Por Néstor Espósito | Una medida judicial (una segunda, porque la primera fue incumplida) evitó que el gobierno de Jujuy tapara con una gigantesca construcción un posible cementerio clandestino de víctimas de la última dictadura. Y permitió que en los próximos meses, un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) remueva palmo a palmo terrenos de un ex predio militar en el que ya fueron hallados restos de una desaparecida en busca de otros cadáveres. Múltiples testimonios de sobrevivientes y víctimas indirectas de la represión de Estado aseguran que esos terrenos fueron utilizados para sepultar sin identificación alguna a masacrados por el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983. Pero el gobierno provincial, a cargo del radical y miembro activo de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, destinó ese predio a la construcción de la Ciudad Judicial de Jujuy.
Se trata del mismo gobierno provincial que mantiene detenida (y se ufana de ello) a Milagro Sala. Y se enoja con el presidente, Alberto Fernández, cuando la va a visitar ante un problema de salud. Milagro Sala tiene una sola condena firme, a dos años de prisión, largamente cumplida pues lleva casi siete detenida. La legislación argentina establece que la prisión preventiva tiene un plazo máximo de dos años, prorrogable a tres cuando se tratare de causas particularmente complejas. También ese plazo está holgadamente excedido. Milagro Sala tiene una condena a 13 años que aún no está firme. Pero aun cuando quedara confirmada, por el tiempo que lleva presa ya podría acceder a los regímenes progresivos de recuperación de la libertad.
Nada de ello ocurre en la provincia en la que arrecian las denuncias por el supuesto sometimiento político al Poder Judicial. La provincia en la que Carlos Pedro Tadeo Blaquier morirá impune y víctimas de la dictadura –con cuyo accionar está acusado de haber colaborado- pueden quedar sepultadas bajo cientos de toneladas de cemento.
La Justicia había frenado por vía cautelar las obras preparatorias de la construcción, pero la maquinaria pesada igualmente comenzó con los trabajos de excavación y nivelación de terrenos. La construcción habría sepultado definitivamente la posibilidad de hallar nuevas evidencias de las desapariciones y asesinatos durante la dictadura. Acaso fuera una intención complementaria a la protección al empresario Blaquier, acusado de colaborador civil con el aparato represivo jujeño pero cobijado por el poder (incluso político y de distinto signo) al punto tal que por su longevidad próxima a los 95 años quedó exceptuado de comparecer en un juicio oral y público por la denominada “Noche del Apagón”. Se trata de un episodio que patéticamente dejó en claro cómo la empresa de los Blaquier prestó infraestructura y logística para la detención ilegal de unos 400 trabajadores y militantes políticos, muchos de los cuales permanecen aún desaparecidos.
El predio en cuestión es Alto Padilla II, unas 50 hectáreas que en el pasado fueron utilizadas como polígono para práctica de tiro de fuerzas militares. En ese lugar fueron hallados los restos de Dominga Álvarez de Scurta, una docente secuestrada el 26 de mayo de 1976 en su casa, en San Salvador de Jujuy, por integrantes del Ejército Argentino.
El procedimiento tuvo un pretendido viso de legalidad, ya que la patota llevó a un ocasional peatón como testigo civil del procedimiento. Ingresaron a la vivienda, no hallaron a la víctima pero sí volantes y proclamas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Álvarez de Scurta llegó poco después, fue interrogada por los miembros del Ejército, se descompensó y fue trasladada a la guardia del Hospital Pablo Soria. La docente salió con vida de allí y quedó en cautiverio, según relatos de testigos, en el Penal de Villa Gorriti, que dependía operacionalmente del Tercer Cuerpo de Ejército. Ante los reclamos por su situación, una constancia apócrifa describió que fue liberada por “falta de mérito” el 10 de junio de 1976. Pero nadie volvió a verla en libertad. Sus restos fueron hallados en los terrenos en los que hoy se proyecta la Ciudad Judicial de Jujuy.
Según explicó el portal de noticias El Submarino (www.elsubmarinojujuy.com.ar) el 20 de enero pasado, el juez federal Esteban Hansen suspendió todos los trabajos y otorgó un plazo de 120 días para buscar otros restos. Un trabajo mancomunado que llevan adelante geólogos, antropólogos y documentalistas. Si aparecieran más restos humanos, el plazo original se extenderá.
Pero también allí parece haber una trampa disimulada en otras ropas. El Poder Judicial no financiará los trabajos en el terreno. Lo hará el gobierno provincial, por el plazo de cuatro meses dispuesto por el juez. ¿Qué pasaría si en esos cuatro meses no apareciera nada? El terreno es muy grande, los medios para la búsqueda son limitados y eso disminuye las posibilidades. No significa que no haya restos sepultados; significa que probablemente no se encuentren en ese lapso. Y una vez vencido el plazo, todo parece indicar que habría vía libre para la construcción de la Ciudad Judicial.
Será tal vez la demostración de cómo, bajo el ropaje de una aparente legalidad y voluntad de encontrar la verdad y la reparación histórica, se sepultará y olvidará un pasado de tragedia.
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Néstor Espósito: @nestoresposito