Redacción Canal Abierto | Orlando Carriqueo es werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro. Vive en Fiske Menuco (la ciudad conocida como General Roca) pero nació en Valcheta, lugar al que centenas de familias originarias fueron confinadas luego de la “Campaña del Desierto” (1878-1885), en campos de concentración que fueron antecedente de los del nazismo o el Proceso de Reorganización Nacional.
“La desaparición forzada de Santiago Maldonado es una de las visibilizaciones más actuales de un conflicto territorial que arrastra 140 años y que, claramente, en la Argentina está muy presente. Quiero traer a cuenta el discurso de hace unos días del presidente de la Sociedad Rural (Nicolás Pino) diciendo que todos los pueblos originarios son delincuentes. Me parece que los delincuentes son ellos. Ellos son los que financiaron la Campaña del Desierto, ellos son la pata civil de todas las dictaduras militares, son quienes se enriquecieron y se repartieron las tierras después la Campaña del Desierto verde, en el norte, y la Campaña del Desierto en el sur que les incorporó al Estado y a ellos más de 43 millones de hectáreas, toda la pampa húmeda y toda la Patagonia”.
“Plantear eso, sobre nosotros que venimos reclamando el reconocimiento de un genocidio, por un lado, y la discusión territorial por el otro, tiene clara incidencia en la política argentina actual. Porque son esos sectores concentrados que fueron esclavistas en su momento (en alusión a los Martínez de Hoz, contrabandistas, esclavistas, luego estancieros, desde la época colonial hasta hoy, y miembros de la Sociedad Rural), que son evasores, son parte de la corrupción, tienen jueces que defienden sus intereses porque son sus familias y, si no son de su familia, directamente compran a jueces y los ponen en la Corte Suprema. Son parte de la derecha argentina que ha tenido gran preponderancia en todas las políticas en desmedro de las clases populares, en desmedro de los pueblos originarios”.
“El gobierno de Macri tuvo actores que también fueron parte de la Campaña del Desierto: Bullrich, Aranguren, Peña Braun, la misma familia de Macri (los Blanco Villegas). Ese sector consolidó su poder y llegó en un gobierno democrático, con un partido que se dice democrático y republicano, pero es un sector de la derecha que es racista y violento y está planteando un conflicto muy fuerte que claramente busca desestabilizar la democracia”.
“Hoy ha vuelto a la Patagonia ese conflicto que tiene una perspectiva desde los medios masivos donde claramente hay un discurso estigmatizador del pueblo mapuche. Un discurso racista, un discurso violento que tiene como objetivo deslegitimar los reclamos territoriales, sobre todo en la provincia de Río Negro.”
El año pasado se produjo el asesinato, a manos de dos sicarios, de Elías Garay en Cuesta del Ternero, en la recuperación territorial del lof Quemquemtrew. En estos días vence el plazo del periodo de co-ocupación de esas tierras por la comunidad y la empresa concesionaria, ¿en qué instancias se encuentra ese conflicto?
-Nosotros venimos denunciando que a esa situación no se llegó inmediatamente, sino que tuvo un proceso. Primero la reivindicación, la denuncia del Parlamento, un acampe humanitario que duró 40 días. Hoy estamos teniendo una acampe humanitario para el conflicto Antual Albornoz (cerca de Ingeniero Jacobacci) y estamos en conversaciones para tener un acuerdo de uso. Ese conflicto lleva 120 días con una mujer mapuche rodeada por la policía, con 20 a 30 centímetros de nieve y soportando temperaturas de 15 grados bajo cero en algunos momentos.
También te puede interesar: El Bolsón: la lof Quemquemtrew sitiada por la policía resiste en el territorio
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche pusimos todo para que el asesinato de Elías Garay no pasase. El Estado no puso las condiciones políticas, no las quiso poner, para discutir el territorio y ocurrió el asesinato.
Y hay agravantes. Poco se sabe que el dron que sobrevoló la comunidad, minutos antes del ataque, es de la Policía de Río Negro. Ese dron está desaparecido. La autorización para que esos sicarios estuviesen ahí la dio la ministra de Seguridad de la provincia con lo cual hay intervención del gobierno provincial.
El defensor oficial de los asesinos de Elías Garay es Ernesto Saavedra, un abogado de la Iglesia que tiene un discurso anti mapuche y violento y es el actor principal en la causa por el conflicto territorial del lof Quemquemtrew, defiende a Rocco –concesionario de esas tierras fiscales– y defiende a uno de los imputados del asesinato.
Está defendiendo al empresario que reclama las tierras contra la lof Antual Albornoz y fue abogado del obispado de San Isidro en el conflicto de la Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi) y participó también en el Consenso Bariloche.
Nosotros venimos denunciando, con los últimos atentados que ha habido en la zona andina es que claramente hay un grupo de tareas de la derecha con sostenimiento económico ilegal. Intentan no sólo generar conflicto, sino desestabilizar la democracia y eso es muy grave. Nosotros lo venimos expresando en comunicados desde hace dos años. Estamos también marcando eso al gobierno nacional, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando porque realmente creo que es grave.
¿Qué es el Consenso Bariloche?
-Consenso Bariloche es una fundación en defensa de la propiedad privada donde están los grupos concentrados económicos que están defendiendo los intereses de los empresarios, de los negocios inmobiliarios en la Patagonia. Tienen un staff de abogados y actúan en esos conflictos en Neuquén, Chubut y Río Negro.
El Consenso Bariloche es claramente un posicionamiento anti mapuche en la Patagonia. Hicieron un evento importante que donde estuvo la gobernadora de Río Negro abriendo el encuentro; donde estuvo (Miguel Angel) Pichetto, donde se escuchó a los abogados que están litigando contra comunidades indígenas. Los sectores ligados al macrismo estuvieron y están muy presentes. Bullrich fue la oradora principal y nuestra organización fue a hacer un escrache esos días en el hotel Inacayal.
