Por Néstor Espósito | La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció que el ex presidente Mauricio Macri, sus hermanos y otros herederos de Franco Macri, chicanean las notificaciones judiciales en una causa en la que el objeto procesal es declarar la nulidad del fallo que lo desvinculó de los Panamá Papers.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, advirtió sobre “la notoria imposibilidad de efectuar avances procesales en la causa” que fue promovida por el organismo hace dos años, el 13 de octubre de 2020. Ese expediente, que tramita ante un juzgado civil de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo “que se deje sin efecto la sentencia que el 20 de septiembre de 2017 decidió que Macri, entonces presidente de la Nación, desconocía integrar los directorios de dos sociedades offshore (Fleg Trading Ltd. y Kagemusha S.A.)”, que fueron consignadas en la información desclasificada por un consorcio internacional (y selectivo) de periodistas en el marco del escándalo internacional conocido como Panamá Papers. Mientras en el mundo cayeron líderes de países y fueron detenidas personas bajo cargos de evasión tributaria y fraude fiscal, en la Argentina Macri fue exculpado porque la supuesta responsabilidad en su aparición en sociedades off shore fue de su padre, el fallecido Franco Macri, quien lo incluyó en ellas sin su conocimiento ni consentimiento. Eso, al menos, dicen las resoluciones judiciales.
Ante la presunción de que esas afirmaciones pudieran ser falsas, la IGJ promovió una acción judicial en el fuero Civil número 14, a cargo del magistrado Federico Causse, y quedó registrada bajo el número 47.463/2020.
“Se trata de una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta”, explicó Nissen. ¿Nulidad de qué? De una sentencia anterior, dictada por el juez Andrés Guillermo Fraga el 20 de Septiembre de 2017, que atribuyó toda la responsabilidad por la inclusión de Mauricio Macri en los Panamá Papers a su padre, Franco.
Mauricio aparece en el directorio de Fleg Trading Ltd., con sede en Bahamas, y Kagemusha S.A., radicada en Panamá. Pero para el juez Fraga, ello fue obra del accionar de su padre, quien lo incluyó “sin el consentimiento ni el conocimiento” del ex presidente.
“Mauricio Macri no fue socio, ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd.; no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia; aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd. para el que fue designado por Francisco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar”, sostuvo el juez. En relación con la otra empresa off shore, Kagemusha S.A., el fallo sostiene que Mauricio Macri “no aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha S.A., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad; y, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución”.
Es decir que el Presidente argentino formaba parte del directorio de dos empresas off shore y no lo sabía.
Mauricio Macri afrontó (es una forma de decir) también una causa penal, por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. Pero fue sobreseído el 27 de Octubre de 2017 por Elizabeth Paisán, quien por entonces era jueza subrogante en el fuero penal de la Capital Federal. Dos semanas después, Macri firmó el decreto por el que Paisán fue designada jueza titular.
En las causas civiles por lo general es la contraparte la que notifica a su adversario en el expediente. En el caso de la demanda de la IGJ contra el ex presidente y su familia, tal notificación no se pudo hacer efectiva. Ocurre que el jefe de la oposición dice que no vive donde todos los medios afirman que efectivamente vive.
“La cédula dirigida a Mauricio Macri en su domicilio de la Localidad de Acassuso, provincia de Buenos Aires (dejada para su diligenciamiento el 21 de junio de 2022 en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de San Isidro) recién tiene fecha de salida el 12 de julio de 2022, y fue devuelta por el oficial notificador, quien en el acta circunstanciada respectiva manifestó haber sido “atendido por personal de seguridad/custodia policial, la cual me manifestó que si bien la propiedad pertenece al requerido, el Sr. Mauricio Macri, el mismo no se domicilia en la actualidad en el lugar, además me informó que por el momento la vivienda se encuentra deshabitada y que ellos sólo están para resguardar/proteger la propiedad no estando autorizados a recepcionar ningún tipo de documentación de índole legal dirigida al requerido”, explicó la IGJ.
Algo similar ocurrió con el resto de los familiares: cédulas que no son diligenciadas o se pierden, domicilios desconocidos, calles sin nombre ni numeración y la respuesta de “ya no vive aquí” son las causales de que a dos años de iniciado el proceso judicial los seis demandados ni siquiera estén notificados formalmente del expediente.
Los seis demandados son Mauricio Macri, Mariano Macri, Gianfranco Macri y Rodrigo y Franco Valladares Macri, Alejandra Macri y Florencia Macri. “Los domicilios reales de los codemandados han sido informados –en respuesta a lo solicitado por IGJ en tal sentido– por el propio Juzgado interviniente, que extrajo dicha información de los juicios sucesorios de Francisco Macri”. Es decir que para el juicio sucesorio los seis declararon un domicilio real en el que, para el juicio por los Panamá Papers, no se los puede ubicar para notificarlos de la existencia del expediente.
Ante la dificultad de la notificación personal, la IGJ pidió que se les permitiera notificarlos en los domicilios procesal o electrónico que figura en el expediente sucesorio. El 3 de octubre pasado, el juzgado rechazó la petición.
“Todo lo señalado evidencia que Mauricio Macri, y sus operadores jurídicos, dificultan eficazmente el servicio de administración de justicia aplicado a las investigaciones de sus sociedades offshore. La sumatoria de eventos que contribuyen al estado actual de estancamiento procesal de la causa mencionada, revela una diversidad de prácticas y estrategias espurias puestas en marcha para obstruir el normal funcionamiento de la justicia”, resumió Nissen.
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Néstor Espósito: @nestoresposito