Canal Abierto Radio | El próximo miércoles a partir de las 18 horas se llevará a cabo la lectura del fallo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 6 de Infantería de Mercedes que tiene como acusados a los ex militares Rubén Omar Andrade, Horacio Linari y Luis Alberto Brun, Emilio Morello, Martín Eduardo Sánchez Zinny, ambos luego reconvertidos en carapintadas. De hecho, Morello fue diputado del MODIN. Por su parte, Alberto Ramón Schollaert, jefe de la guarnición militar, fue apartado del juicio por problemas de salud. Gustavo Delfor González Sass, exteniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, falleció durante la investigación.
Las familias que participan del juicio y los organismos de derechos humanos convocaron a una manifestación a partir de las 14.30 en las puertas de Comodoro Py. El tribunal que juzga a los represores es también el que está investigando a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por lo que este juicio sufrió alteraciones en el cronograma.
“Me enteré después que era el mismo tribunal que tenía la causa Vialidad. De hecho, días después de que declaramos con mi hermano Camilo de forma presencial declaró como testigo Alberto Fernández por la causa Vialidad”, sostuvo Bárbara García, una de las querellantes, en diálogo con Canal Abierto Radio.
Se investiga la suerte de 37 víctimas, de las cuales quedan solo cinco en el proceso. La mayoría eran militantes del PRT–ERP y vinculadas con las revistas Estrella Roja y El Combatiente.
Una de las desaparecidas es Rocío Ángela Martínez Borbolla, docente, editora de las publicaciones partidarias, que fue secuestrada el 14 de junio de 1976 junto a su pareja Pedro Martucci por una patota del Ejército en su casa de Haedo cuando estaba con sus hijos Bárbara, de ocho años, y Camilo de cuatro.
Ese día, Sánchez Zinny golpeó con un arma a la niña y la amenazó con matarla.
Bárbara García en la actualidad es periodista y comunicadora. Camilo García es conductor de radio y televisión. El padre de ambos es Martín García, también periodista, ex director de la agencia de noticias Telam.
Unos días antes se había realizado un operativo represivo en la imprenta del PRT que funcionaba en una casa de San Andrés, partido de San Martín, donde fueron secuestrados el dirigente Pablo Pavich junto a otro militante, y asesinado Jorge Emilio Arancibia.
Para todos los imputados, la fiscalía, encabezada por la Fiscal General de Lesa Humanidad, María Ángeles Ramos, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del CELS y la de Bárbara y Camilo García, representada por Pablo Llonto, pidieron prisión perpetua.
García, remarcó que desde “el minuto uno” del juicio comenzado el 26 de noviembre de 2021, “tuvimos problemas con este Tribunal porque era muy complicado”.
“Este juicio se dio a conocer y se hizo bastante mediático justamente porque lo llamaban ‘el juicio que no se podía ver’”, indicó recordando que a “le impedían cubrir a La Retaguardia y tuvimos que intervenir tanto la querella como la secretaría de Derechos Humanos logrando que dejen transmitir el tema de los imputados, pero nos notificaron que toda la parte testimonial no se iba a poder ver alegando contaminación de los testigos, cosa que no sucede en otros juicios”.
En cuanto a las facilidades que muchos tribunales están dando al respecto de las domiciliarias para genocidas, García expresó:
“Lo que más necesito es que, por lo menos, Sánchez Zinny y Morello vayan a cárcel común, si le dan perpetua pero con domiciliaria siento que el juicio se perdió, porque ya gozan de la prisión domiciliaria sin tobilleras eléctricas ni ningún tipo de control”.
En este punto, diferenció el tratamiento de la Justicia a los represores: “Andrade es el único que lo ves que es de recursos más humildes y es el que está en cana; es el de menor rango y es el único que no goza de domiciliaria porque no tiene poder, no tiene dinero, no tiene influencias. Todos los demás están en sus casas sin absolutamente nada de control”, denunció.
“A mí se me controla”, ironizó en tono preocupante por la causa penal que enfrenta iniciada por uno de los represores: “Hace dos años y medio que estoy bajo el programa de testigos protegidos, con un teléfono especial, donde se me controla a dónde voy, cómo voy vestida, a dónde salgo. Tengo una geolocalización, un botón antipánico, y tengo que dar aviso cuando llegue”, contó.
“Es la primera vez en la historia de los juicios por lesa humanidad que un genocida le mete una denuncia penal con pedido de prisión a una víctima. Es un caso insólito”.
Respecto de las recientes declaraciones de Aldo Rico, quien fue testigo de la defensa en esta causa, Bárbara expresó: “En ese video que salió donde llama un poco a mover a las fuerzas ‘a ver si nos levantamos y ponemos un poco de orden’ él habla de dos guerras: contra la subversión y Malvinas. Y eso me aterró más”.
Y concluyó anhelando justicia en la lectura del fallo: “En otro contexto político y social la gente iba con más fe a las sentencias de los juicios, yo ahora estoy en manos de no sé quién. No soy pesimista pero llevo 46 años peléandola y luchándola sola con mi hermano Camilo. Quiero creer en los jueces”.
Para el caso de la audiencia final, el tribunal estableció que la presencia de los procesados sea optativa, además de permitir expresarse a los procesados y no a la querella.
Las partes acusadoras requirieron que se investigue en un nuevo juicio los delitos que sufrieron Bárbara y Camilo García en el secuestro de su madre y la responsabilidad de otros militares en los hechos.
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Los acusados
Emilio Pedro Morello estuvo a cargo de la Sección de Tiro de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, tuvo a su cargo la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Eduardo Sánchez Zinny, jefe de la Sección Tiro de la Compañía C; Horacio Linari, jefe de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A; Rubén Osmar Andrade, ex cabo 1ro, jefe de grupo de la a cargo de la Sección Tiro de la Compañía A.
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Foto principal: Rocío Martínez Borbolla y Bárbara García.