicio de una investigación oficial de la Agencia de Acceso de la Información Pública (AAIP).

Es que quienes se anotaron para hacerse con la dieta de Milei debieron completar un formulario con una serie de datos sensibles, como son DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de celular. “Si te interesa organizar un sorteo y tu interés de fondo no es recopilar datos, con el DNI o los últimos cuatro dígitos de este  y los últimos cuatro dígitos del número de trámite ya tenes una forma de identificar al futuro ganador”, explicó a Canal Abierto el especialista informático Javier Smaldone. “Intentan justificar cada dato innecesario con excusas ridículas, como con el correo electrónico, el número de teléfono o en el caso de la edad: dijeron que era para confirmar la mayoría de edad, cuando en realidad podrían haber puesto un casillerito en el que el postulante se declara mayor y a confirmar al momento de la entrega del premio. En términos generales, ¿para qué piden datos que no van a usar en el sorteo?”.

Luego de desatada la polémica, desde el entorno del legislador salieron a explicar que el contenido se destruirá “una vez consumados los sorteos” y que “no se utilizará para otro fin para el cual la base fue concebida”. El problema es que la base de datos ya había colectado medio millón de suscriptores sin hasta entonces haber sido registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Otro de los puntos más polémicos y que aún hoy reza entre los términos y condiciones del sorteo es el que habilitaría a vender esos datos al exterior: “Durante el tratamiento efectuado sobre los Datos Personales, se podrían transferir los mismos fuera de las fronteras de la República Argentina, a países sin nivel adecuado de Protección de Datos. El titular consiente dicha transferencia al completar y enviar el formulario con sus datos”.

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“En la próxima elección pueden usar esa información a través de alguna empresa de marketing, por ejemplo, en Miami o Uruguay; y lo están dejando por escrito”, aclaró Smaldone, y agregó: “otro tema es que si dejamos pasar estas cuestiones nos vamos a caer del mundo en relación a los acuerdos internacionales de protección de datos”.

“Con mil dólares (el equivalente en moneda extranjera de un salario de un diputado) por mes obtiene no sólo una publicidad enorme, sino una base de datos que vale muchísimo más dinero, con DNIs, nombres y hasta qué modelo de teléfono usaban los postulantes al momento de inscripción”, afirmó el especialista.

El debate sobre la utilización de bases de datos gubernamentales con fines proselitistas tiene como antecedente cercano las sospechas de que en la campaña de 2021 el Gobierno de la Ciudad aprovechó los contactos obtenidos en el marco de la vacunación contra el COVID para promocionar actividades de de María Eugenia Vidal, la candidata del oficialismo porteño.

Más turbia aún es la causa contra dirigentes de Cambiemos por haber echado mano a datos de beneficiarios de distintos organismos estatales para justificar aportes no blanqueados en la campaña electoral de 2017, y que luego se conoció el caso de los “aportantes truchos”.

“Acá el problema no es sólo Milei, yo vivo en Córdoba y me llegaba información sobre la disponibilidad de vacunas del Ministerio de Salud de Córdoba del mismo número del que me llegaba propaganda proselitista. Y los privados se hacen un festival: a quién no lo llaman una o dos veces por día para ofrecerle un teléfono, un auto o un servicio bancario”, señaló. “La ley es letra muerta y el organismo de control está pintado, y nosotros como ciudadanos tampoco somos concientes del valor de nuestros datos”.

Trolls libertarios 

Javier Smaldone fue uno de los primeros especialistas en advertir las irregularidades detrás del concurso, y por estas horas uno de los blancos predilectos de los seguidores de Milei: “deben ser 200 pibes manejando tres o cuatro cuentas de 15 seguidores, y la estrategia es que se te vienen encima para mantenerte ocupado discutiendo o contestándoles; en el 95% de los casos, los bloqueo y listo”.

“Uno de los argumentos más llamativos que me dan es el siguiente: `qué importa darle los datos si las empresas como Google ya los tienen´. Lo increíble es que se dicen libertarios y no siquiera piensan en la diferencia que hay entre que una empresa tenga tus datos y que los tenga un político o un partido. Porque es cierto que yo le doy datos a Twitter pero Twitter no aspira a gobernarme, sino cerraría mi cuenta”.

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