Redacción Canal Abierto | El lunes por la mañana, a pocas horas de que se conociera el fallo que contradecía el decreto para suspender la escolaridad presencial durante 15 días, un grupo de escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires abrieron sus puertas.
Aunque la mayoría de las instituciones educativas acataron la medida presidencial y no recibieron alumnos, las imágenes de las instituciones rebeldes circularon durante todo el día en redes sociales y portales de noticias. Algunos lo celebraron, sea como postal de una aparente vuelta a la normalidad o bien como el bautismo de fuego del jefe de Gobierno porteño en pleno año electoral. La mayoría, en cambio, vio con asombro cómo el distrito más rico del país priorizaba los resultados de encuestas de opinión sobre los criterios epidemiológicos en medio de una explosión de contagios que ya puso su sistema sanitario al límite de los límites.
El número de casos positivos por coronavirus no ha dejado de aumentar desde mitad de marzo, en especial en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más densamente poblada del país, con más de tres millones de niños y adolescentes en edad escolar. Sin ir más lejos, los 8160 positivos del 21 de marzo se triplicaron en sólo tres semanas: 29.472.
Si bien las aulas no son el único espacio de riesgo, los datos no dejan lugar a dudas: el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó este martes que desde el inicio de las clases presenciales, en marzo pasado, se «quintuplicaron los casos de coronavirus» en el AMBA, en tanto que solo en la provincia los contagios aumentaron 184% en ese período.
En el mismo sentido apuntan las cifras oficiales de la Ciudad: mientras en el primer mes de clases presenciales los casos de COVID 19 en las aulas porteñas habían sumado 1.215, entre el 17 de marzo y el 12 de abril llegaron a 5.006.
En el medio de la polémica entre Nación y Ciudad y el fogoneo mediático que atiza la disputa hay cientos de miles de trabajadores de la educación y familias como la de Patricia Pines, madre de dos alumnos de escuelas públicas porteñas, docente de nivel inicial y primario en la Escuela Normal Superior n°2 «Mariano Acosta» e integrante de los colectivos Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas y Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas.
En esta entrevista con Canal Abierto, cómo atravesó su contagio de coronavirus en los primeros días de la vuelta a la presencialidad, qué condiciones deberían darse para presencialidad segura y por qué el Gobierno de la Ciudad sólo cumple los fallos que le so favorables.
¿Qué sensación te generó la postura del gobierno porteño respecto a la presencialidad?
– La conferencia de prensa de Larreta me dejó la sensación de estar escuchando a una persona con un trastorno de bipolaridad: te dice “cuidémonos” y reconoce el riesgo epidemiológico, pero a la vez acata un fallo que no corresponde y debería resolver la Corte Suprema, y que nos empuja a una presencialidad que hoy por hoy es un peligro para toda la comunidad educativa.
Yo tengo hijos en edad escolaridad. Desde un principio fuimos miles las familias que planteamos que no estaban dadas las condiciones -de transporte, infraestructura, de insumos de higiene o personal- para la presencialidad. De hecho, en estas semanas nos cansamos de escuchar denuncias de grupos de alumnos que no tienen docentes a cargo -sea porque están exceptuados o aislados, y sin que se contrate nuevo personal de reemplazo-, y que andan girando con la directora o bibliotecaria del colegio.
Desde la apertura de escuelas ya suman 32 los docentes fallecidos en todo el país. A esto hay que sumar los miles de estudiantes que se contagiaron y la pasaron mal, o que llevaron el virus a sus casas.
Y hay que decir que es una situación obvia y previsible, porque qué otra cosa podía pasar si sacabas a la calle a 12 millones de personas por día -de las cuales el 50% circula en el AMBA-. En definitva, es lo que estamos viviendo, una saturación del sistema sanitario, con docentes que van de aislamiento en aislamiento, personal no docente contagiado. No hay que ser funcionario o erudito, era una cuestión de sentido común.
Por otro lado, después de reprimirnos en manifestaciones, de llamarnos brutos y fracasados, ¿ahora los docentes somos esencialísimos?
¿Qué razones crees que hay detrás de esta casi obsesión por la presencialidad por parte de la Ciudad?
– Pareciera que están viviendo otra realidad, quizás la de un grupo privilegiado de la sociedad que educa en el sector privado y vive en condiciones más acomodadas. Tal vez la población a la que apunta el discurso de Larreta tenga medicina prepaga o algun recurso extra para una situación de emergencia. Pero si en la escuela pública se nos enferma un chico y no hay camas en el hospital público, es probable que pierda la vida.
Otor punto que genera mucha bronca son los discursos de quienes se razgan las vestiduras en torno a la centralidad del colegio en casi todos los órdenes de la vida de un niño o niña. En este sentido, creo que llegamos a un punto límite en la sobre exigencia que cae sobre la escuela y los docentes, no damos más. Nosotros tenemos conciencia y conocemos mejor que nadie el rol que ocupa la educación en la contención de los chicos, pero hoy las escuelas no tienen más recursos que sus docentes formados para enseñar, sin profesionales idóneos para la atención psíquica o social de los chicos y toda la población.
