Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria cuestionó severamente el accionar de las fuerzas de seguridad bonaerenses durante la represión a los hinchas de Gimnasia y Esgrima de la Plata el jueves –que arrojaron como consecuencia la muerte de Cesar Gustavo “Lolo” Regueiro, y cientos de heridos incluyendo niños-, y pidió la renuncia del ministro Sergio Berni.
Las primeras informaciones sobre las pericias dan cuenta de más de 400 cartuchos de gases lacrimógenos recogidos en la zona.
El texto del organismo, titulado Revertir las políticas que violan los derechos humanos: el ministro Sergio Berni debe renunciar, señala que “esta actuación desproporcionada, brutal, sin sentido, violenta y cruel, que vulnera la seguridad más que garantizarla, no es una novedad”
“Todos los días –continúa el comunicado- , a lo largo y ancho de la provincia, la Policía Bonaerense viola los derechos humanos. Solo en las últimas dos semanas, la represión y desalojo de 50 familias del Barrio 22 de enero y 1 de Noviembre de Ciudad Evita en La Matanza, las torturas y malos tratos a dos jóvenes menores de edad en Mar del Plata, sobre otro joven en Necochea o a varias personas en Pergamino, dan cuenta de la gravedad de la situación”.
“Frente a los hechos, la actitud del Ministro de Seguridad Sergio Berni es la negación permanente de la responsabilidad policial sosteniendo la versión corporativa de los hechos que busca la impunidad, el anuncio de una profesionalización inexistente, la culpabilización de las víctimas y la construcción de teorías conspirativas que acusan a los organismos de derechos humanos de mala fe. Las políticas de seguridad han sostenido la violencia policial como forma de gestión de los conflictos sociales”, advierte la CPM, y reclama: “Hacen falta decisiones políticas claras que reviertan de inmediato esta situación y terminen con las políticas neoliberales que, en materia de seguridad y política criminal, son transversales a los últimos gobiernos provinciales”.
El organismo, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se encuentra interviniendo frente a estas situaciones.
“Próximos a cumplir 40 años de democracia sin interrupciones, sigue pendiente la tarea de desarmar prácticas y sentidos en la actuación de las fuerzas de seguridad donde anidan los discursos del odio, el autoritarismo y la violencia. El Estado es el gran ordenador y productor de sentidos y valores rectores de la sociedad. Es imprescindible profundizar los procesos democratizantes en las instituciones, donde día a día se producen y reproducen la violencia y la injusticia”, alertan, y reclaman:
“Por eso, además de modificarse las políticas, los funcionarios deben combatir esta cultura institucional y no alentarla.