Por Néstor Espósito | La situación de Venezuela se instaló finalmente en los tribunales argentinos. Tal como anticipó este portal en junio pasado, la denuncia formulada por la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional contra el Estado Venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno que encabeza Nicolás Maduro desde 2014 tuvo impulso fiscal para que se investigue en el contexto del principio de la “justicia internacional”, que la Argentina ha utilizado en otros casos.
En Comodoro Py, los denunciantes señalaron la “falta de independencia del sistema judicial en Venezuela que habría sido incluso comprobada por la Misión de la ONU sobre Venezuela”.
El juez federal Sebastián Ramos, en cuyo despacho recayó la presentación, le pidió opinión al fiscal Carlos Stornelli. Y la respuesta fue positiva: Stornelli elaboró un dictamen de una docena de páginas en las que repasó el tenor de la denuncia y propuso una larga lista de medidas de prueba. Ello significa que “se tenga por efectuado el actual requerimiento de instrucción”. Es decir, impulsó la investigación.
Dicho de otro modo: en los tribunales argentinos se investiga la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Canal Abierto publicó el 15 de junio pasado que “la denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio, quedó registrada con el número 2001/2023, está caratulada como “averiguación de delito” y la encabeza Rosa María Orozco Seijas. Un blog en internet cuenta su historia: ‘El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo. Moreno estuvo hospitalizada desde la noche de aquel 19 de febrero hasta el mediodía del 22 de febrero cuando murió en una clínica de Naguanagua’”.
Además del caso de Moreno Orozco, la denuncia incluía el homicidio de José Alejandro Márquez Fagúndez.
Stornelli reclamó que “se libren exhortos internacionales de cooperación en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia penal de la OEA firmada, ratificada y depositada tanto por la República Argentina como por la República Bolivariana de Venezuela”.
Pero Venezuela se retiró de la OEA y podría invocar esa situación para rechazar la cooperación solicitada en este contexto.
El fiscal Stornelli aclaró que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación”. Pero haciéndose eco de la denuncia, sindicó como “presuntos responsables a los -al menos por entonces- Mayor General Justo José Noguera Pietri, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; General de División José Dionisio Goncalvez Mendoza, Comandante de la Guardia del Pueblo; el General de Brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región Nº 2 de Carabobo; el Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Región N° 2 de Carabobo; el Coronel Ephraín Verdú Torrelles, Segundo Comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo; al Teniente Coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, Comandante del Destacamento Nº 24 de la Guardia Nacional Bolivariana; el Teniente Coronel Carlos Martínez Astudillo, Comandante del Destacamento Norte; el Teniente Luis Amaya Chirino; los Sargentos Segundo José Urdaneta Urdaneta, Jhonny Mallarino Miranda, Luis Reyes González, Jorvy Peñaloza Ramírez y Royer Alejo Durán; y el Sargento Primero Johan Ramírez Hernández”.
Todos son referentes significativos de las fuerzas de seguridad venezolanas. La lista podría estar incluso incompleta, puesto que Stornelli aclaró: “sin que la enumeración resulte taxativa”.
La denuncia habla de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Y aclara: “Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
Sitúa “el ataque de la Guardia Nacional Bolivariana a la población civil que se manifestara en protestas al Gobierno nacional durante aquellos meses del año 2014”. Le adjudica “el carácter de generalizado a partir de la gran escala en la que se dio y la cantidad de personas contra las que se dirigió el ataque: tal ataque fue masivo, frecuente y dirigido contra una multiplicidad de víctimas (sic)”.
¿Por qué Stornelli aceptó habilitar la instancia de la “justicia internacional”? Porque los denunciantes “sostienen que la represión con fuerza excesiva obedeció a una orden impartida desde estratos jerárquicos de la fuerza de seguridad superiores a los perpetradores”. Además, añade la presentación, “habría una negativa por parte de las autoridades judiciales venezolanas a investigar los eslabones superiores de la cadena de mando de la Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno, para uno y otro caso”.
“El aparato estatal ha funcionado con la intención de proteger a los verdaderos responsables, garantizando su impunidad mediante el expediente de juzgar a unos pocos funcionarios de rangos subalternos involucrados en la ejecución exclusivamente material de los crímenes”.
“Geraldine Moreno Orozco y José Alejandro Márquez Fagúndez fueron atacados por la mera circunstancia de haber participado en una protesta contra la política gubernamental, la primera como manifestante, y el segundo por haber intentado grabarla con su celular”.
Entre las diligencias dispuestas por el fiscal aparecen pedidos de informes al Juzgado de Instrucción de Caracas “a efectos de que se requiera un organigrama de la Guardia Nacional Bolivariana al 2014 y del Ministerio o Área de Gobierno de la cual dependiera”.
También informes del Hospital Vargas (donde murió Márquez Fagúndez) y del Hospital Metropolitano del Norte de Naguanagua (por el deceso de Moreno Orozco).
Además, a la Unidad Registro Civil, Medicatura Forense Bello Monte del Municipio Libertador, Distrito Capital y a decenas de jueces y fiscales de Caracas y Carabobo con competencia plena y especializados en Derechos Humanos.
Al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, le pidió “copias certificadas o bien digitalizadas con su correspondiente autentificación de todas aquellas actuaciones relacionadas a las muertes de Geraldine Moreno Orozco y José Alejandro Márquez Fagúndez en el mes de febrero de 2014”.
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Néstor Espósito: @nestoresposito