Redacción Canal Abierto | Docentes de todo el país pararon hoy en repudio a la persecusión judicial contra Santiago Goodman, docente y ex titular del gremio chubutense Atech, quien fuera condenado a 5 años de prición en una causa por incidentes en el marco de una protesta en 2019. En este marco también se reclama por la reapertura de paritarias y en apoyo a conflictos en curso en Mendoza, Corrientes y San Luis.
Goodman fue condenado por incendio intencional de la sede del palacio Legislativo en el marco de las protestas de septiembre de 2019 que incluyeron acampes y cortes de ruta exigiendo que el gobierno de Mariano Arcioni cumpliera con lo acordado meses antes en materia salarial. La condena encendió las luces de alerta en los gremios de las demás provincias, que ven en este suceso un signo peligroso que podría propagarse a otras jurisdicciones.
Así es que directivos de gremios de base de distintas provincias se hicieron presentes en el acto realizado en el marco de la jornada en Rawson. También participaron otros sindcatos y organizacoines sociales. La convocatoria fue en le Oficiina Judicial local, desde donde se marchó a la sede del Ministerio de Educación.
“La criminalización de la protesta ocurre en el marco de la lucha contra el ajuste, la reducción de salarios y la pérdida o el ataque a los derechos laborales y educativos. Por eso entendemos que hoy más que un paro a secas por la absolución de Santiago Goodman, que por supuesto tiene ese carácter y tiene este contenido, tenemos que hablar también de un paro contra las políticas que van en desmedro de los derechos laborales”, sostuvo ante Canal Abierto Daniel Murphy, actual Secretaio General de Atech.
Y advirtió que “cuando uno reacciona ante esos ataques aparece el sistema judicial, que en vez de reparar el daño que ocasiona el gobierno o los gobiernos, lo que hace es sancionar a quienes nos atrevimos a levantar nuestra voz contra esos atropellos y esas violaciones, en muchos casos evidentes, a los derechos, laborales y educativos”.
Murphy señaló que el de Goodman no se trata de un caso aislado. “Hay muchos procesados y procesadas en la provincia. Estamos repasando los datos, pero en la zona sur de la provincia, lo que es Sarmiento o Comodoro Rivadavia tenemos imputados y procesados. Yo también estoy procesado por manifestaciones de distinta naturaleza en la ruta y durante el mismo período 2018-2019. La justicia no investiga los delitos que se cometen desde el Estado y se dedica a perseguirnos. Tenemos 36 personas criminalizadas por las protestas contra la megaminería en Chubut en el último diciembre. Hay pueblos originarios que lo están sufriendo. También organizaciones sociales y de desocupadas y desocupados que sostienen y sostuvieron los comedores durante toda la pandemia y hoy están siendo también criminalizados por salir a pedir alimentos y trabajo”, detalló.
En tal sentido, el dirigente gremial resaltó la importancia de que a través de medidas a nivel naconal como la de hoy, se tome conocimiento en todo el país sobre lo que ocurre en su provincia. “Hay que mostrar cómo actúa la justicia en este juicio en el que se ventiló que la policía hace espionaje ilegal, algo que la ley de inteligencia prohíbe. Se ha hecho en esta causa y se hace todos los días en cada una de las protestas”, concluyó.
