Por Néstor Espósito | La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó una nueva supuesta irregularidad en el “fideicomiso ciego” que pergeñó el ex presidente Mauricio Macri para la administración de su patrimonio mientras duró su mandato al frente de la primera magistratura.

El organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen reconstruyó una presunta maniobra que le permitió a Macri (a través del fideicomiso) cobrar una suma superior al millón de dólares de una sociedad que durante dos ejercicios arrojó pérdidas. Y en la que, además, ningún otro accionista obtuvo beneficio alguno.

Incluso un fallo judicial de la Cámara en lo Comercial –un tribunal habitualmente amable con los intereses del ex presidente y su familia- consideró que el manejo accionario había sido irregular, pese a lo cual avaló el producto de tal ilegalidad.

Según la IGJ, la sociedad “AGRO G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA” junto con otras (“María Amina SA”, “4 Leguas SA” y “Arrocera del Guayquiraró SA”) fueron aportadas por Macri al “Fideicomiso Ciego de Administración”, en circunstancias contemporáneas al estallido internacional por los “Panamá Papers”,  en 2016, albores del gobierno de Cambiemos.

El fideicomiso se constituyó en mayo de 2016 y tuvo vigencia hasta febrero de 2020, después del final del mandato de Macri.

La IG reportó que “los bienes que aportó Macri al Fideicomiso fueron participaciones accionarias minoritarias de una sociedad de familia, así como participaciones en otros fideicomisos y absolutamente nada más. El administrador o fiduciario no fue un organismo estatal o una ONG de reconocido prestigio o solvencia moral, sino una nueva sociedad anónima cerrada, constituida por escribanos muy allegados al dueño de los bienes aportados al fideicomiso. Además, las acciones fideicomitidas aportadas por el ex presidente de la Nación oscilaban entre el quince y veinte por ciento del capital social de dichas sociedades, y en las cuales, atento el carácter de entidades familiares, no se distribuían jamás dividendos y sus directores renunciaron todos los años a percibir sus honorarios”.

En ese singular escenario,  “AGRO G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA” registra entre su documentación que Macri se incorporó en 2007, adquiriendo el 15 por ciento de acciones. La sociedad “nunca había distribuido dividendos entre sus accionistas”, pero ello cambió el 3 de septiembre de 2013, cuando Macri ya era jefe de gobierno porteño y preparaba su salto a la presidencia de la Nación.

“Se celebró una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, en la cual se aumentó el capital social de la suma de pesos 11.700.000 a la suma de pesos 16.764.983, con la particularidad de que las 5.064.938 acciones emitidas como consecuencia de ese incremento, tuvieron el carácter ‘acciones preferidas’, esto es, acciones con privilegios patrimoniales, que fueron suscriptas exclusivamente por el Ingeniero Mauricio Macri, con renuncia de los restantes accionistas a suscribir proporcionalmente las mismas”, sostuvo la IGJ.

“Las nuevas acciones y su único titular –Mauricio Macri- no fueron inscriptos en el Libro de Acciones de la sociedad como titulares de esas acciones preferidas y el aumento del capital social que justificó la emisión de las mismas tampoco fue inscripto en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia. No obstante ello, durante los años 2017/2019, la sociedad ‘Seguridad Fiduciaria SA’, en su carácter de fiduciaria y administradora de los bienes aportados al ‘Fideicomiso Ciego de Administración’ (que administraba el patrimonio del entonces Presidente), y quien era la titular fiduciaria de esas acciones preferidas, percibió en carácter de dividendos la suma de 54.286.824 pesos, que fueron reintegrados a Macri cuando se extinguió el contrato de fideicomiso ciego, el 11 de Febrero de 2020”.

En cualquier escenario insospechado de ilegalidad, se habría tratado de una excelente inversión. Pero la IGJ destacó que “durante los ejercicios 2017 a 2019 la sociedad Agro G arrojó pérdidas en dos de ellos y en el restante, las ganancias fueron transferidas a una cuenta del patrimonio neto, sin distribución alguna a favor de los restantes accionistas de dicha sociedad”.

Sólo Macri resultó beneficiado por la sociedad. Dice el reporte de la IGJ: “El único socio que retiró dividendos en esos períodos fue el titular de las 5.064.938 acciones preferidas, esto es, la sociedad ‘Seguridad Fiduciaria SA’, en carácter de fiduciaria del Ingeniero Mauricio Macri”.

Esa fue una de las múltiples actividades del Fideicomiso Ciego que cuestionó la IGJ. De hecho, no sólo adoptó decisiones administrativas sino que llevó el caso ante la Justicia en lo Comercial. Por una de esas circunstancias casuales que suelen abundar en el Poder Judicial, el expediente recayó en la Sala C de la Cámara. La IGJ recordó que “ese Tribunal admite el ingreso irrestricto de sociedades constituidas en Delaware (EEUU) por ciudadanos argentinos, para desarrollar actividades en la República Argentina, en las cuales sus integrantes son las mismas personas humanas que eran sus anteriores accionistas controlantes de la sociedad nacional a la cual pasaba a integrar la sociedad off shore luego de adquirirle a sus propietarios las acciones que eran titulares que, se reitera, eran los mismos integrantes de la sociedad de Delaware”.

El 6 de septiembre de 2022, el tribunal admitió que la IGJ “tuvo razón en declarar la ineficacia e irregularidad del aumento del capital del 3 de Septiembre de 2013, así como la emisión de las 5.064.938 acciones preferidas, reconociendo que en esa asamblea se habían violado normas de orden público, como aquella que prescribe que todas las acciones de una misma sociedad anónima tenían que tener el mismo valor nominal”.

No obstante, avaló los dividendos pagados al fideicomiso que administraba el patrimonio de Macri. En otras palabras, la emisión de acciones no debió haberse producido, no fue legal. Sin embargo, el tribunal avaló lo que se derivó de ese acto reputado de ilegal. “Si la emisión de dichas acciones fueron declaradas inválidas, mal puede avalar la legalidad del pago de dividendos al titular de las mismas, ocurrido varios años después de su antijurídica emisión”, explicó la IGJ.

El organismo –que depende del Ministerio de Justicia- exhortó a Agro G que “adopten las medidas necesarias para obtener el reembolso de la suma de pesos 54.286.824 que dicha sociedad había abonado al titular de las acciones preferidas entre los años 2017/2019, crédito que, debidamente actualizado asciende hoy a la suma de pesos 409.595.550,09 – equivalente a la suma de U$S 1.092.254,80”.

Además, impulsó la designación de una suerte de interventor/contralor de la sociedad. Pero el 14 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la feria judicial de verano, la jueza María José Gigy Trainor rechazó el planteo y, con ello, la posibilidad de iniciar las acciones judiciales de reembolso de ese dinero. Dicho de otro modo, la sociedad rehusó recuperar más de un millón de dólares y el Poder Judicial nada tuvo para decir sobre ello.

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Néstor Espósito: @nestoresposito

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