Redacción Canal Abierto | En el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en el galpón de la firma Iron Mountain, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de las 17 personas imputadas.  

El 5 de febrero de 2014, ocho bomberos (Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli, además de sus colegas Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del cuartel Vuelta de Rocha) y dos agentes de Defensa Civil (José Méndez y Pedro Barícola) murieron apagando un incendio intencional donde varias empresas sospechadas de delitos financieros guardaban documentación.  

Si bien la causa venía sufriendo un aparate hace meses, en los últimos días la Justicia confirmó el procesamiento de 12 funcionarios porteños, entre ellos, la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010.  

También están en la mira el entonces jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers. 

Los camaristas además ratificaron el procesamiento de Gastón Laugle y Esther Moroni, responsables en ese momento de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Y de los inspectores Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papanicolau. 

De la firma Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, sobre quienes pesa un embargo por 20 millones de pesos cada uno; y Oscar Godoy, responsable de vigilar el depósito cuando ocurrió el incendio. 

Los jueces además revocaron el sobreseimiento de un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA.  

Las víctimas 

“Gente de la Policía Federal me dijo la noche del velatorio que el incendio había sido intencional. Al principio se habló de cuatro focos, pero luego las pericias determinaron que fueron seis”, relata Gerardo Conesa. Su hermano Eduardo era bombero federal. Trabajaba 24 horas por 48 de descanso, que dedicaba a la asociación voluntaria de Lanús Oeste, cuyo cuartel lleva hoy su nombre. 

Como Sebastián Campos, Eduardo Conesa era chofer, pero aquel 5 de febrero procuró ingresar por la puerta de Jovellanos para ayudar. Había llegado con la segunda dotación de federales junto a Maximiliano Martínez y Matías Monticelli. En la primera arribaron el comisario inspector Leonardo Day, jefe del operativo, Anahí Garnica -primera subinspector bombero de la historia argentina-, y Damián Véliz. Todos murieron aplastados. 

“Mi cuñada, como la mayoría de los familiares, acordaron una indemnización con una aseguradora. Iron Mountain estaba muy interesada en eso”, sostiene Gerardo.  

Con el de Barracas, Iron Mountain lleva incendiados en el mundo siete depósitos. La Justicia comprobó que los de Londres y Ottawa, al menos, fueron intencionales. En Buenos Aires, la planta de Azara tenía seis pedidos de clausura recomendados por inspectores del Gobierno de la Ciudad. El excarapintada, amigo personal del presidente Mauricio Macri, Juan Gómez Centurión, estaba por entonces al frente de la Agencia Gubernamental de Control, pero nunca ordenó cerrarlo. 

También te puede interesar: “Duele la inacción judicial y la indiferencia del Gobierno”

Además de los siete bomberos, murieron bajo los escombros Pedro Barícola y José Méndez, de Defensa Civil. Las hermanas Liliana y Patricia Barícola recogieron testimonios presenciales y aseguran que Pedro y José debieron haber estado a media cuadra del lugar donde los encontró la muerte, ocupados en el abastecimiento de agua, perimetraje, registro de nombres y toma de posiciones. Pedro murió de inmediato. Patricia lo reconoció en la televisión. 

“Guillermo Montenegro (por entonces ministro de Seguridad porteño, ahora intendente de Mar del Plata) se acercó al velatorio a decirnos que se haría cargo de todo pero nunca se hizo cargo de nada”, relata Patricia. 

Cuando a dos años del siniestro un cronista de Canal Abierto asistió al homenaje a los caídos en la Superintendencia de Bomberos, la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “No somos enemigos; somos el Estado nacional y les exigiremos rendición de cuentas a los empresarios que hicieron cosas mal, como en este caso”. 

¿Quién se hace responsable? 

Pocos días después del primer aniversario, la fiscal subrogante Marcela Sánchez informó que los peritajes de la Policía Federal y el INTI determinaron que el incendio había sido provocado. Se encontraron, entre otros elementos, aceleradores químicos que llevaron la temperatura del fuego de los 100 a 1200 grados. Se confirmó que los rociadores no expulsaron suficiente agua y que las columnas carecían de revestimiento ignífugo. La investigación, no obstante, fue puesta en duda meses después por otro peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional.  

Los bomberos y técnicos consultados por este medio aseguraron que en un incendio una pared difícilmente cae hacia el lado externo. Los abogados, en tanto, informaron que Iron Mountain despidió semanas antes del hecho a los bomberos de guardia que la ley exige tener las 24 horas. Y que el sereno, Oscar Godoy, desoyó las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero. 

En diálogo con Canal Abierto, el especialista en materia de seguridad y hoy embajador en Ecuador, Gabriel Fucks, aseveró que los organismos de control del Gobierno de la Ciudad detectaron quince irregularidades en las plantas de Iron Mountain durante los ocho años previos al incendio. Una le valió en mayo de 2007 la clausura del galpón en Villa Lugano. 

Fucks recuerda que luego de los fatídicos sucesos, la legislatura de la Ciudad realizó durante un año nueve pedidos de informe a Gómez Centurión, suscriptos incluso por los hoy diputados de Cambiemos Paula Oliveto y Daniel Lipovetzky. Primero el funcionario respondió, en la informalidad, haber extraviado el expediente sobre los controles en Iron Mountain y su habilitación. Recién luego de que la Justicia dictaminara la intencionalidad del siniestro, el Gobierno de la Ciudad respondió la solicitud de la Legislatura. 

En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, ministro de Producción entre 2015 y 2019 y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y más tarde funcionario del Ministerio de Trabajo. 

“En la propagación del incendio ha incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, declaró una vez la fiscal de la causa, Romina Monteleone. 

El trasfondo 

A pedido de la Comisión Nacional de Valores, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014 que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso. 

Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas. 

La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local. 

Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella asegura que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, reveló. En total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes. 

Existen más elementos para sostener que en Iron Mountain no hubo un accidente. Que alguien provocó el incendio en busca de un objetivo que, seguramente, no fue la muerte de diez personas. Es probable que haya habido un interés detrás de la destrucción de esa información. 

También te puede interesar: Barracas, el lugar donde ardieron las culpas

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico