Por Pablo Bassi | Este martes se cumplen cinco años de la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil bajo los escombros del galpón de Iron Mountain en Barracas. El laberíntico proceso judicial ha registrado un significativo avance en marzo pasado, cuando el juez de Instrucción Pablo Ormaechea procesó y embargó con hasta 17 millones de pesos a seis exfuncionarios del gobierno porteño, dos inspectores, un sereno y a los cinco hombres que componen la cúpula de la empresa multinacional en la Argentina, encabezada por el gerente general y cara visible, Guillermo Lockhart.

“Nosotros entendemos que la responsabilidad de Iron Mountain no se agota en estas cinco personas, sino también en autoridades regionales y mundiales; por ello pedimos su llamado a indagatoria”, dijo en diálogo con Canal Abierto Javier Moral, uno de los abogados querellantes.

Moral sustentó el pedido tras la declaración testimonial de los empresarios ante la fiscal Romina Monteleone. Según el abogado, la filial se considera parte de un organigrama mundial con 500 sedes y altos estándares de seguridad que trascienden los protocoles locales. A pesar de ello, llevan al menos siete incendios registrados en el mundo y dos se revelaron intencionales.

Aferrada a un acuerdo económico que familiares de las víctimas firmaron con Iron Mountain a los pocos meses del incendio, la defensa intentó impedir que Ricardo Martínez, papá de uno de los bomberos muertos, fuese firmante de la solicitud patrocinada por Moral.

Esa decisión está ahora en manos de la Cámara de Casación Penal que, si finalmente entiende que Martínez puede querellar, le pasará la pelota a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, la que deberá resolver si los directivos regionales de Iron Mountain deben comparecer ante la Justicia argentina.

“Más allá de los tiempos de la Justicia -dice Moral- me da tranquilidad saber que la Cámara del Crimen estableció que el delito no prescribe”.

“Duele la inacción judicial y la indiferencia del Gobierno”

Para procesar a los directivos de Iron Mountan, el juez Ormaechea se basó en los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes”, indicó el magistrado.

También se encontraron restos de acelerantes, se comprobó que la alarma de incendio fue desatendida en varias oportunidades, que los planos eran inexactos, que no había suficiente reserva de agua ni llave que habilitase el acceso al agua de la calle.

Por la responsabilidad que le cabe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ormaechea procesó también a los funcionarios dependientes de Juan Gómez Centurión en la Agencia Gubernamental de Control durante la segunda gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. Entre ellos Rafael Roldan, Gastón Laugle, Esther Moroni y Luis Cogo. También Luis Chapar, quien reemplazó a Gómez Centurión al frente de la Aduana cuando fue apartado por el presidente Macri acusado de corrupción en 2016, y Vanesa Berkowski, que debió renunciar tras pedir coimas a locales nocturnos.

La lista de Ormaechea siguió con los inspectores Félix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld y Alberto Daniel Graciani. El magistrado procesó además a Oscar Godoy, el sereno empleado de la empresa Segurplus, sobre quien recae la sospecha de omitir las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero.

En una entrevista con Canal Abierto, el defensor adjunto de la Ciudad, Gabriel Fucks, asevera que los organismos de control del Gobierno de la Ciudad detectaron quince irregularidades en las plantas de Iron Mountain durante los ocho años previos al incendio. Una le valió en mayo de 2007 la clausura del galpón en Villa Lugano.

Fucks recuerda que luego de los fatídicos sucesos, la legislatura de la Ciudad realizó durante un año nueve pedidos de informe a Gómez Centurión, suscriptos incluso por los hoy diputados nacionales de Cambiemos Paula Oliveto y Daniel Lipovetzky. Primero el funcionario respondió, en la informalidad, haber extraviado el expediente sobre los controles en Iron Mountain y su habilitación. Recién luego de que la Justicia dictaminara la intencionalidad del siniestro, el Gobierno de la Ciudad respondió la solicitud de la Legislatura, que el Defensor adjunto calificó de “contradictorias”.

En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, exministro de Producción y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la Ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y hoy funcionario del Ministerio de Trabajo.

Como informó Canal Abierto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014, a pedido de la Comisión Nacional de Valores, que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.

Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas.

La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local.

Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella aseguró a este medio que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, reveló. En total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.

 

Foto: REUTERS/Enrique Marcarian 

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