Redacción Canal Abierto | Iván Torres Millacura, de 26 años de edad, fue detenido en la noche del 2 de octubre de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia por un patrullero, del cual se bajaron tres agentes de policía. Luego, fue llevado a la Comisaría Seccional Primera. Esa fue la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero. Antes de esta detención, el joven ya había sido detenido por policías, golpeado y amenazado; esta era una práctica habitual de los agentes frente a los pibes pobres o en situación de calle.
A 19 años de la desaparición de Iván no se ha determinado lo sucedido, castigado a los responsables y no se ha roto el pacto de silencio policial que impera en el caso. La familia debió llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres y ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido”.
Esta mañana, en el Archivo Nacional de la Memoria con sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), se llevó a cabo una audiencia en la que el Estado argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tuvo que dar explicaciones ante funcionarios de la CIDH y ante la familia de Iván, representada por su madre María Millacura Llaipén, la hermana del joven, Valeria Torres, y su abogada Alejandra Gonza, representante de Global Rights Advocacy, de los avances en la investigación de la desaparición de Iván.
"No tengo nada. Solo bronca tengo", dice María la madre de Iván Torres Millacura, desaparecido por la policía de #Chubut hace 19 años. "El Estado debe asumir estos 40 años de desapariciones en democracia", sostiene Alejandra Gonza de @Advocacy_GRA. pic.twitter.com/xHa63SSWTk
— Canal Abierto (@canalabiertoar) October 25, 2022
“Sólo bronca, espero que haya respuestas, porque yo no tengo nada en este momento. Sólo bronca tengo y desazón”, sostuvo al salir de la audiencia María Millacura, lo que informó el Estado fue que no se avanzó en ningún sentido.
“El Estado ha hecho un reconocimiento de que incumplió el deber de búsqueda de Iván Torres y que nada ha sido eficaz para lograr que hoy estemos hablando de adónde está Iván Torres con las respuestas concretas que requieren estos 19 años de impunidad. Es evidente que no vamos a encontrar, en el marco de la Justicia, la búsqueda que se requiere, por lo que solicitamos que se incorpore a la búsqueda de Iván un grupo de expertos independientes del Estado que en el plazo de seis meses nos otorguen un plan integral de búsqueda”, explicó la abogada Alejandra Gonza a Canal Abierto.
“Planteamos una reunión al más alto nivel político que resuelva disponer que la Procuraduría General de la Nación tome las riendas en la creación de una unidad fiscal –real, seria, con recursos económicos y humanos– para asumir lo que son 40 años de desapariciones forzadas en democracia y, en particular, la investigación, búsqueda y sanción a los responsables, de todos los que estuvieron involucrados en la desaparición de Iván con las responsabilidades policiales en la provincia de Chubut”, sostuvo Gonza.
La Corte Interamericana ordenó que se busque a Iván, que se investigue y se sancione a todos los responsables y se determine la verdad de lo acaecido con el joven, entre otras medidas de reparación.
La desaparición de Iván
Iván Torres, al que los policías despreciaban por “ser chileno”, se encontraba esa noche en la calle con amigos. Por un momento, se quedó solo cuando estos fueron a ayudar a las empleadas de una heladería a ingresar al negocio un castillo inflable, tarea que realizaban habitualmente y les era retribuida con un helado. Antes de entrar, los jóvenes vieron un patrullero de la Seccional Primera y cuando salieron, pocos minutos después, Iván ya no se encontraba allí. Un testigo, luego asesinado en dependencias policiales, fue testigo de la detención y castigo sufrido por Iván.
Iván desapareció en el 2003 en un contexto de violencia y hostigamientos de la policía de Chubut que pretendía “limpiar” el centro de Comodoro Rivadavia maltratando a los pibes en situación de calle o que deambulaban por la ciudad.
“La desaparición de Iván no se da en una burbuja sino en un plan comprobado y sistemático de hostigamiento, torturas, desapariciones y asesinatos de chicos jóvenes en circunstancias socioeconómicas desfavorables en una provincia con una policía sumamente violenta. La Policía de Chubut tiene, como mínimo, 28 desapariciones forzadas registradas. Está claro que estamos hablando de una institución que tiene que ser llevada a que tenga responsabilidad integral”, contextualiza Gonza.
La investigación de la desaparición de Iván, nunca caratulada por la Justicia ni el Estado provincial como “forzada”, estuvo plagada de irregularidades y demoras. En el transcurso, seis testigos claves fueron asesinados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a Argentina a exigir respuestas al Estado por las deficiencias en la investigación y en la búsqueda. A 19 años de la desaparición de Iván no se ha determinado lo sucedido, castigado a los responsables y no se ha roto el pacto de silencio policial que impera en el caso. Todas las políticas públicas estructurales de memoria, verdad y justicia están diseñadas para atender las desapariciones forzadas de la dictadura, pero son impotentes para sentar a un comisario en el banquillo.
“El Estado argentino niega los desaparecidos en democracia. ‘No existen, no son un fenómeno, no son un problema sistemático, no es lo mismo que la Dictadura’, sostienen, perpetrando el carácter continuado de este delito a través de la negativa. Mientras, este Estado que se presenta como líder mundial en las políticas de memoria, verdad y justicia respecto a los desaparecidos de la dictadura, ni siquiera ha usado los conocimientos y la experiencia que ha obtenido en la difícil tarea de llevar al banquillo a los militares para, ahora en democracia, llevar al banquillo a las policías represivas y violentas que nos desaparecen y matan a los jóvenes. Es una deuda enorme”, señala la abogada.
“Por qué los esfuerzos de las políticas de verdad, justicia y reparación llegan hasta 1983”.