En dos o tres atentados recientes han aparecido sospechosamente carteles que hablan de la RAM, que hablan de la Reorganización Nacional Mapuche, palabras que están totalmente alejadas del discurso de cualquier organización indígena o de cualquier comunidad. Nosotros no hablamos de lo nacional, lo nacional está ligado a lo nacional y popular.
Entonces aparecen los carteles de la RAM aparecen en Clarín, el Río Negro, La Nación, Infobae, todos con el mismo discurso. Claramente, esos carteles indican que es un armado de algún servicio de inteligencia o de grupos de tareas ligados a la derecha.
Nosotros estamos denunciando que hay grupos de tareas de la derecha que defienden el negocio inmobiliario que son los que están produciendo estos atentados y eso es grave para la discusión que nosotros estamos llevando que es territorial, pero es mucho más grave en términos democráticos.
¿Cuál es la relación de la Coordinadora con el gobierno provincial?
-Hemos tenido algunas charlas, en estos últimos meses, con el Gobierno provincial a través del ministro de Gobierno Rodrigo Buteler. Le hemos pedido presupuesto para el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y que haya una Comisión Investigadora de Tierras para resolver los conflictos territoriales. La próxima semana tenemos una reunión donde esperamos poder resolver la firma del convenio de la Ley 26.160 (de Relevamiento Territorial).
Las comunidades y la organización hemos presentado un amparo por un sector donde el gobierno de Río Negro entregó permisos de cateo minero y eso hoy está suspendido a pesar de que el Superior Tribunal dio de baja la medida cautelar.
También te puede interesar: Río Negro: “La llegada de las mineras es un nueva etapa de la Campaña del Desierto”
El Superior Tribunal de Justicia responde al gobierno de la provincia. La Justicia ha sido el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades en la Argentina no solo en Río Negro.
El otro proyecto grande que se planteó, y que hoy está muerto, es el proyecto de hidrógeno verde. No hay ninguna posibilidad de que se desarrolle ese proyecto si no está hablado previamente con las comunidades, por eso existe el Convenio 169 de la OIT.
No se puede entregar 625.000 hectáreas para el desarrollo de un proyecto de estas características sin conocimiento de la afectación, sin el conocimiento del debate. No puede hacerse sobre el discurso del progreso y del bienestar y del trabajo porque se hace sobre territorios comunitarios donde hay comunidades, donde hay población dispersa.
También te puede interesar: Comunidades originarias le ponen luz roja al hidrógeno verde
Esos proyectos extractivos de los gobiernos nacionales y provinciales son un problema, no sólo en Argentina sino en Latinoamérica. Hay que tener una perspectiva de discusión social mucho más amplia y también entender que las representaciones políticas en los países latinoamericanos claramente tienen una visión de la construcción de un país sin respetar la identidad indígena. Entonces el extractivismo se consolida como una herramienta más del colonialismo.
Esos proyectos extractivos son de empresas extranjeras y son para seguir extrayendo todos los recursos de Latinoamérica para generar bienestar en Europa, porque el hidrógeno que se pretende hacer es para generar energía para los países centrales y todos los desechos, todo el impacto ambiental queda en la Argentina.
Me parece que en esto todos los Estados en Latinoamérica tienen una perspectiva similar, hay que empezar a pensar una nueva manera de vivir. Hemos vivido una pandemia de dos años que ha sido mundial y tiene que ver con un cambio climático que está cada vez más presente: grandes nevadas, sequías o grandes incendios, los ríos que bajan de caudal y eso hay que prestar atención porque son los problemas que vienen para los próximos años.
Por último quería pedirte una reflexión: todas estas cuestiones que venís marcando tienen un amparo legal y constitucional, el tema de las tierras, el tema de la consulta previa, libre e informada están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. ¿Cuál es la situación de las tierras, particularmente, y de la consulta en Río Negro?
-La tierra sigue siendo el principal problema en Argentina, no solo en Río Negro. Lo único que está pasando es que en Río Negro hemos consolidado una organización política como la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche que ha puesto un freno a las políticas de desalojos. Hace mucho tiempo que no permitimos los desalojos, hemos discutido políticamente y queremos que se investigue el proceso de distribución de la tierra en una provincia que tiene 70 años.
La consulta previa, libre e informada es una herramienta que se plantea a nivel internacional que tiene reconocimiento del Estado nacional y que es obligatoria para todos los estamentos del Estado. Estas políticas claramente están violando las leyes, están violando la Constitución.
Si la Argentina no reconoce un genocidio no va a poder resolver esos problemas que se están dando en Río Negro, en Neuquén, en Jujuy, en Salta, en Formosa. Reconocer un genocidio es la base para abrir una discusión social primero identitaria, porque tiene que ver con un proceso de la ciudadanía de la Argentina. Claramente uno tiene que decir que la mayoría de la población es indígena; no es cierto el discurso del presidente Fernández, como lo tuvo Macri, como lo tuvo Cristina Fernández, de que venimos de Europa. Nada más alejado de la realidad en Latinoamérica.
Entonces, consolidar un proceso de discusión que atienda al Derecho a la Identidad de los sectores indígenas nos plantea una sociedad distinta para las discusiones sociales, de representación política, para las discusiones de cuáles son las producciones que se van a desarrollar en el territorio. En ese marco es de donde van a venir los cambios de los próximos años.
La Constitución del 49 había planteado la función social de la tierra y me parece que ese es el talón de Aquiles que hay que golpear para desarmar el poder concentrado que ha condicionado a todos los gobiernos democráticos y que ha sido parte de los gobiernos militares. Ese me parece que es el camino que nos debemos como sociedad.