Redacción Canal Abierto | Esta semana se presentó el primer informe diagnóstico sobre las condiciones de detención de personas travestis y trans en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires y del ámbito Federal. La investigación fue realizada por OTRANS Argentina, y la Dirección de Diversidad Sexual, financiada por el Fondo Internacional Trans.

Datos duros de la investigación, imágenes y relatos en primera persona, dan cuenta de la situación que esta población sufre en contextos de encierro. “Cualquier persona detenida en la provincia de Buenos Aires está sometida a un régimen de tortura. Es una práctica sistemática y estos años hemos realizado una gran cantidad de denuncias sobre casos de  abusos perpetrados por agentes del Servicio Penitenciario”, comentó el secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano.

La inhabitabilidad, el hacinamiento y la emergencia alimentaria que atraviesa la población carcelaria en general es algo que desde la CPM viene siendo denunciado repetidamente. Desde el organismo reclaman que el Estado provincial intenta implementar contenedores para alojar a personas que hoy desbordan las unidades penitenciarias y comisarías.

Por su parte, la presidenta de OTRANS, Claudia Vásquez Haro, sostuvo: “las identidades travestis y trans sufrimos doble criminalización a través de prácticas vejatorias, tratos crueles e inhumanos, e incluso el abandono y la muerte.

Durante la presentación del informe, Cipriano dio a conocer uno de los casos atendidos por la CPM que configura el grupo de denuncias que llevó a la realización de esta investigación. Una mujer trans ingresó a la unidad penitenciaria con los estudios de enfermedades de transmisión sexual con resultado negativo. Durante el encierro fue abusada por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y contrajo HIV. Esto fue respaldado con nuevos estudios médicos practicados tras la denuncia.

La preocupación por la asistencia a la salud es uno de los ítems trabajados en la investigación. A partir de ello se pudo relevar que para el caso de la provincia de Buenos Aires: el 73,3% (44) padece algún tipo de enfermedad. El HIV-SIDA representa el 59% (26), de las cuales el 92,3% (24) está dentro del Programa Nacional del HIV. No obstante, en relación a la atención general de la salud, el 48,3% (29) afirma haber recibido atención médica en los últimos 6 meses provista por el SPB y el 35% (21) no recibió atención a pesar de haberla necesitado.

En el ámbito Federal, las cifras también son contundentes: el 55,56% (15) padece algún tipo de enfermedad. El HIV-SIDA representa el 73,33% (11), de las cuales el 66,67% (10) está dentro del Programa Nacional del HIV. En relación a la atención general de la salud, el 26,3% (16) afirma haber recibido atención médica en los últimos 6 meses provista por el SPF y el 25,93% (7) no recibió atención a pesar de haberla necesitado.

“Al deterioro de la salud le sigue la falta de profesionales, medicamentos, espacios de internación, acceso a hospitales públicos y tratamientos. Además, la falta de una alimentación adecuada, de dietas especiales o prescritas médicamente, y de contención familiar debido en parte a su condición migrante (86% de las internas), de quienes se espera que provean los medicamentos y elementos de desinfección”, redacta el informe.

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En lo que respecta al acceso al trabajo, su concepción en este contexto se sostiene como un derecho indispensable que incentiva la realización de actividades a cambio de una remuneración económica. Sin embargo, para las mujeres travestis y trans esto no sucede así.

El relevamiento concluyó que esta población carcelaria no recibe remuneración de acuerdo al producto del trabajo. “El concepto de trabajo pasa a ser entendido como explotación o, en muchos casos, a partir de la aplicación de ciertos mecanismos como el trueque que consiste en hacer algún trabajo para poder cambiar algunos bienes o comida”.

La situación económica precaria previa al ingreso a la cárcel o la carencia de un sostén económico familiar hace que el salario que puedan recibir estas mujeres por su trabajo intramuros solvente gastos de alimentación y productos de higiene dentro del penal, o como ingreso económico para los miembros de sus familias.

Además, de acuerdo al informe, las internas deben optar por estudiar o trabajar. “Esto produce un impacto negativo sobre el derecho a la educación, debido a que las necesidades de las detenidas muchas veces se ven forzadas a resignar el estudio. Considerando el aspecto legal, la decisión arbitraria del Servicio Penitenciario Federal, incumple con lo establecido en la Ley de Educación Nacional ya que la modalidad en contextos de encierro debe garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y que el ejercicio del mismo no puede estar limitado o ser coartado”, explica el texto.

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