Por Gladys Stagno | En el marco de una corrida cambiaria contra el peso, las voces que ponen el eje en la fragilidad del Gobierno y la necesidad imperiosa que tiene de fortalecerse frente a la embestida reflotan una vieja estrategia de la que han echado mano distintos presidentes, desde Arturo Umberto Illia hasta Mauricio Macri.
Se trata de la emergencia cambiaria, una medida por la cual el Banco Central tiene la potestad de vender o no dólares, con el objetivo de preservar reservas.
Idas y vueltas históricas
La historia de la emergencia cambiaria data del 10 abril de 1964, cuando con el Decreto 2.581 el gobierno de Illia determinó que, a partir de esa fecha, “el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales” al igual que las provenientes del cobro de fletes y pasajes, seguros y comisiones, reembolsos de capitales, rentas de inversiones y derechos de autor, entre otras, deberían ingresarse al país “y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente”.
De igual manera, sostenía que los pagos de importaciones con financiación a plazo “que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, deberán ser previamente justificados ante el Banco Central”.
En otras palabras, obligaba al sector privado a financiarse para pagar importaciones y a los exportadores a liquidar sin dilaciones.
Hablar de esta medida en tiempo pasado es un error, porque el Decreto 2.581 aún existe, aunque ha sufrido distintas modificaciones a lo largo del tiempo.
La emergencia cambiaria —como repasa el economista Alejandro Barrios— existió hasta 1991. Luego se derogó y fue reestablecida, crisis mediante, en diciembre de 2001.
La herramienta estuvo vigente y sirvió para administrar divisas y garantizar estabilidad durante los gobiernos completos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y volvió a ser derogada recién durante el macrismo, en 2017.
Sin embargo, fue el propio Macri el que decidió restituirla en septiembre de 2019 (con el Decreto 609, de vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año) cuando la fuga amenazaba con colapsarle el gobierno.
La asunción de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, se dio en el marco de una herencia que, se sabía, condicionaría todo su gobierno: la deuda en dólares con el FMI más importante de la historia argentina, contraída por su antecesor. Su pago al organismo internacional requeriría un desembolso en dólares millonario y la incapacidad de tomar decisiones completamente soberanas sobre la política interna.
En ese escenario, Fernández firmó el Decreto 91 el 27 de diciembre de 2019, que modifica el artículo 1 del Decreto 609, donde figuraba la fecha límite de vigencia. En su lugar, restableció el del decreto de Illia. Desde entonces y aunque no esté siendo usada, la ley de emergencia cambiaria continúa vigente.
Crecimiento, reservas y especulación
Con la salida de la pandemia la economía comenzó a crecer y los grupos exportadores, a especular.
En los últimos tres años, la Argentina tuvo el mayor superávit comercial de la historia: 35.000 millones de dólares. Sin embargo, las presiones de estos grupos —con el agropecuario a la cabeza— han disparado el precio del mercado paralelo (e ilegal) al generar una contracción de divisas negándose a liquidar sus ventas al exterior, y forzado la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, con la consiguiente pérdida de reservas. Otra gran parte del saldo en dólares se fue en el financiamiento de importaciones y en la cancelación de deudas privadas, además de los pagos al FMI.
Desde entonces, voces como la del economista e integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) Horacio Rovelli se vienen alzando para pedir que se eche mano de la emergencia cambiaria para detener la sangría.
En la misma línea, Claudio Lozano, ex director del Banco Nación y precandidato a Presidente por Unidad Popular en el Frente de Todos, asegura que, hay 4.500 millones de dólares acumulados y retenidos de las exportaciones agrarias de la campaña anterior, y que “tendrían que existir mecanismos para garantizar que sean ya mismo liquidados al Banco Central”.
Para él, el camino a seguir incluye “decretar la emergencia cambiaria para reforzar el control sobre mercado de divisas” en este contexto de escasez, y “aplicar de manera agravada la Ley Penal Cambiaria (Ley 19.359) para penalizar los comportamientos especulativos”.
“En el marco de la coyuntura electoral y las declaraciones irresponsables de la oposición asistimos a la evidencia del fracaso de la política de la subordinación al FMI y de concesión a los dueños de la soja —agregó—. Ni el sobrecumplimiento de las metas absurdas de un FMI que promovió un verdadero shock inflacionario, ni las concesiones del Soja 1, 2 y 3, falazmente presentados como Programas de Incremento Exportador, han sido otra cosa que la concesión y el premio a los que especulan con la venta, exportación y liquidación de las divisas procedentes de la principal fuente de divisas del país”.
Los datos que sostiene Lozano se pueden expresar en cifras. En su reporte de 2022, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina informó que la actividad agroindustrial registró una facturación récord de casi 60.000 millones de dólares, el 67% del total de las exportaciones argentinas.
Por su parte, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma acaba de publicar un informe en el que asegura que la escasez de dólares y sus consecuencias se deben a la especulación en la liquidación de divisas por parte de los grupos líderes de la producción agropecuaria, cada vez más concentrados.
Ilustración: Marcelo Spotti