Redacción Canal Abierto | La Justicia declaró nulo el convenio urbanístico entre el gobierno porteño y la empresa IRSA en 19 de julio de 2021. El mismo autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
La sentencia fue impartida por el Juez Aurelio Ammirato, dictada en los autos caratulados “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y otros c/GCBA y otros s/ Amparo – Otros”, Expte. N° 166469-2021/0.
La causa judicial que propició el fallo fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE), que desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública” y “Resistencia Verde”.
La denuncia puso en cuestionamiento la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final. Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
Al mismo tiempo, las organizaciones denunciantes señalaron que pudieron comprobar que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años, con convenios adjudicados como la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones; la subasta del edificio de Berutti; autorización de Ciudad Palmera en Caballito; la subasta del edificio de El Plata; la autorización para el shopping Distrito Arcos; la autorización para el Shopping Dot; entre otros.
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“Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, subrayaron los denunciantes.
A su vez, Baldiviezo destacó: “Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”.
Por su parte, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, expresó:“Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental. En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando. Las elecciones no son suficientes y las nuevas regulaciones exigen una co-decisión entre las comunidades y el GCBA. Así resalta el fallo al citar el Acuerdo de Escazú y la Constitución de la ciudad”.
Koutsovitis resalta que la emergencia climática se profundizó en la última década, y en paralelo la Ciudad sacrificó más de 150 hectáreas de espacios verdes públicas consolidando la ocupación y privatización de estas áreas públicas en el entorno ribereño.
“Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero. La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, manifestó la ingeniera.