Por Néstor Espósito | La Corte Suprema eligió el “silenzio stampa” como única reacción al discurso del presidente, Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. No fue una decisión improvisada, como tampoco lo fue la actitud pasiva y pétrea de los cuatro jueces que integran hoy el máximo tribunal. Con sus rostros cubiertos por los barbijos, cumplieron a rajatabla la consigna de no exhibir ningún gesto que denotara aprobación o desaprobación sobre el discurso presidencial. Tampoco aplaudieron ninguna de las expresiones o anuncios, incluso las que no contenían críticas hacia el funcionamiento del Poder Judicial ni, menos aún, de la propia Corte.
Fue una conducta premeditada en un escenario de distanciamiento total. De ida y de vuelta, todos los canales de comunicación entre el Gobierno y la Corte están cortados. Siempre lo estuvieron aunque, en rigor, cuando la ministra de Justicia era Marcela Losardo los jueces del máximo tribunal suponían que esa situación podía y finalmente iba a ser distinta.
El Gobierno no tiene interlocutores con la Corte. Ni hablar de “operadores”, que los hubo en todos los gobiernos. Desde fines de 2019 nadie cercano a Alberto Fernández tiene diálogo con el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Los propios jueces están sorprendidos por esa situación, que califican de “insólita”, porque “ni siquiera hay diálogo institucional”. Nada.
Otro tanto ocurre en el fuero federal porteño, los tribunales de Comodoro Py 2002. El presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien firmó el fallo en el que desprocesó a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y alumbró –junto con su colega Pablo Bertuzzi- la teoría del “cuentapropismo” en el espionaje, reconoció ante sus colaboradores cercanos que nadie del Gobierno se interesó por la suerte de ese expediente. Desde el Gobierno afirman que “es natural que así sea”, pero Comodoro Py funciona de otra manera. Porque del otro lado hubo al menos una decena de operadores vinculados directa o indirectamente con los imputados en la causa por espionaje ilegal que movieron cielo y tierra para pulverizar ese expediente.
Es más: el plan original era decretar una nulidad “ab initio” del hecho que disparó la investigación, de modo tal de herir de muerte a la causa. Esa hipótesis de trabajo se vio frustrada porque un periodista del diario La Nación publicó lo que era un secreto a voces y abortó la jugada. Hay denuncias –rechazadas- contra Llorens y Bertuzzi por supuestamente haber adelantado qué iban a hacer. Entonces apelaron al Plan B, blindaron a Arribas y Majdalani (y, consecuentemente, a Mauricio Macri) y dejaron que el expediente discurriera por los cenagosos caminos del espinel judicial.
No obstante, la nulidad de la causa todavía está vigente. El juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi pidió todos los antecedentes del inicio de la investigación, y lo disimuló en una resolución en la que llamó a declarar como testigos, entre otros, a Diego Santilli (uno de los espiados); Mariano Macri, el hermano díscolo del ex presidente, y la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
En Comodoro Py también optaron por el silencio como única reacción al discurso presidencial del 1º de marzo. Cuando tres años atrás Alberto Fernández anunció el proyecto de ley de reforma judicial (que ya perdió estado parlamentario y no hay anuncio de nuevo envío), un centenar de jueces y fiscales en edad de jubilarse anticiparon su salida por temor a perder sus privilegiados haberes jubilatorios. Hoy, ninguno piensa en irse. Saben que el Presidente no tiene poder de fuego para intranquilizarlos, que su pólvora está mojada. Ni siquiera pudo correr de escena a los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia –pese a que la Corte dijo que no deberían estar en sus cargos, pero igualmente les permitió seguir en ellos- ni tampoco consiguió la salida de los dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes visitaban a Macri a escondidas y luego sacaban fallos por los que el ex presidente los felicitaba.
El Poder Judicial reinterpretó un viejo refrán. Ahora sostienen: “si no puede con lo menos, ¿cómo va a poder con lo más?”
Foto: Mariano Fuchila para Ámbito.com. Edición Canal Abierto