¿Y el rol de los gremios?
– En primer lugar, hay que decir que resulta muy desagradable la manipulación que viene impulsando la Ciudad en relación al trabajo docente. Porque no hay que olvidar que no hace mucho tiempo nos reprimieron cuando nos manifestábamos, que redujeron el presupuesto, que la ministra de Educación nos llamó brutos y fracasados. ¿Y ahora vienen a decirnos que los docentes somos esencialísimos?
Por otro lado, la semana pasada hubo un paro que tuvo un 90% de acatamiento, e incluso tuvo un fuerte impacto entre los directivos de las escuelas. Por ejemplo, en estos días el Mariano Acosta no abrió sus puertas porque todos adhirieron a la medida de fuerza. Pero eso no lo ves en los medios.
En mi caso, y aunque no escape o soslaye mi rol como docente, no estoy sindicalizada. De todas formas, en este momento prefiero ubicarme en el rol de madre más que de trabajadora porque sobre todo me preocupa la salud de los pibes, que su docente esté protegido o protegida.
¿Qué condiciones deberían darse para presencialidad segura?
– Hay muchas medidas, pero en buena medida va a depender de la vacunación. En estos días salió en todos los medios que en Israel dejaba de ser obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos. El tema es que tienen vacunado a un 70% de la población, mientras nosotros no superamos el 10%.
Sin embargo, creo que hoy la pregunta debería apuntar a cuáles son los fundamentos para obligarnos a abandonar los cuidados, exponernos a la enfermedad y padecer secuelas, como me pasó a mí. Yo fui cinco días a la escuela, contraje COVID y terminé internada con neumonía bilateral. Temí por mi vida y sigo con secuelas porque me quedó un daño en un pulmón que todavía no sé si va a ser recuperable.
Días atrás, otra compañera sufrió algo similar y terminó aislada toda la comunidad: docentes, alumnos y equipo directivo. En estas condiciones la presencialidad no sólo es un riesgo, sino también mucha incomodida para las familias.
¿Qué opinión te merece el fallo judicial que terminó habilitando de manera express la vuelta a las aulas?
– No soy abogada y desconozco los detalles del sistema, pero es vergonzoso todo lo que rodea a esta medida judicial. Desde los vínculos personales y políticos del tribunal, hasta el hecho de que la presentación haya sido patrocinada por a defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo, quien no inició un solo amparo por las vacantes y el año pasado jugó más para el gobierno en la causa por alimentos que a favor de los niños.
No olvidemos que a finales del año pasado el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo escandaloso que planteaba que los niños y niñas menores de 4 años debían presentar un certificado de pobreza para garantizarles una educación pública.
Vacantes Para Todos es un colectivo que surgió hacer 8 años, y desde hace 5 venimos presentando amparos para que se garantice la educación pública, laica, gratuita y estatal para las infancias a partir de los 45 días de vida. En muchos casos, los fallos de primer instancia son a favor de las familias y luego apelados por el gobierno de la Ciudad en diferentes instancias, dilatando así la solución de fondo. Lo mismo pasó con cientos de presentaciones, como la que el año pasado ordenaba a la Ciudad a entregar dispositivos que aseguren la conectividad de los estudiantes. O bien las causas vinculadas a los alimentos que entregaban en las escuelas o el fallo de 2009 para que se construyan escuelas de nivel primario y secundario, que en ambos casos quedaron dando vueltas en la Justicia o directamente no se cumplieron. Ahora, cuando la resolución le es favorable, Larreta cumple el mismo lunes con el fallo que salió el domingo previo por la noche.
El nivel de incoherencia es tremendo, con discursos perversos y contradictorios sobre un interés o prioridad en la educación que no es tal.
¿Cuántas vacantes harían falta?
– En 2014, cuando se aplicó la inscripción online, el entonces ministro de Educación de la Ciudad Esteban Bullrich reconoció que eran en 7 mil y 9 mil. Fueron pasando lo años y el Ejecutivo se negó a responder los pedidos de informes que se hacían desde la Legislatura. En 2019, cuando la jueza Elena Liberatori los obligó a entregar los datos, reconocieron que faltaban 19 mil. Más tarde trascendió que eran entre 22 mil y 25 mil vacantes, a lo que habría que sumar los más de 10 mil niños y niñas que asisten a los centros de primera infancia. Estos no pertenecen al área de Educación, sino a Desarrollo Social, y quienes están a cargo de los grupos no necesariamente tienen título docente. Esto implica un recorrido escolar diferenciado entre infancias provenientes de hogares vulnerables y las familias que pueden acceder a una vacante.
Foto de portada: @dicoluciano
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