Por Néstor Espósito | Beara no es Cromañón. Hasta el miércoles a las 14, cuando el Tribunal Oral número siete de la Capital Federal anunció su veredicto, el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, en el barrio porteño de Palermo, parecía una suerte de Cromañón en escala. Pero los jueces marcaron una diferencia sustancial entre un caso y el otro: en Beara, afirman, no hubo coimas.
Mientras en Cromañón hubo funcionarios, policías y empresarios presos porque las pruebas mostraban el pago de sobornos para permitir que el boliche del barrio porteño de Once (en el que murieron 194 personas y otro millar resultó con daños que aún persisten) funcionara por fuera de la ley, en Beara todos fueron absueltos de la acusación por “cohecho”.
El tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo el 3 de agosto a las 20.
Hasta entonces será virtualmente imposible saber por qué consideró que no hubo coimas pese a que documentación secuestrada en las computadoras de los empresarios que integraban la sociedad que explotaba el local consignaba reiteradamente el término “cometa”.
Acaso lo hayan asociado a un fenómeno astronómico o, tal vez, a una forma poco argentina de denominar a un barrilete. En todo caso, ningún cometa atravesó (al menos de manera visible) el cielo argentino por esos días y tampoco hay noticias sobre una barrileteada que justificara tales anotaciones en documentos sobre contabilidades, gestiones burocráticas y habilitaciones complejas.
Uno de esos documentos sostenía textualmente, con errores de tipeo y ortografía incluidos: “Forma de pago: el pago implica la comisión y la cometa? Se paga al entregar el informe aprobado. O al salir la habilitación? Cules ítems se presentan simultaneos. Firmar esto y uno oslo habal los temas”.
Otro de los documentos muestra, con igual textualidad: “2 Todas las cometas funcionarios y honorarios abogados que halla que pagar, si llega a haber un adicional 3 Todos los costos de habilitación: cpu, impacto, policía, registro, bomberos, de papelerios que son aproximadamente $ 10000”.
El fiscal que investigó la causa en primera instancia, Andrés Madrea, evaluó sobre el documento: “su contenido explícito relacionado a la ‘habilitación’, no deja dudas a quien estaban direccionados los pagos de la ‘cometa’ y también la ‘comisión’ para los gestores; pero además cabe lógicamente convenir que un pago de esa naturaleza solo posee razón de ser si es dirigido a quien puede brindar una contraprestación al efecto. Lo que los socios explotadores pretendían con la ampliación de rubro a ‘Casa de Fiestas Privadas’ era dar soporte legal a la fachada de seguir funcionando como local de baile clase C clandestino y shows en vivo para que justamente los inspectores de fiscalización no lo clausuraran nuevamente”.
La similitud con Cromañón es asombrosa. Sin embargo, mientras en aquel caso hubo condenas de hasta casi 11 años de cárcel, en Beara nadie irá preso, pues las únicas penas para los empresarios fueron de tres años en suspenso y sólo por “homicidio y lesiones culposas”.
El resto de los imputados fueron absueltos. Todos fueron declarados inocentes por el supuesto cohecho. Y al quedar descartados los pagos ilegales, las muertes de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20, quedaron reducidas a una fatalidad. Más aún: al mismo tiempo que absolvieron a quienes debían supervisar que Beara funcionara con total apego a la legislación y las normas de seguridad, los jueces ordenaron investigar… a quienes construyeron el entrepiso que se derrumbó y causó los dos decesos y medio centenar de heridos.
El argentino promedio, se sabe, es afecto a las teorías que mezclan la conspiración con la paranoia. Se los identifica con una sintetización propia del argentinismo: “conspiranoicos”. Hasta que se conozcan los fundamentos del fallo, los conspiranoicos tendrán un caldo de cultivo casi perfecto para suponer intencionalidades políticas detrás de Cromañón y Beara.
Mientras el boliche de Once acabó con la carrera política del entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, la tragedia de Palermo ocurrió en 2010, durante el mandato capitalino de Mauricio Macri, cuya proyección fue tan inversamente proporcional que hasta llegó a presidente de la Nación.
Entonces aparecen los recuerdos asociados al presente: un ex integrante de la “Mesa Judicial” de Cambiemos fue secretario de uno de los jueces que integraron el tribunal que absolvió a los funcionarios del gobierno de Macri, por ejemplo.
Hay otro dato que destacan los conspiranoicos: El Tribunal Oral 7 (aunque con una formación parcialmente diferente) había sido elegido para convertirse en Tribunal Oral Federal para realizar los juicios por presunta corrupción durante el kirchnerismo. Tanto fue así, que incluso había recibido por “sorteo” la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez (finalmente lo condenó otro tribunal) y también la denuncia por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Es decir, estuvo a nada de quedarse con los expedientes más resonantes contra la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Pero las formas (¿la maniobra?) fue tan desprolija que desde el propio Poder Judicial, que se avergüenza de casi nada, surgió el rechazo. Hasta la Corte Suprema invalidó esa conversión de tribunal ordinario a pelotón de fusilamiento judicial.
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Néstor Espósito: @nestoresposito