Por Gladys Stagno| ¿Quién se encarga de cuidar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto cuesta ese tiempo? ¿Quién lo paga? ¿Cómo debería ser una regulación en materia de cuidados? Esos interrogantes son sólo algunos de los que involucra un profundo debate que se está dando gracias al movimiento feminista y que recientemente llegó al Congreso.
Titulada “Cuidar en Igualdad”, la iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se trata de la creación de un Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA), idea que abrió una ventana de oportunidad para poner en agenda un problema que quedó evidenciado, como nunca, durante la pandemia de COVID-19.
El proyecto impulsa “un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidados en condiciones de igualdad”. Sin embargo, en su texto no se agota la discusión sobre la gestión de los cuidados ni mucho menos.
“El proyecto de ley es expresión de ese enorme avance que viene dándose el movimiento de mujeres y disidencias desde los comienzos, pero tiene un carácter bastante insuficiente –sostiene Jorgelina Matusevicius, delegada de la Asociación Gremial Docente de la UBA y trabajadora social-. La propuesta de legislación se limita a pensar en términos de trabajadoras formales y de licencias. No termina de ser un planteo integral que esté buscando cómo revertir la mirada que hay en la actualidad sobre los cuidados. Sin embargo, tiene la ventaja de que, independientemente de su concreción, habilita el debate y nos convoca a pensar cómo deberían organizarse los cuidados sin una lógica opresiva, despersonalizante e injusta”.
Las que pagan la crisis
El debate, en efecto, comenzó mucho antes de la iniciativa y su pronto ingreso en comisión impulsó una discusión aún más urgente. En el marco del proyecto Feminismo Sindical, la Fundación Rosa Luxemburgo junto con el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, referentes del feminismo y de más de veinte gremios de las diferentes centrales sindicales llevaron adelante una mesa técnica para sistematizar las críticas y los aportes al proyecto. Sus primeras conclusiones hablan de desnaturalizar, desmaternalizar, desfeminizar, desheteronormatizar, socializar y desfragmentar el cuidado.
“El cuidado es el vector de desigualdad de las mujeres. Explica las brechas, la precariedad laboral, la imposibilidad de acceso al empleo formal, el no reconocimiento del trabajo comunitario. También es uno de los obstáculos que aparece más claramente para la participación de las mujeres en el ámbito sindical y político, porque hay una conciliación imposible entre la vida, el empleo y la participación política”, argumenta Clarisa Gambera, titular del departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, en diálogo con Canal Abierto.
La situación se aprecia mejor en números. Tomando en cuenta la población urbana mayor de 18 años, el 75% realiza tareas de cuidado. De ese universo, el 63% son mujeres. Por su parte, del 25% que no realiza estas tareas, el 77% son varones. Ente las mujeres que realizan tareas de cuidado, el 90% no recibe ninguna remuneración por ese trabajo.
“Hablar de cuidados es hablar de puja distributiva. Las mujeres somos las más perjudicadas en tiempos de crisis, somos las más pobres de tiempo y de ingresos. Esta crisis la estamos pagando nosotras”, asegura Gambera.
Esta pobreza temporal y material quedó al desnudo durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Allí, los trabajos remunerados –y oficialmente reconocidos como tales por el sistema- se superpusieron en el mismo espacio y tiempo con esos otros, los de cuidado, que siempre están pero se naturalizan tanto como se invisibilizan.
Socializar y remunerar
Para abordar el problema y por su parte, Mara Rivera, referente de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) y vocal titular en la CGT, cuenta que desde su sector estuvieron trabajando en cuatro universos, en los que dividieron la legislación existente sobre el mundo femenino del trabajo: “las trabajadoras de casas particulares, que tienen una ley propia; las amas de casa, con la moratoria y su propia impronta; la economía informal, que está vinculada a lo comunitario; y las trabajadoras registradas sindicalizadas, que tenemos nuestros propios convenios colectivos”.
