Por Néstor Espósito | Sólo el cinco por ciento del gasto público ejecutado en lo que va del año, según la Ley de Presupuesto, corresponde a “administración gubernamental”, eso que –en el marco de la campaña electoral- los sectores más rancios de la derecha denominan “el Estado” y reclaman airadamente su achicamiento a machetazos.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización estrechamente vinculada con las políticas públicas y especialmente con el Poder Judicial, difundió su último trabajo de análisis sobre la ejecución del Presupuesto Nacional en lo que va de 2023.
El “gasto” del Estado es sensiblemente menor al que representa la deuda: entre “Servicios Económicos” y “Deuda Pública” consumen el 27 por ciento del presupuesto.
El reporte muestra, sobre la base de datos estadísticos oficiales del Ministerio de Economía, una situación de ajuste. Entre el primer semestre de 2022 y 2023, sostiene el informe, “el gasto total cayó un 7,8 por ciento en términos reales”.
¿Y en materia de Justicia?
ACIJ aclaró que “no hay información suficiente para analizar la inversión estatal en la garantía del derecho de acceso a la justicia”. En ese contexto, en lo que va de 2023 se lleva ejecutado el 60 por ciento de lo previsto para la Defensoría General de la Nación y el 62 de la Procuración General. No hay otros datos, por ejemplo sobre el presupuesto que ahora administra en su totalidad la Corte Suprema, desde que por un autovoto Horacio Rosatti se erigió también en presidente del Consejo de la Magistratura y unificó en una sola cabeza el manejo de la voluminosa masa de dinero asignada a los tribunales.
Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (que es un área política, no el Poder Judicial) se lleva ejecutado el 52 por ciento de los programas de “Afianzamiento de la Justicia”.
Pero en el área de Justicia también hubo recortes. Fuertes. “El programa de Afianzamiento de la Justicia, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recortó el 17 por ciento de su presupuesto. Dentro de sus principales actividades recortadas se encuentra la Protección de Víctimas de Violencias”, explica el informe
¿Cómo fue la distribución del presupuesto ejecutado hasta la actualidad?
ACIJ sostuvo, sobre la base de la información del Ministerio de Economía, que “de cada 100 pesos que el Estado ‘gastó’ (SIC) se destinaron 64 a Servicios Sociales; 17 a Servicios Económicos; 10 a Deuda Pública; 5 a Administración Gubernamental y 4 a Defensa y Seguridad”.
“El gasto total cayó un 7,8% en términos reales”. Allí aparece otro dato notable, que desentona del discurso dominante en la campaña electoral. “Las disminuciones reales más relevantes se registraron en subsidios energéticos (-27,3%) y programas sociales (-23,8%)”.
“El Potenciar Trabajo y la Prestación Alimentar, que representaron el 65,3% del gasto en este rubro, se redujeron 2,6% y 9,8%, respectivamente. Las Becas Progresar y el Programa Acompañar tuvieron un crecimiento real de 13,3% y 2,8%, respectivamente”.
Para los preconizadores de la reforma previsional para achicar el “gasto en jubilaciones”, el reporte subraya que hubo un retroceso del 4,6 por ciento. “La caída se explicó principalmente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados por la fórmula de movilidad y la inflación”.
El mayor barril sin fondo de los dineros públicos está claramente identificado. “El pago de intereses de la deuda creció 18,3%. El aumento se explica por mayores pagos de intereses por préstamos externos, en contexto de suba de tasas internacionales y los pagos al FMI en concepto de intereses sumaron 298 mil millones de pesos en el año, el 22% del gasto en deuda pública”.
ACIJ reflejó en su análisis que el gobierno resolvió sostener el ajuste pese a que desde el Congreso se habían flexibilizado los límites. “En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2023, junto a distintas organizaciones advertimos una serie de reducciones en partidas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Reconociendo esta situación, el Congreso incorporó un aumento del gasto de 567.699 millones de pesos. Sin embargo, los titulares de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía de la Nación distribuyeron los créditos omitiendo consignar la asignación aprobada por el Congreso en el marco del proceso regular para la discusión pública y aprobación del presupuesto nacional”, subraya el documento.
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Néstor Espósito: @nestoresposito