Por Néstor Espósito | Presidentes de tribunales de segunda instancia de todo el país emitieron una curiosa proclama en la que le reclamaron a la Jefatura de Gabinete de Ministros que libere las partidas presupuestarias para aumentar los privilegiados salarios que perciben porque, si no lo hace, estará atentando contra la seguridad jurídica y la independencia judicial.
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina salió así al cruce de una decisión política motivada –según el argumento oficial- en una realidad palpable: no hay dinero. Ante un pedido de la Corte Suprema de liberación de partidas presupuestarias para la actualización de los (por lejos) mejores salarios de la administración pública y la recomendación de recurrir al “fondo anticíclico” que desde 2008 acumula plata en el Poder Judicial, la corporación tribunalicia se abroqueló y blandió que la falta de actualización salarial es poco menos que un atentado contra la independencia judicial.
Como si la condición sine qua non para que un juez sea independiente esté atada a su salario. Por contraposición, procede la pregunta: ¿si no les aumentan los sueldos serán menos independientes, acaso “dependientes”?, ¿de quién?
La reacción de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales no fue la primera de la corporación judicial. La semana anterior, el organismo que por definición los representa, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ya se había pronunciado en términos similares. También cacareó con el argumento de “la independencia” y consideró que la negativa a asignarle recursos para actualizar los salarios es una “interferencia” de otro poder del Estado.
La Asociación de Magistrados advirtió sobre el “complejo contexto inflacionario actual” y denunció que para los funcionarios judiciales hay “una situación de tratamiento desigual e inequitativa respecto del sector público nacional”. Ese argumento se repite en el documento de los presidentes de cámaras, pero en ambos casos con una sutil omisión: es cierto que los estatales tienen paritarias y los judiciales no; tan cierto como que los trabajadores estatales están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y los judiciales no. Además, el salario de un empleado de maestranza del Poder Judicial equivale a un sueldo de los considerados “altos” de un médico, un docente o un policía. Ni hablar en la comparación contra otro trabajador de maestranza del sector público. Allí, el principio constitucional de “a igual trabajo, igual remuneración”, no parece preocuparles a ellos, tan celosos guardianes –en algunos temas- de la Carta Magna.
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales emitió el comunicado dejando sentada su postura aclarando que la decisión fue adoptada “por mayoría”. Si bien el documento no aclara quiénes no estuvieron de acuerdo, queda claro que están reconociendo que hubo disidencias respecto del texto final que se dio a conocer. La Junta advirtió que “la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional comunicando su negativa a modificar las partidas presupuestarias a los fines de recomponer los salarios evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial”. Y dejó en claro que le importa nada lo que ocurre puertas afueras de los tribunales: “El orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales”. Una traducción simple de la expresión podría ser “si no tenés plata es problema tuyo; queremos la nuestra”.
No está probado que cuando redactaron el documento alguno de los autores intelectuales se hubiera sonrojado de vergüenza. Tampoco se pudo confirmar que del único diccionario de tribunales hubieran sido tachados los términos “realidad” y “solidaridad”. Sólo se trata de conjeturas, incluso de habladurías.
El documento fue suscripto por representantes de las cámaras en lo Comercial; en lo Criminal y Correccional; de la Seguridad Social; Electoral; en lo Penal Económico; en lo Civil y Comercial Federal; en lo Contencioso Administrativo Federal; en lo Criminal y Correccional Federal y de las jurisdicciones de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta, San Martín y Tucumán. A la hora de proteger sus bolsillos, los jueces hacen un culto del federalismo y la transversalidad.
Hubo disidencias en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; en la Civil; Federal de Casación Penal; Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal; de La Plata y Rosario. Para los conocedores del funcionamiento del Poder Judicial es casi un previsible juego de acertijos establecer qué jueces no estuvieron de acuerdo con vincular salarios con independencia.
El documento afirma que “en un Estado Republicano de Derecho, la autonomía del Poder Judicial integra las garantías fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad, constituyendo un aspecto relevante de esa garantía, la necesidad de asegurar su autarquía financiera”. Por eso, llamaron “a la reflexión y estricto apego a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional a los fines de no alterar el marco institucional necesario para asegurar la función e independencia del Poder Judicial”.
Acaso lo más llamativo del documento es que los jueces expresaron que formulaban su reclamo “perseverando en su inveterada postura en defensa del fortalecimiento de las instituciones democráticas”.
“El orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales, por lo que la independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a diferentes grados de autonomía presupuestaria, ni pueden permitirse interferencias –de cualquier índole- que desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento”.
El Poder Ejecutivo –abundaron- debe liberar las partidas para aumentar los sueldos “a los fines de no alterar el marco institucional necesario para asegurar la función e independencia del Poder Judicial de la Nación”.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
Foto principal: Reunión entre la Corte Suprema y la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales. Abril 2022. Fuente: CIJ