Por Gladys Stagno | La llegada del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la Argentina en su primer viaje oficial al exterior estuvo signada por una mirada de agenda común entre ambas naciones y dos palabras que parecen reeditar la política latinoamericanista de la primera década del siglo: “integración regional”.
“Si seguimos por separado nos vamos hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos”, resumió el flamante mandatario. E insistió en reforzar organismos supranacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que permitan consolidar las acciones en bloque para “construir cooperación e internacionalismo” más allá de la “afinidad ideológica temporal de los gobernantes de turno”.
Pero, ¿hay, en efecto, intereses comunes? ¿Es posible esa unidad sin coincidencia político-ideológica o de eso depende qué rol disputa Latinoamérica en el mundo?
“El problema que tenemos es que todos los proyectos de integración regional de los últimos 30 años han quedado a merced de los cambios políticos de los distintos Estados”, explica Luciana Ghiotto, experta en Economía Política Internacional, investigadora del CONICET-UNSAM e integrante de ATTAC Argentina (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos) y del Transnational Institute, en diálogo con Canal Abierto.
A la medida de los capitales
Proyectos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que impulsó Venezuela, o la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR), propuesta por el Ecuador de Rafael Correa —que pretendía generar instancias de integración monetaria de instituciones regionales—encontraron su límite en otros gobiernos de la región. Pero esto no les ocurrió sólo a los organismos ideados por gobiernos progresistas.
“Tenemos una cantidad de proyectos en la región que, cuando tienen que ver con la extracción político-ideológica del gobierno de turno, encuentran su freno inmediato en el cambio de gobierno —afirma Ghiotto—. Esto es así incluso para los gobiernos de derecha, porque la noticia de esta semana también es que Boric sacó a Chile del Prosur (Foro para el Progreso e Integración de América del Sur), que había sido impulsado por (Sebastián) Piñera, con el apoyo de Iván Duque en Colombia y también de Mauricio Macri en Argentina”.
Para la especialista, el relativo fracaso de los proyectos políticos regionales tiene que ver con que “no respondieron necesariamente a necesidades económicas, de la inserción internacional” de América Latina.
“Lo que podemos ver es que los proyectos que han tenido que ver con garantizar la ganancia de las empresas locales o de las filiales locales de las empresas transnacionales, como el sector automotriz o como algunos sectores más concentrados, por ejemplo el Mercosur y la Alianza del Pacífico, sí han tenido continuidad. Y esos proyectos, más que ser de corte ideológico, tienen que ver con la necesidad de América Latina de insertarse en las cadenas globales de valor y garantizar la reproducción de los capitales a escala regional. Esos proyectos son los que pervivieron, más allá del corte ideológico del gobierno que los impulsara”, señala Ghiotto.
En otras palabras, la integración que ha sido posible hasta ahora es aquella que les ha servido a los intereses comunes de las respectivas burguesías nacionales y de los capitales internacionales con filiares locales. Y la consecuencia, según la analista, es que la inserción latinoamericana en la economía global responde a los intereses de esos capitales, que se vinculan, en general, con la extracción de materias primas, actividad que determina la matriz productiva de la región.
Promesas incumplidas
Puesta a pensar, Ghiotto advierte que una integración regional deseable a largo plazo debería hacer eje en modificar el papel que América Latina cumple en las cadenas globales de valor, lo que significa una revisión hacia adentro de cada país, y tocar intereses poderosos.
“El problema de fondo sigue siendo el modelo productivo de los países de América del Sur que está vinculado al extractivismo. Es un modelo que ha destruido las industrias nacionales en general, que ha tendido a desarmar las pymes y tenido un impacto muy fuerte sobre el empleo, generado altos niveles de desempleo o desempleo estructural crónico”, detalla la investigadora. Y agrega:
La situación es particularmente complicada para Boric porque Chile es el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio (TLC) del mundo. De acuerdo a la explicación de la analista, “los TLC lo que hacen es poner candados sobre cualquier actividad que el Estado quiera desarrollar como política pública”. En ellos, los Estados se comprometen a garantizar la libre circulación del capital, de las inversiones, y de las mercancías.
“Se comprometen a mantener la apertura en el sector de servicios públicos, por ejemplo. O sea que si uno quiere avanzar en un proceso de renacionalización está violando las cláusulas de los tratados. Por lo cual, el inversor que cree que de algún modo un Estado está tocando sus intereses es muy factible que demande al país en tribunales internacionales como el CIADI”, relata.
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Luego sentencia: “Lo que organismos como las CELAC deberían hacer es encontrar mecanismos conjuntos de revisión, auditorías de lo que existe hasta ahora en términos de la sujeción legal de cada uno de los países de América Latina al mercado global, es decir a la gobernanza global de los tratados. Cómo la región se ha insertado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuáles son los compromisos que se han adquirido, y revisar esos compromisos. Porque si no se realiza una revisión integral sí se vuelve una discusión ideológica, entre los que están a favor del libre comercio y los que están en contra y, en realidad, lo que hay que mirar es si esos tratados cumplieron las promesas que hacían hace 25 años, como el aumento del empleo, de la inversión, la diversificación de exportaciones, la transferencia tecnológica. Hoy nos encontramos con que los efectos fueron justamente lo opuesto, con consecuencias nefastas sobre la economía, los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente. Es cuestión de que los gobiernos se animen a empezar ese debate que se está dando a escala global, no sólo en América Latina. Es una cuestión de voluntad política, porque iniciar un debate real implica oponerse también a los sectores que se vienen beneficiando con ese sistema”.
Foto: EFE