Redacción Canal Abierto | “Con las modificaciones que se van a hacer en la reforma parcial de la Constitución, si gana las elecciones el oficialismo va a tener mayoría automática en la Legislatura, más allá del porcentaje de votos que obtenga. Es decir: si se gana con el 20, el 25 o el 30%, igual se queda con la mitad más uno en la Legislatura. Entendemos que esto hace un régimen totalitario, porque el Poder Legislativo quedaría subordinado al Ejecutivo. Sería, en los hechos, un cierre de la Legislatura. Es muy grave”.
El análisis de Natalia Morales, constituyente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), describe los pormenores de la reforma constitucional jujeña impulsada por el oficialismo provincial que ha generado marchas multitudinarias en su rechazo en los últimos días y mantiene a la sociedad movilizada.
Y es que, además de la eliminación de la proporcionalidad de representación en el Poder Legislativo en relación a los votos obtenidos en las urnas por cada fuerza, existen otros puntos álgidos que hacen que la oposición y distintos sectores de la sociedad civil hablen de una avanzada totalitaria por parte de Gerardo Morales.
“Esto que describimos, sumado a querer modificar el derecho a votar cada dos años, restringir y criminalizar la protesta con varios artículos, y la prohibición explícita de realizar cortes de calles o rutas hace que se profundice en la provincia un régimen totalitario, donde el Poder Judicial ya está subordinado al Ejecutivo”, explica la legisladora.
Sin ir más lejos, y en vísperas de lo que se vaticina como una enorme movilización popular durante esta semana, el gobierno de Morales modificó el viernes pasado, a través del Decreto Nº 8464, la Ley Contravencional de la Provincia de Jujuy para establecer un sistema de sanciones contra quienes protesten y manifiesten en las calles. De acuerdo al mismo, quienes permanezcan en espacios públicos “alterando el orden” y/o obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, deberán pagar multas individuales de $ 8.798.700, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta dos años si los infractores fueran funcionarios nacionales, provinciales o municipales.
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“Este Decreto implanta un régimen de excepción similar al Estado de Sitio”, manifestó a través de un comunicado el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy. Y advirtió que el mismo viola las garantías constitucionales vigentes en la Constitución Nacional y “afecta el derecho a la Huelga, a la Asociación y a la Manifestación”.
Por su parte, esta mañana en conferencia de prensa, las tres centrales gremiales nacionales anunciaron una masiva movilización para este viernes y denunciaron al gobernador de Juntos por el Cambio ante la Organización Internacional de Trabajo.
Corridos por los tiempos y por la calle
La Convención Constituyente de Jujuy se inició el 22 de mayo pero recién el 1 de junio los integrantes de la misma tuvieron la primera y única propuesta de reforma.
“El reglamento de la Constituyente ya fue antidemocrático: impidió la transmisión en vivo de las transmisiones, se podía sancionar a convencionales constituyentes que atentasen (y quedó muy abierto cómo se podría interpretar eso) contra el funcionamiento normal de las comisiones, e incluso permitió que se votasen todos estos artículos con mayoría simple”, detalló Natalia Morales, en diálogo con Canal Abierto.
Luego explicó que, en este marco, el FIT decidió retirarse de la Convención y rechazó la posibilidad de presentar despachos de minoría, como sí hizo el Partido Justicialista (PJ) por entender que “todo se hizo de forma antidemocrática”.
“Ocho días funcionaron las comisiones sin texto, es decir sin el proyecto del oficialismo, teniendo 90 días de plazo para llevar adelante la reforma; nos censuraron invitados que trajimos a debatir la restricción del derecho a la protesta, entre los que estaban referentes de Derechos Humanos; nos censuraron el uso de la palabra. No vamos a ser parte de la Comisión redactora ni tampoco de la votación y estamos planteando que las fuerzas opositoras se retiren, que no convaliden esta farsa”, sostuvo.
Mientras tanto, desde el oficialismo provincial apuran los tiempos y ya se habla de que la votación sería el 20 de junio, a tono con los plazos de presentación de listas y de los frentes que se vayan a conformar a nivel nacional. “Morales utiliza esto como tribuna y como carta de negociación para la interna dentro de Juntos por el Cambio”, analizó la diputada.
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De igual modo, destacó que la sociedad está movilizada, consecuencia de varios reclamos que se fueron aglutinando tras la convocatoria por el “No a la reforma”.
“Esto empezó de la mano de la lucha de los docentes, que reclamaban por paritarias, pero se fueron sumando los problemas muy sentidos de los trabajadores, de sus familias, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos originarios, que están desafiando a Morales en las calles. El rechazo a la reforma crece —afirmó la legisladora del FIT—. Esto es algo muy profundo. Se ha perdido el miedo e incide en que ellos aceleren los plazos porque están cada vez más condicionados por el pueblo jujeño que está en las calles, no solamente en la capital, sino en las principales ciudades, en pueblos, en comunidades”.
Reforma anticonstitucional
Por otro lado, distintos constitucionalistas aseguran que una reforma de este tipo, que anula el funcionamiento del Poder Legislativo en la práctica, se da de bruces contra la Constitución Nacional, lo que significa que, de ser aprobada, podría ser objetada.
“Varios artículos son anticonstitucionales. Hemos propuesto para estos debates que puedan dar su opinión juristas reconocidos porque muchas opiniones de especialistas dan cuenta de esto. Nosotros estamos apostando a que esto que se expresa en las calles, se pueda desarrollar y profundizar y no se llegue a la votación. Pero, como posibilidad, en caso de que se avance, vamos a continuar esta pelea por la vía judicial”, afirmó Morales.