Redacción Canal Abierto | Las loas sobre Vaca Muerta no dejan de aumentar en los últimos años. La meca del fracking, el nuevo El Dorado para las empresas petroleras y para políticos sin mayores ideas que ver cómo se administran las crisis una tras otra, comprando falsas soluciones de caros asesores y acumulando capas cada vez mayores y más profundas de pobreza estructural en un territorio de sacrificio que va extendiendo sus fronteras.
Descontando las consecuencias ambientales y sociales en la región –actualmente los yacimientos en actividad se encuentran en Neuquén, con centro en la localidad de Añelo–, muchos señalan hacia la formación geológica como la piedra de salvación para los problemas macroeconómicos del país. La posibilidad que se abre de revertir la balanza comercial del sector energético, dejar de importar gas licuado y generar divisas merced a la exportación de hidrocarburos que abre la construcción del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) –que permitirá llevar el gas a Brasil–, dibuja un panorama prometedor para equilibrar la balanza de pagos y para el puñado de empresas con intereses en la región, si es que el país que conocemos como Argentina llega a trasponer la frontera del 10 de diciembre.
Pero esta supuesta panacea no es gratuita y es el Estado nacional quien subvenciona la actividad energética, directa e indirectamente. “Los subsidios económicos para la energía vienen en aumento desde 2017, y en 2021 alcanzaron un total de $1.113.391 millones, un 115% más que en 2020. Además, se sigue evidenciando una preferencia por destinar mayores fondos a los subsidios económicos antes que a los gastos de infraestructura. Entre los subsidios a la energía vinculados a la explotación de combustibles fósiles también se observa la prioridad que reciben las grandes empresas hidrocarburíferas antes que los consumidores”, plantea Guillermina French, integrante del equipo de investigación de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) en el informe “Los subsidios a los combustibles fósiles 2021-2022”.
Según datos del Presupuesto Abierto, en 2021 el total de los subsidios a empresas hidrocarburíferas fue de $111.637 millones (USD 1175 millones), lo que representa una suba del 145% en pesos y del 82% en dólares en comparación con 2020. Este monto de subsidios a la oferta, es decir a la producción de hidrocarburos, equivale al 0,2% del PBI.
“Con el fin de promover las extracciones de gas para el abastecimiento interno y el ahorro de divisas (al evitar importaciones de energía) el Estado Nacional otorga subsidios económicos a las grandes empresas hidrocarburíferas del país. Inicialmente los programas apuntaban a la explotación de petróleo y de gas, para luego hacer foco en el gas y el gas no convencional de Vaca Muerta. En la actualidad, se otorgan a través del plan Estímulo a la Producción de Gas Natural, conocido como Plan GAS.Ar”, explica French en comunicación con Canal Abierto.
“El pago de estos subsidios se realiza con dinero del Estado Nacional en dos cuotas. La primera, cubre el 75% de lo que declaran las empresas haber invertido, y el saldo se desembolsa una vez certificada esa declaración. Según se filtra en algunos medios de comunicación, el Estado le adeudaría a las empresas pagos no realizados de 2021 y 2022, y estas esperarían poder usar ese crédito para cancelar obligaciones impositivas”.
Las principales empresas beneficiadas por este caudal de fondos públicos en 2021 fueron Tecpetrol (grupo Techint), que recibió el 46% de los subsidios. Le sigue la empresa público-privada YPF con un 15% del total, y luego la Compañía General de Combustibles (CGC, del holding América liderado por Eduardo Eurnekian) con el 14%. Entre estas tres compañías embolsaron el 75% del total de los subsidios a la oferta.
“Según el presupuesto nacional del año 2023, los subsidios a la oferta serían de $150.000 millones. Y estos desembolsos no son los únicos beneficios que reciben las empresas, también tienen regímenes diferenciales de divisas, o el desarrollo por parte del Estado Nacional de infraestructura para la comercialización de los combustibles fósiles (gasoductos, por ejemplo). A su vez, reciben el apoyo de instituciones como el FMI, que sigue promoviendo la explotación de Vaca Muerta”, explica la investigadora.
