Redacción Canal Abierto | El fuego volvió a las islas del Delta del Paraná. Nuevamente, en las últimas semanas, el humo tornó irrespirable el aire de la ciudad de Rosario y de localidades vecinas a lo largo de ambas costas del cauce de agua marrón. “Llevamos casi tres años con incendios ininterrumpidos con prácticamente un millón de hectáreas incendiadas”, señala Mauricio Cornaglia, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y recientemente electo secretario de Ambiente de la CTA Autónoma rosarina. El incendio se propaga por Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires pero la catástrofe expandida es el modelo concentrado de producción agropecuaria basado en el paquete agrotecnológico.
“Los responsables directos hay que buscarlos en quienes hoy explotan esos territorios como Baggio, Maiocco (Domingo, productor e intendente de la localidad de Victoria), Paladini y muchos otros. Pero la responsabilidad mayor la tiene la política: los intendentes, los gobernadores, los ministros, el propio Presidente. Las causas fundamentales tienen que ver con el modelo de producción que es lo que prácticamente no aparece en los debates. Claro, se reconoce la necesidad de apagar las quemas, la urgencia de los incendios, pero mientras no profundicemos en las causas que radican en el modelo de producción instalado, siempre volverá el fuego”, razona Cornaglia.
Pese que al calor de los incendios del 2020, el parlamento aprobó con el impulso de Máximo Kirchner una serie de modificaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, las llamas y el humo no cedieron en estos años a lo largo de todo el país. “No hay resultados porque no se tomaron acciones serias y sostenidas para que esto no vuelva a pasar. Esto no es nuevo, ya en 2007 y 2008 se dio una seguidilla de incendios muy importantes pero no de la magnitud de los actuales”, señala Cornaglia. “Entre otras cosas provocó que se conformara el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) un plan para la protección de los humedales. Ese instrumento nunca se implementó, fue diseñado y nutrido por las organizaciones socioambientales, con muchísima participación y nunca fue implementado, nunca tuvo el presupuesto que merecía. Estamos peleando por una ley de humedales pero alcanzaría con que se aplique el PIECAS, para prevenir estos incendios”.
Parece que el humo al menos hizo visible a los Diputados de la Nación la urgencia de tratar nuevamente los proyectos para sancionar una ley de protección de los humedales que perdió estado parlamentario en 2021. ¿Qué significa esto? Que sofocado el fuego temporariamente, sin las imágenes de las llamas y de la ciudad inmersa en una densa atmósfera, se diluyó la posibilidad de aprobarlo, durmió en un cajón.
Este jueves 22 de septiembre, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda comenzarán a debatir los proyectos de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales. El proyecto consensuado por cerca de 400 organizaciones socio-ambientales, asambleas, multisectoriales, colectivos científicos y especialistas (expediente 75-D-2022) será impulsado por el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, pero hay una decena de propuestas presentadas por distintos bloques y un proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ambiente, elaborado en conjunto con el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) al que se señala como la iniciativa de los lobbies.
“El modelo agroproductivo instalado basado en las semillas transgénicas, que utiliza alrededor de 600 millones de litros de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, es sinónimo de desmontes, de inundaciones y sequías, de expulsión de campesinos y campesinas que se hacinan en las villas de las grandes ciudades. Es sinónimo de contaminación de napas y cursos de agua, mortandad masiva de peces y es sinónimo de la privatización de los ríos, fundamentalmente el río Paraná con casi 40 puertos privados y extranjeros. Y es sinónimo de la quema de los humedales porque la frontera agrícola se fue extendiendo con el monocultivo de soja, quitando territorio para la cría industrial de ganado; esas cientos de miles de cabezas de ganado fueron llevadas al territorio de islas y en consecuencia se dan las quemas”, argumenta Cornaglia.
De nuevo en el Congreso
“Celebramos tener esta instancia de volver a debatir la ley. Hace dos años, cuando en 2020 ingresaron más de diez proyectos de ley, se trabajó y mucho en la Comisión de Recursos Naturales analizando todas y cada una de las iniciativas presentadas. Las organizaciones socioambientales han sido consultadas, han podido hacer sus aportes, al igual que científicos dignos, profesionales de las distintas áreas y habitantes de los humedales. Ha avanzado un proyecto consensuado que ha muerto en el Congreso de la Nación al perder estado parlamentario. Este 2 de marzo se volvió a presentar. Lamentablemente se presentaron más proyectos de diputados y diputadas y lo más bochornoso fue que el propio Ministerio de Ambiente presentó su proyecto en conjunto con el COFEMA, desconociendo lo andado y lo que ha ocurrido en todo este tiempo”.
Para Cornaglia, los puntos sobresalientes del proyecto consensuado son la realización de un inventario de humedales –se estima que estos ambientes ocupan un 20% del territorio continental de la Argentina–, para conocer con qué contamos, en qué estado se encuentran y qué características tienen en cada lugar del país, para ver qué tipo de intervención, reparación y cuidados es necesaria en cada caso; y, por otro lado, la penalización a quienes atenten contra la sobrevivencia de los mismos. “En ese punto el proyecto consensuado todavía quedó medio flaco. No es posible que eso ecocidas y genocidas puedan caminar libremente por la calle con todo el daño que han provocado”, concluye el militante ambiental.
“Sabemos que la aprobación del proyecto de Ley no va a ser la solución. Está claro, ya lo dijimos, las leyes no son la solución. Va a demandar de mayor activismo, mayor protagonismo de las organizaciones socioambientales para controlar que efectivamente se cumpla la ley de humedales”.
