Redacción Canal Abierto | Con su fallecimiento a los 96 años, el empresario Carlos Pedro Blaquier se suma a la lista de responsables de la represión ilegal en el marco del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico miliar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 cuya muerte garantiza su impunidad.
Su caso es el emblema del término cívico que en las últimas décadas se agregó a la consabida dictadura militar. En las causas judiciales en su contra se aportaron numerosas pruebas de la colaboración de Ledesma -monopólica en la producción de azúcar-, que prestó instalaciones, vehículos y personal para la desaparición de personas en el territorio de Libertador General San Martín de Jujuy.
Pablo Pelazzo fue fiscal ad hoc en la causa por la llamadas Noches del Apagón y representó a querellas de familiares de desaparecidos en otras causas. Consultado por Canal Abierto, sostuvo que “Ledesma es una empresa que definió la estructura económica de la provincia. No se puede pensar Jujuy, su estructura económica y lo que eso implica sin analizar el rol de la empresa Ledesma en términos legales o en términos penales. Fue junto, con la mina El Aguilar, las empresas que tuvieron un rol importante en lo que tiene que ver con la participación de civiles pertenecientes al empresariado en los delitos cometidos por la dictadura”.
En cuanto a la simbiosis entre la empresa y la dictadura, Pelazzo afirmó que “el hecho de que el golpe de Estado haya tenido como fin inmediato fundamental reordenar el modo de acumulación de riqueza a nivel nacional y en paralelo, y como parte de ese plan, el disciplinamiento de los trabajadores y de los sindicatos que se oponían a ese modelo económico que se impuso desde el golpe en adelante, se puede pensar que si la dictadura tenía un fin económico, es claro que benefició a las empresas que formaron parte de ese proyecto”.
“La dictadura hubiera sido lo mismo en todo el país -señaló además el abogado-, en tanto y en cuanto existieron en distintas ramas de la economía empresas que fueron parte del proyecto económico de la dictadura y que a partir de los cambios producidos por el golpe se beneficiaron hegemonizando la rama económica en la cual se desarrollaban. Hablemos de siderurgia, hablemos de este agroindustria o hablemos de otras ramas de la economía donde podemos tener casos emblemáticos como Ford, Mercedes Benz, Acindar o Las Marías. Hay también otros casos más chicos, menos emblemáticos pero no por eso menos graves, como es en Salta La Veloz del Norte”.
Blaquier fue procesado en 2012 por la Justicia Federal acusado de secuestros y desapariciones que ocurrieron en las llamadas Noches del Apagón, en julio de 1976. Este procesamiento fue revocado en marzo de 2015 por la Cámara Federal de Casación Penal, quedando en la Corte Suprema la responsabilidad de atender las apelaciones. Recién lo hizo en 2021, cuando con firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, un fallo estableció que Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa contra Blaquier.
“Yo creo que es importante a partir de este hecho pensar en los tiempos de la Justicia. A partir de la confirmación de los procesamientos en el año 2013, esta causa estaba en condiciones de ir a juicio con posterioridad esa fecha. Hoy, diez años después, nos encontramos con una situación que de hecho imposibilita que se vaya a juicio y se pueda definir esa situación, que había quedado con una confirmación de los procesamientos de la Cámara de Apelaciones de Salta”, concluyó Pelazzo.