Por Diego Leonoff | Un incendio iniciado el miércoles, poco después de las 15, afectó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez, lo que produjo varias fallas –incluida la interrupción de la central de Atucha- en el sistema interconectado y el corte masivo de electricidad en gran parte del país.
A las pocas horas, el secretario Legal y Administrativo del ministerio de Economía, Ricardo Casal, aseguró estar convencido de que el fuego que provocó el apagón «fue intencional». El propio Sergio Massa presentó la denuncia que ya está en manos del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.
El carácter intencional detrás de los incendios es el gran secreto a voces que hace años recorre las provincias argentinas, y que sólo resuena en la Ciudad de Buenos Aires y despachos gubernamentales cada vez que el humo llega al Obelisco o, como en este caso, deja a medio país sin luz.
Los objetivos son siempre los mismos: renovar los pastizales, desmalezar residuos secos que se generan durante otoño e invierno, pero también con el propósito de ampliar la frontera sojera, minera, hidrocarburífera e inmobiliaria.
Al igual que el año pasado, cuando ardieron más de 800 mil hectáreas, el fuego continúa asediando distintas regiones de Corrientes. “El 90% son intencionales”, confirmó días atrás Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de la provincia del noroeste argentino. Y así podríamos escribir párrafos y párrafos, recorriendo cada uno de los distritos afectados (como sucedió en el Parque Nacional Los Alerces durante casi todo el verano).
Hace aproximadamente dos años, al calor de los dramáticos incendios del 2020, el Congreso argentino aprobó una serie de modificaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Entre otras cosas, prohibía la venta de terrenos quemados intencionalmente en plazos que van de 30 a 60 años.
Sin embargo, las llamas y el humo no cedieron. Tampoco hubo grandes avances en las causas judiciales para esclarecer sus responsables. En una entrevista con este medio, el diputado nacional Leonardo Grosso, señalaba a “una Justicia que hace lo de siempre: defender los intereses de los poderosos y no cuidar los bienes comunes”.
En su discurso durante la última apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández remarcó la agenda ambiental del Gobierno y pidió avanzar con Ley de Humedales, una iniciativa que ya cuenta con un triste historial de tres pérdidas consecutivas de estado parlamentario y múltiples cajoneos en mesa de entradas.
Los humedales son ecosistema donde habitan diversas especies, patrimonio cultural y medio de vida para diferentes poblaciones. Se estima que en nuestro país hay más de 600 mil kilómetros cuadrados amenazados por actividades humanas como las que estarían detrás de estos incendios.
Pocos días atrás en Acceso Oeste, a la altura de Ituizaingó, un camión derramó la sustancia tóxica que transportaba y por la madrugada se prendió fuego, provocando evacuaciones y bomberos y familias con problemas respiratorios. Según se pudo conocer, se trataba de Cletodim, un agrotóxico de grado 3 utilizado como herbicida, que “puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias”.
El siniestro fue noticia por su espectacularidad y cercanía con la ciudad más rica del país, pero pasó casi inadvertido el contenido y destino de su carga, así como también los cotidianos efectos de la misma sobre las poblaciones que viven próximas a los campos fumigados. Aún no se pudo confirmar si la empresa transportista cumplía o no con protocolos adecuados para el traslado de este tipo de productos.
A fines de 2022, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró un informe con los impactos del uso de agrotóxicos en la salud y el ambiente en Argentina, y las problemáticas de su aplicación en sectores periurbanos. Según detalló, en las 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos, lo que ubica a nuestro país en la cima del ranking mundial.
A todo esto, el 1 de febrero asumió como jefe de asesores presidencial Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta. El hasta hace poco máximo ejecutivo para América Latina de la multinacional de capitales chinos que hoy controla el 60% del mercado de semillas transgénicas en la Argentina y lidera la venta de agroquímicos, respalda la Ley de Agroindustria, la modificación de la Ley de Semillas y la implementación del “dólar soja” como una respuesta al mercado, entre otras cosas.
Las principales ganancias de Syngenta en nuestro país surgen de la venta de Atrazina, prohibido en 37 países; Paraquat, prohibido en 72 países; y Glifosato, categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos.
De todos modos, no todo es agronegocio en este coctel extractivista. Por ejemplo, en febrero de este año la provincia de Catamarca confirmó un derrame de ácido por el vuelco de un camión de la empresa Livent, que opera la mina de litio del Salar del Hombre Muerto en el departamento Antofagasta de la Sierra. Por si faltaba algo, se supo que la firma contaba con múltiples denuncias por subfacturación y defraudación al Estado.
Los días 22 y 31 de enero se registraron sismos en zonas cercanas a Añelo, el corazón de Vaca Muerta, la meca de la producción petrolera no convencional, ubicada a 104 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén. Javier Grosso y Guillermo Tamburini Beliveau, científicos del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) informaron del primer registro de este tipo de fenómenos en el área de Vaca Muerta en lo que va del 2023.
A fines de noviembre del año pasado se filtró la noticia de que el barco BGP Prospector -el elegido por la empresa noruega Equinor para realizar exploraciones sísmicas en el Mar Argentino– cambiaba su destino y en vez de recalar en Argentina, como estaba previsto, redirigía su curso hacia las costas de Surinam.
Todo parecía indicar que se trataba de la marcha atrás definitiva de un proyecto que contaba con el aval del gobierno nacional, el rechazo de buena parte de los vecinos de las ciudades de la costa atlántica y una cautelar vigente que alertaba sobre los riesgos de la iniciativa.
Sin embargo, en plena feria judicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dio un nuevo giro al asunto e hizo lugar a un reclamo de la empresa que terminó por voltear la medida preventiva y habilitó la exploración a manos de Equinor e YPF a tan sólo 300 kilómetros de las costas bonaerenses.
Son sólo algunos ejemplos y consecuencias de un extractivismo que día a día envenena, expulsa y amenaza poblaciones, y que en esta oportunidad dejó a buena parte del país sin servicio eléctrico. Quizás sea el momento de reflexionar sobre la viabilidad de este modelo… antes que de sea demasiado tarde.