Redacción Canal Abierto | Ecuador amaneció el miércoles 17 de mayo con un decreto presidencial por el cual se llama a la “muerte cruzada”. Este instrumento constitucional de la Carta Magna ecuatoriana faculta al Presidente, bajo determinadas causales, a desmantelar el Poder Ejecutivo y convocar elecciones anticipadas para completar el mandato. La constitución ecuatoriana pone un plazo de seis meses a partir de esa convocatoria para establecer un nuevo gobierno.
Este mismo miércoles el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones para la primera vuelta en 90 días y 45 días después, en caso de ser necesarias, la segunda vuelta o balotaje.
"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", anunció esta mañana el presidente de #Ecuador, @LassoGuillermo. pic.twitter.com/gcuagr3UYb
— Canal Abierto (@canalabiertoar) May 17, 2023
“En este momento, hay acciones o recursos hechos por diferentes organizaciones políticas y sociales del país reclamándole un posicionamiento a la Corte Constitucional con respecto a si la causal que el Presidente de la República esgrime, para disolver la Asamblea y convocar esta muerte cruzada, es una causal legítima. Eso está en discusión en estas horas”, explica desde Quito, en contacto con Canal Abierto, Decio Machado, consultor y analista político español que desde principios de siglo reside y desarrolla su actividad en el país sudamericano.
“El Presidente de la República justifica su decisión en base al concepto de conmoción social cosa que, para ser sinceros, no existe hoy en el Ecuador puesto que una conmoción social significaría que habría paralización de los servicios públicos, manifestaciones, estarían cortadas las rutas y no habría tránsito. Ninguna de esas circunstancias están sucediendo, por lo menos hasta el momento. Quizás a partir de la convocatoria del decreto de muerte cruzada podría desencadenarse una situación de esas características”.
La “conmoción social” aludida por el presidente Guillermo Lasso quizás era la que amenazaba su permanencia al frente del Ejecutivo si en la Asamblea Nacional se sumaban los 92 votos necesarios para su destitución y censura en el juicio político que el parlamento le seguía. La denuncia es por irregularidades en la firma de un acuerdo comercial de la petrolera estatal Flopec, y cuenta con el testimonio del propio ex gerente general de la compañía, el vicealmirante Johnny Estupiñán, removido de su cargo por el directorio de la empresa precisamente por rechazar el contrato que da origen al proceso parlamentario al primer mandatario.
“El Presidente de la República atravesaba esta semana el juicio político por corrupción que le ha impuesto la Asamblea el sábado. Iba a votarse en el pleno de la Asamblea Nacional su posible destitución. Para ello hacían falta 92 votos de los 137 legisladores. Parece ser que la oposición tenía los votos y el presidente, antes de verse destituido, ha preferido generar este clima de caos y desinstitucionalidad en el país. Ahora mismo, Ecuador se encuentra en un momento tremendamente riesgoso en materia democrática, el presidente tiene la facultad de gobernar durante los próximos seis meses por decretos, lo cual implica que no hay contrapoderes en el país”, describe Machado.
“Los sectores sociales, el movimiento indígena, las organizaciones sindicales, están planteando la posibilidad de movilizaciones en el caso, bastante probable, de que el presidente Lasso intente en estos seis meses aplicar las políticas económicas neoliberales de perfil agresivo que no ha podido aplicar durante los dos años iniciales de su gestión. Es de prever que haya inestabilidad y mucha movilización social, mucho conflicto social en el país en los próximos meses”.
Ayer, al caer la tarde, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un actor central de la vida social y política del país, se declaró en vigilia permanente y demandó a la Corte Constitucional que brinde respuestas y evite el surgimiento de una dictadura, a la vez que exigió respeto de los derechos humanos a las fuerzas armadas y policiales frente a las previsibles movilizaciones y protestas populares.
🔴#ATENCION
La CONAIE, luego de mantener reuniones con sus estructuras regionales @confeniae1, @ecuarunari_ofic y Conaice, emitió un primer pronunciamiento sobre la situación del país y la #MuerteCruzada, decisiones:
1. Convocatoria a asambleas territoriales permanentes e… pic.twitter.com/6UyZRU39Jb
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 17, 2023
Elecciones anticipadas
En estas horas, el analista español señala que el ecosistema político está en permanentes reuniones empezando a configurar lo que serán las listas de candidatos tanto para la Asamblea Nacional como para el binomio presidencial que deben presentar en breve para poder competir en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral.
El correísmo, que en la última elección encabezada por Andrés Arauz anticipaba un triunfo que no conquistó, “a priori, es el favorito para ganar la nueva convocatoria a comicios. Cuestiona la decisión de Lasso pero, en el fondo, es el escenario que ellos querían. De todos modos hay que ver que pasa, no hay tiempos para hacer una campaña, siquiera para cumplimentar los trámites electorales. Todo es muy incierto”.
“En este momento, existe un caos institucional importante en el país. El gobierno tiene una credibilidad, una popularidad, en algunas encuestas por debajo de los dos dígitos, en el mejor de los casos alcanza el 15% de popularidad. Es un gobierno sin legitimidad social y evidentemente esto genera que el decreto de muerte cruzada sea altamente cuestionado por la sociedad y por el conjunto de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales”, sostiene Machado.
“Está por verse qué es lo que sucede en los siguientes días, hay mucha confusión con respecto a esta circunstancia, aunque, de alguna forma, parece que hay un pacto entre poderes fácticos con el fin de justificar esta acción presidencial. Digo esto porque el CNE ya ha puesto fecha y hubo pronunciamientos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional avalando este decreto presidencial y la disolución de la Asamblea Nacional”.
“Por último, el centro de la ciudad de Quito y los entornos de la Asamblea Nacional están tomados por las Fuerzas Armadas para impedir la asistencia de los asambleístas y por otro lado para defender el Palacio Presidencial situado en el centro histórico de la ciudad de posibles movilizaciones populares”, concluye Decio su panorama en la noche ecuatorial de un miércoles “de mierda”, según declara con acento castizo.