Redacción Canal Abierto | En la primera semana de mayo, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó el juicio oral contra el empresario Alberto Rocchia Ferro, presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, acusado en dos causas en las que se investigan la contaminación del medio ambiente y del agua. Al frente de la Fiscalía General y la instrucción del proceso se encuentran la fiscala Indiana Garzón y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez.
Tanto Rocchia Ferro como José Ramón Coronel, gerente General de la compañía tucumana en el momento del ilícito, fueron procesados según lo postulado en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos que establece una pena de tres a diez años de prisión para quien, utilizando alguno de los residuos referidos en la normativa, “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Según el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Santiago del Estero Pedro Eugenio Simón, los acusados son responsables de derramar más de 80 millones de litros de vinaza (residuo de la producción de etanol) en estado puro provenientes del ingenio La Florida en el canal de drenaje conocido como “Canal del Este”, en octubre de 2012.
También los acusa de un nuevo derrame en enero de 2013 que llegó a afectar un canal pluvial denominado Interprovincial del Este, que atraviesa la localidad del Arenal en el Departamento de Jiménez, también en la provincia de Santiago del Estero, lo que afectó “el curso de agua” y provocó “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”.
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Una industria con la “costumbre” de contaminar
Los Balcanes es una de las empresas azucareras más grandes de la provincia de Tucumán; es propietaria de tres grandes ingenios: La Florida, Aguilares y Cruz Alta. Produce azúcar común, alcohol etílico potable (el nombre técnico es ‘alcohol buen gusto’, de 96 grados; es el empleado en la producción de licores y otras bebidas) y alcohol para combustible (bioetanol).
El grupo empresario compite mano a mano con el gigante azucarero jujeño Ledesma en lo que refiere al volumen de molienda de caña de azúcar, pero mientras que la empresa de la familia Blaquier enfoca su producción en el papel y el azúcar, la de Rocchia se hizo fuerte en la producción de alcohol y bioetanol, combustible renovable que se mezcla con las naftas. En la Argentina, el “corte obligatorio” de los combustibles fósiles con biocombustibles es del 12% para las naftas y del 10% para el gasoil.
También han diversificado su producción incursionando en el mercado energético con las empresas Bioenergética La Florida y COVEMAT S.R.L. que gestiona estaciones de servicio y brinda servicios de transporte y logística con una flota propia de camiones.
El empresario acusado, que preside el grupo, fue reelecto en 2022 como presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), por un período de dos años.
El juicio: ‘Too big to fail, too big to jail’
El fiscal federal de Tucumán Carlos Brito acusó a Rocchia Ferro de haber tenido intervención, como presidente de la compañía, en la contaminación del aire y del medio ambiente “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida”.
“En agosto de 2011 el ingenio vertió efluentes industriales hacia un canal de riego denominado “Este”, que en su recorrido final traspasa a la provincia de Santiago del Estero. Dichos efluentes contenían valores superiores a los permitidos produciendo una contaminación ambiental que implica un riesgo para la salud humana”, explicita el texto de la acusación.
El debate oral del juicio se realiza ante el tribunal compuesto por los jueces Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Mario Martínez. Es interesante señalar que los dos primeros fueron parte del tribunal que el pasado viernes condenó a los empresarios Santiago Daniel Gasep y Luis Alberto Drube, integrantes del directorio del ingenio azucarero La Trinidad, por contaminación con vinaza de la cuenca de los ríos Salí y Dulce.
En la primera audiencia la fiscala Garzón explicó que los derrames no constituyeron eventos aislados, accidentales o inocuos sino que fueron “intencionales y reiterados”. También manifestó que los acusados “omitieron controlar, disminuir o administrar el riesgo que generaba su actividad mediante la acumulación de vinaza, que luego volcaron intencionalmente en canales de riego de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, pese a la existencia de prohibiciones administrativas y de una expresa orden judicial”.
La fiscala remarcó que los acusados estaban en pleno conocimiento del daño ambiental que causaban, para rematar que: “habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados que logre finalmente romper el principio: ‘Too big to fail, too big to jail’, que significa: demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado”, consideró.
El debate oral continuará toda esta semana y, con el antecedente de la sentencia en Tucumán, se puede prever que se pondrá picante.
Foto: Analía Jaramillo, La Gaceta de Tucumán