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Los subsidios y el FMI
En marzo de 2022, el gobierno argentino negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo programa de facilidades extendidas que otorga un plazo de gracia de cuatro años y medio para empezar a pagar la deuda contraída por Mauricio Macri y “el mejor equipo en 50 años” con el stand-by por U$S 45.000 millones de 2018.
Entre otras “facilidades”, el acuerdo insta a continuar con los subsidios que benefician a las empresas hidrocarburíferas (como el Plan Gas). Mientras, presiona por la disminución de los subsidios a la demanda, lo que se traduce en un aumento del costo que pagan los consumidores. El fin de estas medidas, aseguran, es incrementar las exportaciones para estabilizar la macroeconomía y generar excedentes para el pago del crédito.
En el afán de favorecer la producción y exportación de hidrocarburos el gobierno nacional no sólo subsidia a las petroleras, también ha creado regímenes especiales de acceso a las divisas para las empresas del sector que incrementen la extracción un 20% en proyectos petroleros y un 30% en los de gas, tomando como base el año 2021.
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La inversión estatal en combustibles fósiles y las hidrocarburíferas “planeras”
Para seguir impulsando la actividad extractiva hidrocarburífera, conducir el gas de Vaca Muerta hacia el centro y norte del país y exportar los excedentes en un futuro no muy lejano, se avanza con la obra de infraestructura del GPNK. El costo estimado de esta obra para el Estado Nacional es de 220.584 millones de pesos que en parte se financiaron con el denominado “Aporte Solidario y Extraordinario para Morigerar los efectos de la Pandemia” (Ley 27.605), más conocido como Impuesto a la Riqueza. Según se informa en el sitio oficial del GPNK, la disponibilidad presupuestaria para esta megaobra es de 441.000 millones de pesos.
Para su construcción, a la licitación para la primera compra de tubos se presentó solo Tenaris SIAT, empresa perteneciente al Grupo Techint, dejando afuera a empresas chinas interesadas en participar de la obra y de su financiación, debido a los plazos licitatorios ¿o a una licitación hecha a medida para el maxikiosco de Paolo Rocca?
[mks_toggle title=»*Los tubos de Tenaris» state=»open»]Se trata de tubos con costura de 36 pulgadas de diámetro y 12 metros de largo. En total para la construcción de la primera etapa del GPNK se utilizaron 48.000 y demandaron 12.000 viajes en camión, a razón de 4 por envío, desde la planta de Valentín Alsina hacia los distintos centros de acopio dispuestos en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.[/mks_toggle]
Los subsidios a la oferta fueron vehiculizados a través de diferentes “planes” de promoción que en 2021 sumaron un total de $111.637 millones, o su equivalente en dólares de 1175 millones. A saber:
- Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas II – Resolución CPyCE del PNIH N° 60/2013)
- Estímulo a la Producción de Gas Natural (Plan Gas III – Resolución CPyCE del PNIH N° 74/2016)
- Implementación del Plan Gas No Convencional (Resolución MINEM N° 46/2017)
- Estímulo a la Producción de Gas Natural (Nuevo Esquema 2020 – 2024)
Retomando un dato del trabajo de FARN mencionado previamente, Tecpetrol –adjudicataria del 46% de los fondos– recibió en 2021 44.210 millones de pesos (equivalentes a USD 465 millones).
Esta empresa subsidiaria de Techint había declarado a la Secretaría de Energía inversiones para 2021 por USD 187,97 millones y recibió subsidios por más del doble de lo que prometió invertir. En sus Estados Financieros de 2021, la firma declaró un resultado del ejercicio por $44.167 millones, valor muy similar al que recibió la compañía por parte del pueblo argentino para la realización de actividades hidrocarburíferas.
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¿Y la transición energética?
Mientras el Gobierno continúa estimulando –financiando– la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, incumple los compromisos climáticos firmados en el Acuerdo de París: alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050 y no superar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2030.
Lejos de avanzar hacia una transición socioecológica justa sustentada en energías limpias, renovables y seguras, el Estado subsidia y financia la profundización de la matriz energética fósil y relega el desarrollo de políticas públicas que promuevan la desfosilización.
