Redacción Canal Abierto | Con un duro documento conjunto, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y dos corrientes de la CGT – la Corriente Federal y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA)- expresaron un sólido apoyo al proyecto de resolución presentado en Diputados por iniciativa del presidente Alberto Fernández para iniciar un juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El texto comienza señalando que “La arbitraria e ilegal sentencia en favor de la CABA que firmaron los actuales integrantes de la Corte en perjuicio del federalismo, afectando fuertemente a las provincias argentinas, es la muestra clara de un accionar en favor del PRO y la alianza Juntos por el Cambio, como representantes de los grupos concentrados de poder de nuestro país”.
“A ello se suma la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura –continúan- por parte de la CSJN, colocándose Horacio Rosatti como Presidente de dicho órgano. Además arrogándose funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas. Reviviendo una ley derogada, modificando a su gusto la integración del organismo y desconociendo resoluciones de las cámaras de Senadores y Diputados, haciendo caso omiso incluso a fallos de tribunales inferiores”.
“Esto no es novedad, esta Corte dio previamente sobradas muestras de su falta de idoneidad y mal desempeño. En el año 2017 pretendieron poner un freno a los avances en materia de derechos humanos, en los cuales nuestro país es vanguardia a nivel mundial, avalando el beneficio denominado como 2×1 para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad. En aquella oportunidad fue el pueblo movilizado masivamente en las calles quien evitó lo que hubiera sido un brutal retroceso en materia de DDHH”, denuncia el escrito sindical.
En materia de derechos laborales, las centrales obreras señalan que el máximo tribunal “actuó también en sentido regresivo en cada oportunidad que pudo hacerlo, contrario al principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitando el derecho de huelga, desconociendo la relación de dependencia de trabajadores contratados, cercenando reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, reduciendo indemnizaciones por accidentes laborales, e incluso llegando al punto de considerar prescripto el reclamo de un crédito laboral originado por crímenes de lesa humanidad”.
“Otro tanto han realizado con la Obra Social del Poder Judicial, con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje al interior hacia trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pago, falta de autorización en tratamientos y tantos otros desmanejos sin control ni auditoria alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados y afiliadas, dañando de esta manera un derecho fundamental”, agregan.
Por último, los trabajadores resaltan: “Por todo ello respaldamos el juicio político a la Corte Suprema para defender la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y los derechos humanos, convencidos de la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente del poder económico y al servicio del pueblo”
El proyecto de resolución fue presentado recientemente en la Cámara de Diputados por impulso del presidente Alberto Fernández a partir del escándalo conocido como “los chats del lawfare”, en el que se conocieron diferentes intercambios de mensajes entre funcionarios de Cambiemos, gerentes del Grupo Clarín, fiscales, jueces, empresarios y asesores del máximo tribunal que desnudaron una connivencia ilegal para el manejo de la estrategia política contra el gobierno Nacional, además de negociados y armado de estrategias mediáticas para ocultar la corrupción.
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“Necesitamos una justicia que garantice derechos y no que persiga a quienes nos organizamos”
En ese marco, el Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, se manifestó en relación al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.
“En relación a la democratización del Poder Judicial hay planteos que venimos haciendo desde hace muchísimos años: primero por el carácter clasista, si uno se fija los condenados generalmente son de los sectores más vulnerables, los más pobres de nuestra sociedad”, indicó el dirigente.
“Vemos una avanzada hace muchísimos años con la criminalización de la protesta –continuó-. La justicia se está encargando de transformar lo que son legítimas acciones gremiales en extorsiones, por la cual tenemos miles de compañeros procesados. Entonces en lugar de resolver aquello que reclamamos, judicializan nuestras luchas.”
“Como clase trabajadora nos movilizamos por el salario, por las medidas económicas, o rechazamos las migajas que quieren dar en el Consejo del Salario y planteamos que hay que reestructurar la política económica en Argentina; entonces también creemos que la democratización de la justicia y el juicio político de la Corte es un tema de la clase trabajadora”, remarcó el dirigente.
“Son los sectores más concentrados del poder quienes precisamente mueven los hilos de todo el sistema judicial hoy en nuestro país para evitar la administración de justicia, por eso es tan clara la necesidad de una reforma judicial, que es algo que venimos planteando desde hace años y el juicio político es un paso muy importante en ese camino. La justicia debería ser garante de esos derechos, no estar persiguiendo nuestras luchas”, sintetizó Peidro.
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