Redacción Canal Abierto | En el marco de una campaña nacional de malnutrición, se recabaron datos de barrios populares de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años.
La misma fue llevada a cabo por promotores de salud previamente capacitados en la detección de malnutrición, técnica de antropometría y percentilado de índices según recomendaciones del Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría.
“Los resultados obtenidos hablan de una malnutrición global del 48,6%, que alcanza su pico entre los 6 y los 10 años, con fuerte predominio de la malnutrición por exceso, llegando el sobrepeso a un 20,9% y la obesidad al 24,5%. Esto muestra niveles superiores de malnutrición con respecto a los estudios realizados antes de la emergencia sanitaria COVID-19. Estos datos, en el contexto de índices alarmantes de inseguridad alimentaria, obligan a repensar las políticas alimentarias de manera focalizada en los sectores más vulnerables”, señala el informe.
La investigación encarada por la Universidad Popular Barrios de Pie surge como una respuesta a uno de los problemas más acuciantes en los barrios populares. “El impacto de la situación nutricional repercute profundamente en el crecimiento, desarrollo y salud integral en todos los aspectos. La dificultad para el acceso al sistema sanitario en la mayoría de los barrios populares conlleva la necesidad de crear estrategias desde la organización comunitaria para garantizar el derecho a la salud”, dicen.
A su vez, aducen que la falta de estadísticas acerca de la situación nutricional de niños y adolescentes más humildes impide generar políticas públicas efectivas y eficaces para abordar la situación. “Los indicadores son el punto de partida para contar con información confiable para analizar nuestra realidad, interpelar y poner en discusión estrategias de intervención para modificar la inequidad que se naturaliza en el ámbito alimentario, proponiendo soluciones a problemas concretos”.
La causa
En esta línea, la licenciada en Nutrición Miryam Gorban, referente y militante latinoamericana en materia de soberanía alimentaria, plantea: “En nuestro país el problema alimentario no está vinculado con la disponibilidad de alimentos, sino con su accesibilidad física y económica. Es decir, que el problema está relacionado con el precio de los alimentos, el poder adquisitivo y la capacidad de compra de las personas o familias. La concentración de las actividades de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos en pocas empresas o grupos empresariales influye inevitablemente en la formación y especulación del precio de los mismos, impactando negativamente en los pequeños comercios de cercanía, en la situación de la agricultura familiar y finalmente en los consumidores. A su vez, el aumento de los precios de los alimentos incide negativamente también sobre los salarios, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Cuanto mayor es la proporción que utilizamos para la compra de alimentos por el aumento de su precio, menor es la proporción que nos queda para satisfacer otras necesidades y deseos”.
Un problema en aumento
La situación en torno a la calidad de la alimentación y la inseguridad alimentaria ha aumentado en los últimos años. Según la UCA, en 2018 habían empeorado los indicadores de inseguridad alimentaria severa, escalando de 17,4% en 2010 a 40,0% en ese año. Al mismo tiempo, refiere que en ese mismo año el 7,8% de los niños carecían de todos los nutrientes esenciales en su dieta habitual.
Además, el efecto de la pandemia produjo un aumento de 4 puntos porcentuales en la inseguridad alimentaria entre 2019 y 2020, aunque –según el informe- se evidencia el efecto protector de las políticas alimentarias, en particular la Tarjeta Alimentar.
“En nuestro país, en el año 2020 el 26,8% de los hogares padecía inseguridad alimentaria, y el 11,4% la padecía en forma severa. Además, en un estudio propio de este año, se detectó una caída del consumo de carnes, lácteos, frutas y verduras entre un 42% y 50% aproximadamente en familias de barrios populares, mientras que aumentaba el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos. En este mismo informe se destaca un 88% de inseguridad alimentaria en estas familias, donde incluso en el 23% de los hogares algún niño dejó de tomar alguna comida por falta de recursos”, agregan.
Ya lo advertía la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe de 2021: “Los múltiples riesgos e incertidumbres tienen un efecto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables y con mayor inseguridad alimentaria del mundo, que se encuentran en primera línea frente a múltiples perturbaciones y episodios de tensión.”
Según su informe, en 2020, 768 millones de personas en el mundo padecían hambre, y en Argentina, el 35,8% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria, que empeoró de forma alarmante en los últimos años.
En la ciudad más rica…
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el relevamiento se realizó en diez barrios populares: Barracas, Bajo Flores, Cildañez, Fraga, Villa Soldati, Villa Lugano, Ciudad Oculta, Pirelli, Retiro y Piedra Buena. Entre agosto y septiembre de 2022, relevaron a 179 familias y 1752 chicos y chicas de CABA que concurrieron a distintos espacios comunitarios.
La investigación reveló que la malnutrición afecta al 54,6% de niños, niñas y adolescentes de los barrios populares de la ciudad más rica del país. El índice aumenta al 61% entre los 6 y los 10 años. Además, el estudio estipula que 9 de cada 10 familias temen en poco tiempo no poder alimentarse por falta de recursos.
Mientras, un 58% aseveró que tuvo que achicar las porciones de las personas adultas de la familia, el 45% debió hacerlo también con sus niños y niñas. El 49% afirmó que al menos un adulto dejó de realizar alguna de las comidas diarias y en uno de cada 3 hogares esta situación alcanzó también a las infancias.
Soluciones
Para los investigadores, el panorama es “alarmante” y debe ser atendido de manera integral. “Para comenzar, es necesaria una prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, sustento de la Prestación Alimentar y los refuerzos de alimentos a los espacios comunitarios. Hoy más que nunca esta política cumple un rol clave para garantizar un plato de alimento en la mesa de millones de familias. Pero también es necesario aumentar la cobertura a los mayores de 15 años y diseñar políticas específicas que aborden la situación de la juventud, principal víctima de la pobreza y la indigencia en nuestro país”, sostienen.
Al mismo tiempo, listan otras medidas para frenar la problemática:
- Es fundamental revertir la fuerte transferencia de recursos que significa el aumento indiscriminado e injustificado del precio de los alimentos.
- Aplicar herramientas existentes como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas a fin de evitar las maniobras especulativas y la cartelización del sector alimentos.
- Congelamiento de precios de los alimentos que amenazan, inflación mediante, en seguir aumentando los niveles de indigencia.
- Aumento de suma fija para los trabajadores y medidas que produzcan un shock distributivo para las familias en situación de indigencia.
- Gravar un impuesto especial a los formadores de precios de alimentos mientras dure la emergencia alimentaria.
- Reforzar las iniciativas y empresas de alimentos de la economía popular, fuente genuina de organización con principios solidarios y no especulativos, que puede ser una fuerte alternativa a una cada vez más concentrada industria de los alimentos.
- Fortalecer circuitos alternativos de distribución y oferta de los alimentos, facilitando y promoviendo las ferias y mercados de proximidad de productores y MiPyMEs sin intermediarios directamente en los barrios.
- Crear una Empresa Nacional de Alimentos que sea capaz de articular y potenciar estas políticas.