“Está bueno que el Gobierno haya tomado esta postura, pero sí me parece que no lo hizo consultando con los sectores que venimos llevando adelante esto –asegura Rivera-. Más que un proyecto de ley, lo que se necesita es superar lo que ya tenemos en base a esos cuatro universos. Esto es vincular al sistema de cuidados con un eje de trabajo. Hubo un avance enorme en muchos convenios y más en los sectores masculinizados, pero eso tiene que venir acompañado de un cambio cultural. Para una corresponsabilidad familiar compartida, por más que vos apliques más licencias, si el compañero después no se toma los días, es en vano tener esa conquista”.
Gambera aporta: “Necesitamos una ley que no sea sólo un compendio de licencias. Porque todavía hay un castigo por tomárselas, asociado al presentismo, o a que después no te asciendan. Hay penalidad para quienes asumen el cuidado y se toman las licencias”.
En tanto, Matusevicius resalta: “En nuestro país el porcentaje de trabajadores precarizados es muy alto, llegan casi al 40%. Por lo tanto, cualquier iniciativa que contemple regímenes de licencias o la posibilidad de tener espacios de cuidados de niños en ámbitos laborales tiene que estar contemplando que eso va a ir solamente a una parte de la población trabajadora. Para generar algún tipo de legislación laboral en torno a un sistema de cuidados esto debería suponer la lucha contra el trabajo informal”.
Luego agrega: “Muchas de las propuestas que están dando vueltas tienen que ver con abonar un plus salarial para que se pueda destinar a insertarse en algún espacio de cuidados en el ámbito privado, esto atenta contra la lógica de la socialización y la desmercantilización de los cuidados. El sistema de cuidados que necesitamos debería avanzar en una mayor socialización de esas tareas. Esto implica el plano más familiar y de organización al interior de las unidades domésticas, es decir que se pueda generar un mayor reparto de las tareas de manera más igualitaria, y también que, cada vez más, se asuman las actividades de cuidado de manera social, o sea que haya espacios, instituciones, distintos equipamientos colectivos de carácter público, no mercantilizados. Espacios de cuidados de niños, de adultos mayores, de cuidado de la salud, educativos, recreativos”.
Repensar el sistema
El proyecto de ley deberá ser tratado por la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley, referente del espacio de Mujeres Sindicalistas, y también por la Comisión de Salud y la de Mujeres.
“Nosotros planteamos qué es amor y qué es trabajo: la persona que cuida por más que sea un familiar directo tiene que recibir una remuneración. Ya se realiza el trabajo, hay que formalizarlo de alguna manera –agrega Rivera-. Por ejemplo, las cuidadoras de los comedores: ahí tiene que haber centros maternales y tiene que ser un lugar vinculado con la educación, no podemos seguir precarizando ese tipo de trabajo, no solo a la trabajadora, sino al servicio mismo. La única garantía de control que hoy tenemos sobre todo eso es el Estado”.
“Necesitamos que de manera urgente se reconozca y remunere el trabajo que hacemos, pero no podemos abandonar la lucha y naturalizar que ese trabajo se nos asigne por ser mujeres. Hay que redistribuir el trabajo y el tiempo y discutir quién paga por él, porque en el proyecto que entró al Congreso en ningún momento aparecen las patronales haciéndose cargo –afirma Gambera-. Nos dicen que no hay plata, que no es el momento. Nosotras decimos que plata hay pero que se pone en otras cosas. Este debate no puede quedar para después de la crisis, porque es la crisis misma”.
Y Matusevicius cierra: “La lógica de la institucionalidad estatal de cuidados está atravesada por una perspectiva de necesidad de reproducción del sistema capitalista en el que vivimos, en la que los cuidados son en función de un sujeto productivo, obediente, disciplinado. La etapa actual del capitalismo neoliberal no parece liberar a mujeres de las tareas de cuidado sino más bien todo lo contrario, no hay un avance en su socialización sino una presión hacia las familias, y dentro de ellas una sobrecarga muy desigual a las mujeres por esos cuidados. Un primer paso para revertir esto podría ser hacer participativa la construcción misma del proyecto de ley, convocar a los sindicatos, a las organizaciones sociales. Creo que luchar por el reconocimiento de esas tareas, visibilizar el valor económico que tiene el trabajo de cuidados, necesariamente nos conecta con otras lógicas de sociabilidad que no son las de este sistema”.