Redacción Canal Abierto | Los Esteros del Iberá son una amplia red de arroyos, riachos, pantanos, lagunas y bañados en el centro de Corrientes. Este ecosistema único en la Argentina y uno de los más importantes del continente hoy se encuentra en peligro por las llamas que vienen azotando la región y ya destruyeron cerca de 600 mil hectáreas (un 7% del territorio provincial).
Las cifras son estremecedoras, pero aún más los relatos de bomberos acorralados por el fuego y de pobladores que perdieron sus casas y producciones agrícolas. A los desgarradores testimonios en primera persona, se suman los análisis de especialistas que advierten sobre el carácter previsible de esta tragedia ecológica.
En diálogo con Canal Abierto, el experto en gestión ambiental residente en Corrientes y miembro de la Red Nacional de Humedales (RENAHU), Emilio Spataro explica cuáles son las medidas preventivas que no se aplicaron y qué relación mantienen los incendios con la recientemente caída Ley de Humedales no apoyada por el gobernador Gustavo Valdés. Además, las acusaciones cruzadas entre Nación y la provincia, y una normativa vigente que pena el fuego intencional con fines productivos pero que en Corrientes parece letra muerta.
¿Cómo calificarías lo que está pasando en Corrientes?
– Es desgarrador. He estado frente a uno de los focos, al norte de la localidad de Bella Vista, y es sumamente abrumadora la destrucción.
Hoy ya hay un 7% de la superficie provincial quemada, pero lo más graves es que según las proyecciones del INTA -teniendo en cuenta las sequías que se esperan y el no repunte de los ríos- a fin de año podriamos superar el 10%. Al poder político esto parece no importarle.
¿Era esperable? ¿Se podía evitar?
– Esto no es una sorpresa. Por un lado, tenemos una sequía con un cuadro de bajante histórica del Río Paraná y otros ríos tributarios. Y por otro, se sabía que había mucha biomasa seca (materia orgánica, como son los restos vegetales) acumulada. Sin embargo, no se hizo nada para evitar esta situación.
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Mientras tanto, continúan las acusaciones entre Nación y la provincia….
– Es criminal que el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de ambiente Juan Cabandié se estén chicaneando por twitter mientras hay bomberos fallecidos y gente que perdió todo.
Las responsabilidades son cruzadas y compartidas. El monitoreo del territorio es de organismos nacionales, concretamente del Ministerio de Ambiente, y la implementación del Plan Nacional del Manejo del Fuego le corresponde a Nación. Por supuesto, es inadmisible la falta de preparación por parte de la provincia.
¿Qué medidas preventivas deberían haber implementado?
– En primer lugar, alertar a la población para que se organice y se prepare para este desastre. Por ejemplo, crear los llamados “cortafuego” -mediante incendios controlados o la eliminación mecánica de vegetación- en aquellas regiones donde el riesgo era más alto.
Más del 90% de los incendios se generan por influencia de la mano del hombre. Y acá la clave es que además de oponerse a la ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, la provincia de Corrientes no hizo nada para implementarla y ayudar así a disuadir a aquellos terratenientes que utilizan el fuego para apropiarse de areas naturales.
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Otro tema: no olvidemos que acá la mayoría de los bomberos son voluntarios y no hay una inversión para prevenir durante el año.
Sobre la ley de manejo del fuego -norma que prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas-: aunque Corrientes no haga nada para aplicar la normativa, siguen siendo prácticas ilegales…
– Claro, pero hay un guiño del gobierno provincial a favor de la intensificación del uso del suelo. Entonces, si el propietario de un campo tiene la mitad de su superficie con humedales que ahora están secos y ve que no va a sufrir ninguna consecuencia, le mete fuego para transformarlo en un pastizal para ganado. Total, sabe que la provincia no va a hacer nada y no va a sufrir consecuencias.
En redes sociales hablas del “lobby de la oligarquia correntina contra la ley de humedales”, ¿a quiénes haces referencia?
– Puntualmente, a las entidades que nuclean al sector empresario de la ruralidad correntina, quienes en numerosas ocasiones se manifestaron explícitamente contra la ley de Humedales: la Sociedad Rural, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación Forestal Argentina, etc. Recogiendo aquellos posicionamientos, luego el propio gobernador Gustavo Valdés se manifestó públicamente en contra del proyecto.
Esto no puede dejar de sorprender, o mejor dicho generar alarma, siendo que se trata de la provincia argentina con mayor porcentaje humedales en relación a su superficie total.
¿Qué argumentos esgrime el poder político provincial para no apoyar o desalentar la aprobación de una ley de Humedales?
– El enfoque ambiental de la provincia se basa en áreas protegidas. Esto significa una concepción de conservación del área de Iberá, y a la par una entrega del resto del territorio para un uso productivo que intenta ser intensivo (sobre todo de la forestación). Y digo intenta porque las mismas condiciones ambientales hicieron que muchos proyectos hayan terminado en un tiradero de plata, lejos de las pretensiones por dominar alguna ambientes naturales.
Ahora bien, a nivel global ya se reconoce que este enfoque que privilegias áreas protegidas no es suficiente para garantizar de los ecosistemas y salvaguardar los servicios ambientales que estos brindan a la población. Es que el sistema de esteros, humedales y valles de inundación fluvial del Paraná, Uruguay y otros ríos y arroyos provinciales no reconoce los límites artificiales de un área protegida. Funciona de manera integral, conectado tanto en aguas superficiales como las de napas y acuíferos.
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El fuego -y mañana las inundaciones- se dan tanto por dentro como por fuera de las áreas protegidas. Esto en un contexto de cambio climático donde los eventos extremos de sequía e inundación ocurren cada vez más seguido. Hay varios estudios que confirman que hay más “niños” y “niñas” (patrones climáticos recurrentes que implican cambios en la temperatura) que antes, y que lo que antes pasaba una o dos veces por décadas hoy sucede el doble o el tripole de veces. Esto nos obliga a pensar una política ambiental para el conjunto del territorio.
¿Qué opinión te merece que ahora el gobierno hable de una nueva Ley de Humedales luego de que la iniciativa perdiera estado parlamentario en diciembre pasado?
– El proceso de discusión y redacción ya se hizo, no una sino tres veces, en el marco de debate ciudadano correspondiente, que es el Congreso, con audiencias públicas donde tuvieron voz todos los sectores. Sin embargo, y luego de haberlo dejado caer por las presiones y el lobby, ahora el Gobierno nacional quiere lanzar un debate que pareciera ser más una apuesta a la pérdida de tiempo que ha tomar la decisión política para que nuestro país tenga un inventario de humedales y espacio de participación y gestión sobre estas áreas ambientales.
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