Redacción Canal Abierto | El pasado 10 de marzo, la Secretaría de Energía mediante la Resolución Nº 130/2022 anunció la creación del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados) que se encargará de relevar el estado de las concesiones hidroeléctricas a pocos meses de que comiencen a vencer en el segundo semestre de 2023.
Estas centrales hidroeléctricas y embalses construidos y gestionados por las empresas estatales Agua y Energía Eléctrica S.E. (AYEE S.E.) e Hidronor S.A. a partir de los años ‘60 fueron privatizados por Carlos Menem a lo largo de la década del 90 con concesiones a 30 años, en la mayoría de los casos.
Se trata de los complejos de las cuencas del río Limay y Neuquén (El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú); del río Diamante y el Atuel (el complejo de represas Los Nihuiles) en Mendoza; las hidroeléctricas Florentino Ameghino –en la confluencia de los ríos Chico y el Chubut en Trelew– y Futaleufú en Chubut; Río Hondo en Santiago del Estero; el embalse Cabra Corral en Salta; el Complejo Hidroeléctrico Ullum en San Juan y los embalses Escaba, El Cadillal y Pueblo Viejo de la provincia de Tucumán.
Cada uno de estos emprendimientos primero fue subdivido como unidades de negocio independientes para facilitar la posterior privatización mediante la venta del paquete mayoritario de las sociedades titulares.
El relevamiento, encargado a Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA, la ex ENARSA), debe registrar el estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional privatizadas. En el plazo de un año, para las concesiones que vencen en 2023, el ETAHC deberá presentar un Plan de Trabajo a la Secretaría para su aprobación.
Estas centrales, junto con otros aprovechamientos hidroeléctricos binacionales, aportan entre un 20 y un 25% de la generación eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista, con una potencia instalada superior a los 10.800 MW.
“Este es el comienzo de una discusión interesante. Pero no se sabe aún mucho que intención tiene el gobierno”, sostiene en diálogo con Canal Abierto, Gustavo Lahoud, especialista en Geopolítica de la Energía y miembro del IPyPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas). Las alternativas que se barajan son la extensión de las concesiones a los actuales consignatarios, el inicio de un nuevo proceso licitatorio o su reestatización y administración por parte del Estado nacional o con participación de los Estados provinciales.
“La energía hidroeléctrica es una de las energías más confiables de base, en cuanto a que te permiten proyectar una estabilidad y una continuidad en el suministro. Lamentablemente, en los últimos años ha avanzado más el parque térmico y debido a las sucesivas crisis hídricas que hemos tenido ha habido una caída de la generación hidroeléctrica, pero en otros momentos llegó a proveer un tercio de la demanda eléctrica”, explica Lahoud.
La generación de energía a nivel nacional proviene un 65% del parque térmico, un 20-25% de las hidroeléctricas, 5% de la energía nuclear y el 10% restante tiene que ver con las fuentes renovables -eólica, principalmente, y solar fotovoltaica.
Debate de jurisdicciones
Otro cambio producido en el interín de estos 30 años de concesiones fue el del texto constitucional. Tras la reforma de 1994 las provincias pasan a tener voz en este tema; el artículo 124 establece en su último párrafo que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Los gobiernos de Río Negro y Neuquén, provincias implicadas en los primeros contratos que serán revisados, han manifestado su interés en proponer alternativas para la administración, operación, mantenimiento y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y las cuestiones ambientales. Por su parte, desde la Secretaría de Energía sostienen que el poder para determinar la concesión de las centrales hidroeléctricas recae en el gobierno nacional.
En diciembre, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y su par rionegrina, Arabela Carreras, sellaron un acuerdo en el que reafirmaron la competencia provincial en todo lo relativo a los aprovechamientos hidroeléctricos.
“Las concesiones fueron otorgadas por el Estado Nacional, con lo cual éste estaría habilitado para establecer las pautas de hacia dónde debe irse. Pero a partir de la reforma constitucional las provincias son actores centrales en todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales de su territorio. En las últimas décadas ha cambiado mucho el criterio de las negociaciones políticas y el funcionamiento del federalismo. Eso, en muchos casos ha permitido orientar propuestas libremercadistas sobre estos bienes que son estratégicos, y no en vano hemos tenido los vaivenes que tuvimos en todo este tiempo”, concluye Lahoud.
Caravana por la recuperación de las represas
Este sábado 23 de abril se realizó una caravana desde la ciudad de Neuquén hasta El Chocón para reclamar la restitución de las represas a las provincias de Río Negro y Neuquén. Los cinco emprendimientos mencionados previamente fueron los primeros en ser privatizados en 1993 y sus concesiones caducan en el 2023.
Dirigentes del partido local UNE, referenciados en el diputado provincial Mariano Mansilla, y del PCR encabezaron la movilización que culminó con un acto en El Chocón y una posterior recorrida por localidades vecinas. En el mismo anunciaron la creación del Comité por la Recuperación de las Hidroeléctricas y la convocatoria a otras fuerzas políticas y sociales a integrarlo. “Este es el primer mojón de lo que debe ser una amplia unidad para recuperar las represas y el control de nuestros recursos”, señalaron los organizadores.
Fotos: PCR Neuquén