Redacción Canal Abierto Radio | Hace una semana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó que el Gobierno nacional compró cien pistolas Taser destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país.
Dicha compra se concretó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de estas armas, adquiridas en 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich.
Ante esta situación, gran parte de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra de su uso, aduciendo que se trata de “instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física”.
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Al aire de Canal Abierto Radio, Juliana Miranda, integrante del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, comentó: “Las armas de descarga eléctrica son armas que se conocen como menos letales, porque está estudiado y documentado que pueden producir efectos agresivos y discapacidades permanentes, y que también hay ocasiones en los que pueden producir casos de muerte. La experiencia internacional en general, la de Estados Unidos con casos conocidos, nos enseña que hay muchos casos donde esas armas se aplican de formas que no son acordes a los estándares, por ejemplo las que las Naciones Unidas han emitido respecto de su utilización y que en muchos casos puede producir la muerte”.
En esta línea, agregó: “Las Naciones Unidas han emitido lineamientos a los cuales las policías de todos los países se deberían adherir y adecuar su uso, por ejemplo que no se pueden aplicar descargas eléctricas de más de cinco segundos, que no se pueden aplicar sobre personas que ya han sido arrestadas ni sobre personas en situaciones vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores, o incluso sobre aquellas con problemas de salud mental, que estén bajo efectos del alcohol o estupefacientes”.
En cuanto a las iniciativas que se han manifestado para llevar la prohibición de estas armas a la Justicia, Miranda destacó: “Han existido en la Ciudad y en la Nación distintos intentos. En Argentina existe la Red Argentina para el Desarme y distintas formas en las que la sociedad civil se ha movilizado para alertar sobre estos usos, sobre todo el uso indebido de estas armas, no sólo sobre las taser. Lo que es importante es que esto derive en un debate más amplio sobre el tipo de uso de la fuerza que hace la policía, a qué está realmente autorizado a hacer y lo que efectivamente vemos en la práctica. Muchas veces se observa que este uso no se adecúa a esos estándares que las policías conocen y que ya reciben en la formación reglamentaria, que por cierto debería fortalecerse a la luz de lo que estamos viendo últimamente”.
Por otra parte, la integrante del CELS relacionó la compra de estas armas con la “superinflación del sistema de seguridad” que se viene dando en muchas partes del mundo y que no sólo se asocia a gobiernos de derecha. “La idea de si esto pudiera haberse evitado o no con este tipo de armamentos no es el foco, en realidad lo que no estamos discutiendo es que en realidad se agrega nuevo armamento y se ponen más armas en circulación. Esto efectivamente está sucediendo en muchos países y nos preocupa”, señaló.
A su vez, remarcó: “Algo que no sabemos es cuál sería el régimen de portación de estas armas. Hay muchas cosas que nos se discuten y sobre las que la ciudadanía no está al tanto. Hay muy poca transparencia en cuanto a estas cuestiones sobre adquisición de armamento, cuáles son las vías de actuación, si la posesión sería las 24 horas o si las depositarían en una armería al finalizar el horario de servicio”.
En este sentido, subrayó: “No sólo es necesario fortalecer los sistemas de control, tanto a nivel administrativo que dependen del Ministerio de Seguridad, sino también de la Justicia, y también fortalecer qué es lo que sabemos, qué registros se hacen sobre estos casos de uso de arma de fuego y de armas menos letales. Hay muy poca transparencia con respecto a eso”.
Consultada sobre si hay alguna situación o fuerza en los que sí es conveniente usar este tipo de armas, Miranda explicó: “De acuerdo a los estándares que establecen desde Naciones Unidas, la policía sí tiene que tener las herramientas, capacidades y entrenamiento para hacer un uso gradual de la fuerza. El uso de la fuerza no empieza con un arma, empieza con la presencia policial, el uso asertivo de la voz y otras cuestiones que también hacen a esa gradualidad. Es necesario que la policía sí tenga las herramientas como para hacer un uso profesional de la fuerza. Eso no quita que muchas veces esas armas se usan de forma inadecuada, por ejemplo para dispersar manifestaciones en el caso de las balas de goma o de los gases lacrimógenos. Pero esta suma de armamento no se acompaña con más entrenamiento y prácticas. Eso nos da muchas dudas con respecto a cuál es la política del Ministerio de Seguridad en esta cuestión”.