Redacción Canal Abierto |Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, madalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año son algunos de los resultados a los que llegaron las cooperadoras y comunidades de las escuelas de CABA cuando fiscalizaron el servicio de comedores escolares que reina en la Ciudad desde hace 30 años”. 

La enumeración anterior forma parte del documento que difunde laCampaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, una iniciativa de familias, cooperadoras y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires “cansadas de la alimentación de mala calidad que las escuelas públicas de CABA le dan a nuestros chicos”, según se autodefinen.  

Sumado a la baja calidad de los alimentos, desde las cooperadoras relevaron porciones que no cumplen con los gramajes establecidos y una reducción sistemática de las raciones enviadas por las empresas proveedoras a las escuelas que alimentan a 240 mil estudiantes.  

Los mismos de siempre

Con ese escenario, la Campaña se lanzó en el marco de una nueva licitación pública que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) —a cargo de Horacio Rodríguez Larreta desde 2015, y dirigido por el PRO desde 2007— convocó a comienzos de este año para continuar por otros cuatro con la concesión de los comedores escolares.  

Se trata, en dinero, de un negocio de más de 50 mil millones de pesos ($50.055.347.712), el cual, según denuncia la Campaña, ya tendría ganadores anticipados: las 19 empresas que hoy se ocupan del deficitario servicio.  

La estrategia es sutil pero no tanto. De acuerdo con el pliego de la licitación —cuyos sobres con las ofertas fueron abiertos el 11 de marzo—, el Ministerio de Educación porteño otorgará puntaje a cada una de las ofertas a partir del análisis de diferentes ítems. Una de las características que otorgará mayor puntaje es la antigüedad que la empresa tenga como proveedora del gobierno porteño. 

“El detalle que olvida calificar el pliego es si la empresa tuvo sanciones durante la licitación anterior”, detalla el documento de la Campaña, elaborado por Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, María Eva Koutsovitis, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y Alejandro Volkind, integrante de ambos organismos participantes de la iniciativa.  

El punto refiere directamente a Lamerich SRL, una de las oferentes y ya proveedora de la Ciudad, que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de cien estudiantes de seis escuelas con la comida que envió a sus comedores, que ya tiene en su haber un frondoso historial de incumplimientos y sanciones, y que no sufriría por ello ninguna disminución en la puntuación obtenida. 

Sin embargo, el requisito más escandaloso es aquel que funciona como gran expulsor de oferentes: sólo para participar de la licitación, cada empresa debe abonar por anticipado 795.000 pesos. Este importe, aclaran desde el GCBA, no será devuelto “aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas”. De esta forma, pymes y cooperativas ni sueñan con participar, incluso estando en condiciones de proveer el servicio.  

La estrategia para la continuidad de los mismos proveedores ocurre en el marco de un servicio denunciado como deficitario desde distintos organismos. Y es que, a la fiscalización de las cooperadoras se le suma la de la propia Auditoría de la Ciudad, que en su último informe sobre los comedores (de 2016) asegura: “Con respecto de los incumplimientos observados en las visitas a los establecimientos escolares (…) se desconoce la causa por la cual el trámite de aplicación de penalidades no llega a su instancia final (…), lo cual atenta contra el mejoramiento del servicio aumentando la posibilidad de perpetuidad de los adjudicatarios que brindan un servicio deficiente”. 

 

Modificación radical

Es así que, bajo la consigna “¡Nuestrxs hijxs tienen derecho a una buena alimentación escolar!” vecinos y organizaciones comenzaron a reunirse y articular acciones para lo que entienden como “modificar radicalmente el sistema de alimentación escolar en la Ciudad”. 

En esta dirección, piden democratizar la discusión sobre los servicios de comedores escolares para terminar con su privatización y pensar la transición hacia la recuperación de las cocinas escolares, lo que permitiría volver a preparar los almuerzos y meriendas en las escuelas con productos frescos y mejorar la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes porteños.  

Como primera medida, presentaron un amparo colectivo —que continúa recibiendo firmas y apoyos— que cuestiona la constitucionalidad de la licitación del gobierno de Larreta para brindar el Servicio de Comedores Escolares y del Sistema de Becas “por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa” y “el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública” ya que acceder a la beca alimentaria, en la actualidad, presenta enormes trabas.  

También proponen incorporar a trabajadores de la economía popular que producen alimentos a la provisión del servicio, y realizar un control comunitario con las cooperadoras de la cantidad y calidad de los alimentos brindados por las empresas concesionarias. 

Finalmente, trabajan en un proyecto de ley que otorgue el marco a la transición “hacia un sistema alimentario donde se priorice la educación alimentaria, la preparación de la comida en la escuela y se respete la ley de etiquetado frontal recientemente aprobada”, para evitar el ingreso a las escuelas de alimentos nocivos para el consumo de niños, niñas y adolescentes. 

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