Por Carlos Saglul | Las dificultades que encuentra el juzgamiento de los autores intelectuales del terrorismo de estado –muchos de los cuales morirán en la impunidad– no se puede entender si no se tiene en cuenta que la masacre (shock social que permitió imponer un nuevo modelo económico neoliberal basado en una concentración de la riqueza inédita asociada a la sumisión de la economía local a la planificación global de los Estados Unidos a través del FMI y el Banco Mundial) tuvo autores intelectuales cuyo poder sigue vigente.
Las exportaciones crecen, pero aún en periodos florecientes como el actual, el país que por aquel entonces tenía un cuatro por ciento de pobreza hoy llega a casi el cincuenta por ciento. Crece la exportación de materias primas, se reduce el trabajo porque los productos con valor agregado se compran en el exterior (es decir se importa trabajo) y los dólares que se producen van al pago de la impagable deuda externa o la transferencia de utilidades de los grupos económicos concentrados y los especuladores. Política y económicamente dependientes, toda posibilidad soberana o un crecimiento que contemple las necesidades de la población local, parece imposible. Los grandes medios, la Justicia, no son sino dispositivos de ese poder concentrado que continúa vampirizando a la Nación y esta, hoy más claro que nunca, jamás plebiscita sus decisiones entre un pueblo que en realidad desprecia y al que pretende reducir a condiciones de sobrevivencia del siglo XlX.
Victoria Basualdo es investigadora del Conicet y FLACSO. La historiadora está a cargo de la Unidad Especial de Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica. En una publicación reciente de ese organismo dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos se destaca que el estudio de los casos de 25 empresas permitió verificar el entramado entre los genocidas y los grupos económicos. Está comprobado que el 88 por ciento de los trabajadores fueron secuestrados desde sus lugares de trabajo, y que el 76 por ciento de las empresas aportaron información sobre las personas que debían ser secuestradas. En más de la mitad de los casos hubo personal jerárquico de la empresa durante los interrogatorios, más de la mitad de los casos confirman la presencia de infiltrados. Muchos centros clandestinos de detención funcionaron dentro de las mismas empresas. Esa mecánica represiva se confirmó en Ford, Acindar, Astilleros Río Santiago, en el Ingenio La Fronterita de Tucumán, en La Veloz del Norte de Salta.
Las condenas que se registraron deberán pasar por la Corte Suprema de Justicia cuyo proceder no da demasiada confianza a los organismos de derechos humanos.
Es el caso de Pedro Müller y Héctor Sibilla de Ford, Marcos Levin, dueño de La Veloz. Pasa lo mismo en el enjuiciamiento de los hermanos Julio y Emilio Méndez, que prestaron su casa en las afueras de Tandil para ser usada como centro clandestino de detención pero fueron absueltos, ya que el Tribunal entendió que no sabían que en su propiedad se torturaba y asesinaba a militantes populares como el abogado laboralista Carlos Moreno, perseguido por defender a los trabajadores de Loma Negra. Otros casos emblemáticos han sido Astarsa, Dalmine-Siderca, Mercedes Benz, Ledesma, Las Marías, Lozadur, Alpargatas, Papel Prensa, Coca Cola, Frigorífico Swift, Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Basualdo señaló a Canal Abierto que “la responsabilidad de sectores del poder económico en los procesos represivos de la dictadura permite iluminar una serie de dimensiones claves de esta historia, y el papel central que tiene en estos procesos la clase trabajadora y su lucha sindical. Deja al descubierto también las estrechas relaciones entre los procesos represivos y la pérdida de derechos conquistados durante décadas”.
¿Es una asignatura pendiente el análisis de la participación del poder económico concentrado en la planificación y ejecución del Terrorismo de Estado? ¿Es posible juzgar estas responsabilidades, considerando que estos actores son “el poder real”?