Este medio consultó a Guillermina French sobré cuáles son las vías de estímulo que hay desde el Estado Nacional para favorecer las energías renovables:
“Existe la Ley Nº 27.191 para el uso de Fuentes Renovables de Energía, que busca impulsar el desarrollo de energías renovables; la Ley Nº 27.424 de Generación Distribuida de Energía que promueve la autogeneración de energía e inyección de sus excedentes a la red. A su vez, está el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que busca apoyar el acceso a la energía en todo el país. El PERMER se encuentra bajo el Programa de Programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, que también tiene actividades como el Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, que recibiría $310 millones, apenas el 0,02% del total de ese programa. En el caso del PERMER, el presupuesto para el 2023 es de $ 3851 millones, lo que representa el 0,26% del Programa, pero el financiamiento proviene del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, parte del Banco Mundial). A su vez, las renovables poseen un régimen de fomento del uso de fuentes renovables de energía que alcanzaría los $17,8 mil millones en 2023, sin embargo, la minería recibe un beneficio tres veces mayor”.
“A pesar de que existen incentivos –amplió la experta–, no son abordados de forma integral, están desarticulados. No hay una política pública que consolide una visión estratégica que apunte a un genuino desarrollo de las energías renovables, en miras de reducir las emisiones de GEI, a pesar de la urgente necesidad evidenciada por la crisis climática, y de los compromisos asumidos internacionalmente por Argentina”.
“El apoyo a empresas de hidrocarburos continúa postergando la transformación energética necesaria. Las medidas de respaldo son cortoplacistas: buscan paliar problemas coyunturales, más que estructurales. Existen alternativas que deben ser pensadas de manera colectiva e integral, para lograr una transición energética que sea justa y nos acerque a los compromisos climáticos”, concluyó French.
[mks_toggle title=»Techint, un capítulo aparte: líderes en recibir subsidios del estado» state=»open»]“El caso de Techint y su integración vertical es para analizarlo en profundidad. Es una empresa que abarca varios segmentos de la industria y/o de sectores fundamentales para un país, como lo son los de la infraestructura o la energía; todo esto, les otorga un importante poder, a nivel de decisores”, explica French.
“En algunos casos, la concentración es tal que pueden llegar a ser los únicos oferentes de determinados rubros, lo que puede afectar las regulaciones y condicionar normativas y decisiones”. Las licitaciones a medida y los cambios en la normativa on demand son moneda corriente.
El grupo Techint se compone de seis empresas madre: Tenaris (tubos de acero y servicios para la industria energética), Ternium (es el mayor fabricante de aceros planos del país y uno de los principales en Sudamérica, controla parcialmente a Usiminas, la metalúrgica más grande de Brasil), Techint Ingeniería y Construcción (servicios de ingeniería, construcción, operación y administración en proyectos complejos de gran envergadura en todo el mundo), Tenova (soluciones para minería y metalurgia), Tecpetrol (exploración, producción y distribución de hidrocarburos) y Humanitas (atención médica de alta complejidad).
Poniendo a Vaca Muerta como ejemplo: Tecpetrol explora y extrae hidrocarburos; Ternium produce y vende los aceros planos a Tenaris que fabrica los tubos de acero para el GPNK que Techint Ingeniería coloca a lo largo de kilómetros desde Añelo hasta Saliqueló. En este entramado no incluimos subsidiarias y contratistas menores que seguramente también controlan, ni a los funcionarios y políticos que ¿condicionados? aprueban las leyes y las licitaciones escritas a medida en las oficinas del Grupo.
Aparte de este poder extraordinario que ostentan a raíz de la integración y concentración mencionadas, reciben otros beneficios extraordinarios como el descripto previamente: en 2021 la subsidiaria Tecpetrol se hizo del 46% de los subsidios que el Estado Nacional reparte para la explotación de gas en Vaca Muerta. Este monto, $44.000 millones, fue equivalente a lo que la firma declaró como resultado del ejercicio de ese año.
“Además, la empresa posee varias empresas ‘cáscara’ radicadas en Uruguay, que se dedican al intercambio comercial y financiero con empresas en Argentina y otros países. En 2021, estas empresas uruguayas ganaron USD 472 millones. Esto es un ejemplo de cómo estas empresas ‘offshore’ están vinculadas a la salida de divisas”, concluye la especialista de FARN.[/mks_toggle]
Foto principal: Alejo Di Risio.