Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria denunció acciones de espionaje realizadas por la policía bonaerense sobre actividades de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos como continuidad de las prácticas iniciadas por la fuerza durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
La denuncia fue hecha en el marco de una nota realizada en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que fue remitida al Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.
Allí se detallan situaciones como el seguimiento y vigilancia sobre el acto de conmemoración por del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se realizó en Balcarce, situación que según el escrito se dio en otras localidades. También se mencionaron actividades de espionaje sobre la “Caravana de la memoria” convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza y sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy, entre otros hechos.
Otro de los puntos que referencian como blanco de este tipo de accionar de la policía bonaerense son organizaciones de familiares y amigos de víctimas de la violencia institucional. En este apartado, destacan lo ocurrido con familiares de la masacre de Monte; de Germán Gómez, el joven que fue encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn; durante una reciente movilización de organizaciones de familiares y víctimas de violencia policial en Avellaneda y durante el juicio realizado en la Universidad de la Matanza por el crimen de Lucas Verón, el joven de 18 años asesinado por dos efectivos policiales en ese distrito.
Las organizaciones remitieron las formas de inteligencia registradas en los últimos tiempos a las de las Bases AMBA, desarrolladas durante el gobierno de María Eugenia Vidal a partir de un convenio del Ministerio de Seguridad bonaerense con la AFI. Esta colaboración generó esas bases en las que trabajaban ex policías de la provincia con otros en funciones y desde las que se realizaban seguimientos de manifestaciones públicas, sociales y sindicales.
Consultado por Canal Abierto, el Secretario de la CPM Roberto Cipriano explicó que “en todos estos hechos empezamos a registrar policías de civil sacando fotos o estando presentes en la actividad. Estamos pidiendo al Ministerio de Seguridad que cesen esas tareas de inteligencia ilegal, porque está expresamente prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia que la policía intervenga en actividades políticas, sociales y sindicales”.
“La policía está para hacer prevención del delito. Y no tienen por qué estar fotografiando como hicieron una asamblea de la CICOP, en un aniversario del 24 de marzo en Balcarce o en Puente 12, donde incluso usaron drones. La verdad que la situación es preocupante porque son conductas que están expresamente prohibidas y la policía las hace con mucha asiduidad y con mucha naturalización también”, agregó.
Respecto a la respuesta que esperan por parte del Ministerio de Seguridad, Cipriano planteó que “habrá que ver qué dice el gobierno, si efectivamente ordena que no se sigan haciendo estas acciones o las siguen haciendo. Pero ahora sí está notificado el Ministro, no puede decir que no está notificado”.
Y detalló que “cuando en algunos casos se interpelaba el comisario y consultándolo por qué estaban sacando fotos, ellos no lo niegan, lo que dicen es que son órdenes superiores que tenemos de hacer esta tarea. Entonces hay que efectivamente identificar si se trata de una política del propio ministerio o es algo que están haciendo las policías en el territorio, un poco por su cuenta, por ese hábito que tenían de hacerlo”.
Otro aspecto sobre el que alertó el funcionario de la CPM es el destino y almacenamiento de esos datos obtenidos por fuera de las normativas vigentes. “No te olvides que nosotros gestionamos el archivo de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense (DIPBA), de la década del 50 al 98. La DIPBA hacía inteligencia política y social de todo el mundo y todo tipo de actividad. Y cuando vino la dictadura, esa fue la base fundamental del aparato represivo del estado. La identificación que había hecho la DIPBA previamente de todos estos activistas y militantes, fue lo que después permitió justamente la persecución de esos militantes, activistas, su presecusión, la tortura, la desaparición forzada”.
“Entonces, de esto que están haciendo. ¿Dónde están almacenando esta información? ¿Para qué la almacenan? La verdad es que debe preocuparnos porque es realmente incompatible con la democracia”, concluyó Cipriano.