-No lo consideraría una asignatura pendiente, dada la importante acumulación lograda. Desde tiempos de dictadura y con mucha más fuerza y sistematicidad durante los tiempos de democracia se fueron recolectando, desde ámbitos académicos, de derechos humanos, sindicales y políticos, evidencias no sólo estadísticas sino documentales, de archivo, de fuentes de prensa y testimoniales de diferente tipo sobre las conexiones entre las fuerzas armadas y sectores del poder económico.
Algunas de las conexiones y relaciones entre estos actores, cada uno de ellos con lógicas, trayectorias, historias y motivaciones propias son materia de judicialización, mientras que otras atienen a relaciones sociales e históricas de enorme importancia para comprender las profundas transformaciones económicas, laborales, sociales, culturales y subjetivas que se operaron durante la dictadura.
Uno de los aspectos de las conexiones entre el poder dictatorial y algunas fracciones del poder económico fue la articulación de esfuerzos y recursos en procesos represivos, muy especialmente en aquellos que tuvieron como objetivo a sectores importantes de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales.
En cuanto a si se pueden juzgar estas responsabilidades, la Argentina muestra, en ese sentido, una trayectoria que puede parecer contradictoria. Por un lado, a lo largo del proceso de justicia se volvieron visibles y palpables los numerosos obstáculos para la judicialización de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, cuestión que despierta una enorme preocupación por las implicancias no sólo para las víctimas, que vienen demandando justicia hace décadas, sino para la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, y a pesar de estos obstáculos, fue posible que ese eje fuera creciendo y Argentina tiene una trayectoria excepcional y muy significativa en el mundo en términos de los esfuerzos de investigación y judicialización de estos crímenes, que internacionalmente y en todo el mundo han sido muy difíciles de juzgar.
La condena a dos altos ejecutivos de Ford Motor Argentina, Héctor Sibilla y Pedro Müller, junto al máximo responsable militar, Santiago Omar Riveros, en 2018 en primera instancia, y la confirmación de dicha sentencia por la Cámara Federal de Casación Penal en 2021, se vio reflejada en los titulares de los medios de prensa más importantes del mundo en los cinco continentes, contradiciendo la repercusión local limitada que tuvo este paso tan importante para el campo global de los derechos humanos. Lo que vemos entonces es, por un lado que es posible juzgar estas responsabilidades en el ámbito penal local, con tribunales regulares, pero al mismo tiempo, como se vio en esta causa y en todas las demás que están intentando avanzar en distintos distritos del país, es un eje que presenta enormes trabas y dificultades.
Rodolfo Walsh denunció en su carta la masacre, las desapariciones. También se refirió al otro crimen: la destrucción del empleo, el cierre de empresas, al saqueo del patrimonio nacional. Por aquellos años la pobreza no llegaba al 4 por ciento, hoy afecta a la mitad de la población. ¿La batalla contra el genocidio y sus autores es en el fondo, una batalla cultural? ¿Cómo están trabajando ustedes desde la Secretaría de Derechos Humanos?
-Efectivamente, este eje de la responsabilidad de sectores de poder económico en los procesos represivos en la dictadura permite iluminar una serie de dimensiones claves de esta historia, y el papel central que tiene en estos procesos la clase trabajadora y la lucha sindical. Deja al descubierto también las estrechas relaciones entre los procesos represivos y la pérdida de derechos conquistados durante décadas, a partir de formas de organización y militancia llevadas adelante por generaciones de trabajadores y trabajadoras, causando esas transformaciones regresivas de enorme magnitud.
Desde la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estamos trabajando en este eje en un esfuerzo articulado con los demás equipos de la Secretaría: con las querellas en las causas de todo el país, con el área de Sitios y Espacios de Memoria que está señalizando los espacios emblemáticos de la represión, con el Consejo Federal de Derechos Humanos que promueve y articula iniciativas en todo el territorio nacional, con el equipo internacional, con los equipos de formación y de comunicación y con el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene a su cargo una tarea clave de guarda y puesta a disposición de documentos y fuentes cruciales para la problemática. Tenemos también una articulación muy fuerte con los sobrevivientes y una gran cantidad de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas que vienen trabajando esta problemática y sosteniendo enormes esfuerzos para que se pueda visibilizar, hacer justicia y reparar.
¿Hay un cuadro sobre el crecimiento de los grupos económicos concentrados durante la dictadura? Los grupos empresarios, ¿utilizaron su control sobre el gobierno militar para avanzar sobre su competencia, es decir otras empresas?
-No exactamente, me parece que por la complejidad de los grupos económicos y su conformación no sería sencillo de armar, pero definitivamente hay abundante información y valiosos análisis que pudieron reconstruir el crecimiento y expansión de grupos económicos durante la dictadura, a partir de bases de datos y de metodologías complejas que permitieron pasar de miradas únicamente centradas en empresas, a poder analizar su pertenencia e inserción en grupos y conglomerados, todo lo cual permitió documentar algunas de las transformaciones centrales de la estructura económica argentina al calor de la dictadura.
Por otra parte, diversas causas judiciales, desde la causa 13 en adelante refieren a la represión a empresarios durante la última dictadura, y a la persecución de diversos sectores a los que se los acusó de participar de procesos de “subversión económica”.
El caso más emblemático es por supuesto el del grupo Graiver, pero existen una gran cantidad de casos y causas, muchas de ellas vinculadas con procesos de desapoderamiento de bienes, que muestran al mismo tiempo la asociación entre delitos económicos y las violaciones a los derechos humanos, y los procesos de persecución que se desplegaron dentro de los propios sectores empresariales y de poder económico.
Recientemente, la causa que analizó el secuestro de los responsables de los grupos económicos Chavanne-Grassi que buscaban adquirir el Banco de Hurlingham, permitió ver, a partir de documentación clave y testimonios, las articulaciones en el proceso represivo entre las fuerzas armadas y algunas instituciones como la Comisión Nacional de Valores, encabezada entonces por Juan Alfredo Etchebarne.
Lo primero que hizo el neoliberalismo en Inglaterra o Estados Unidos, donde nació, fue destruir a las organizaciones sindicales. Aquí pasó algo similar solo que se recurrió a métodos más sangrientos. ¿Hasta donde este avance sobre la construcción colectiva y solidaria tuvo éxito?
-Hay efectivamente una conexión histórica entre los procesos de persecución, disciplinamiento y represión al movimiento obrero y sindical en las dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría, particularmente aquellas de la década del 70, y los objetivos del movimiento neo-conservador en Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo en el eje anti-sindical un motor muy importante.
La corriente neoliberal tiene un foco central en el desmantelamiento de la estructura de derechos conquistada, y en la promoción de lógicas individualistas y fragmentadas, en el marco de las cuales los individuos somos invitados a pensar nuestra historia como una gesta personal, disociada de los destinos, vínculos e identidades colectivos.
Sin dudas que todos estos procesos, complejos y que permearon las dinámicas sociales y los sujetos de distintos modos, dejaron su mella y su impacto. El análisis cuidadoso, que evita las generalizaciones y las miradas totalizantes, permite sin embargo analizar, no sólo los procesos de internalización, acuerdo y legitimación, que sin duda operaron en diversas instancias (que tienen que distinguirse en forma cuidadosa, jamás puede asimilarse un contexto de dictadura con uno de democracia, aún con tantas imperfecciones), sino también los de cuestionamiento, diferenciación y construcción de resistencias y de vías de organización propias. En este sentido, la vitalidad del eje laboral y sindical en la Argentina, la importancia de los procesos de organización sindical, de movilización y disputa política y social que se hicieron muy evidentes incluso en etapas críticas y muy complejas como el período macrista, contra viento y marea y enfrentando ofensivas de todo tipo, creo que dejan clara la complejidad, dinamismo y fuerza frente a los intentos de dar por terminados tradiciones, formas de organización y proyectos de lucha social, laboral y económica.
Imagen principal: Télam