Redacción Canal Abierto | Luego de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, fallara en favor del fondo Burford Capital y resolviera que Argentina deberá compensarlo con casi US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, llovieron las críticas sobre cómo se tomó esa decisión.
Cuando en 2012 el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol, la medida apuntó a garantizar la soberanía energética del país. La decisión, que fue tomada por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue convalidada por el Congreso y sustentada en la falta de cumplimiento por parte de Repsol del acuerdo que incluía reinversiones y aumento de producción que no habían ocurrido. Por entonces, Argentina indemnizó a la empresa española con US$ 5.000 millones.
La expropiación ¿se hizo mal? ¿Se podría haber hecho mejor? ¿O es que fue una mala decisión?
“YPF era una empresa estratégica. Entonces los costos de reestatizarla hay que medirlos en esos términos”, detalla Javier Echaide, abogado especialista en Derecho Internacional.
¿Por qué quien demanda a la Argentina no es el directo damnificado?
-Cuando se estatizó YPF, Repsol, como otro afectados, empezaron a abrir distintos juicios en el exterior, y también en Argentina.
En el mercado financiero prácticamente se compra y se vende cualquier cosa. El que inicia la demanda es el damnificado directo, pero durante la demanda muchas veces ese damnificado revende el litigio. Esto también es una forma de financiar los juicios, que son a bastante largo plazo y se requiere muchísima plata para poder mantenerlos. Hay una suerte de “mercado” de litigios. Ahí es donde los grandes fondos de inversión, los fondos buitre, compran esos litigios. Eso es Burford Capital.
¿Por qué la jurisdicción de Nueva York tiene injerencia en este asunto?
—Por la cotización de los bonos. Cuando ponés acciones en el mercado financiero, vos elegís dónde querés que coticen. Si colocás bonos en Wall Street, la jurisdicción es el sur de Nueva York, donde es jueza Preska. La cotización en Bolsa puede ser una fuente de financiamiento importante para una empresa, pero tiene sus riesgos.
¿Por qué la jueza prioriza el estatuto de YPF por sobre la ley del Congreso argentino que votó la expropiación?
-Cuando YPF se privatiza, se hace sociedad anónima y lo sigue siendo: es una empresa privada pero de capitales mixtos, no es una empresa estatal. Cuando se privatizó, se cambió el estatuto. Modestamente, sin ser juez ni estar en el caso, entiendo que una ley nacional debería estar por encima de un estatuto. Aunque, también es cierto, la norma específica prima sobre las normas generales. Por eso hay que ver qué es lo afectado ahí.
Y en ese escenario, ¿por qué el fallo es contra el Estado argentino y no contra YPF?
-Porque el que toma la decisión de expropiar el 51% de las acciones es el Estado argentino.
Entonces, ¿es justo decir que este fallo es consecuencia de que la estatización “se hizo mal”?
–Cuando uno toma una decisión política, se analizan los costos, no se toma a ciegas. Pero si prima la decisión política, los costos, las posibles contingencias, forman parte de la ecuación. No sé si fueron o no analizadas estas contingencias en su momento, quizá sí.
Privatizar YPF fue un error. Era una empresa estratégica, que daba superávit. No hay ningún lugar en el mundo donde la producción de un elemento tan estratégico como puede ser el petróleo lo tenga una empresa privada y encima extranjera. Entonces, los costos de reestatizarla hay que medirlos en esos términos, teniendo en cuenta estas cosas.
En este contexto internacional, ¿cuál es la correlación de fuerzas entre los Estados y el capital financiero?
—En las últimas tres o cuatro décadas el capital privado se ha hecho cada vez más grande, concentrado y poderoso frente al poder que tienen los Estados. Los Estados siguen siendo soberanos, pero la soberanía se ve cada vez más restringida frente al avance de actores nuevos, que son las empresas trasnacionales. Ahí se ve que el poder que tienen esas empresas materialmente muchas veces es superior al que tienen los Estados. Walmart tiene el mismo capital acumulado que Argentina. Eso implica un problema, porque los Estados pierden capacidad para poder regular, y nacieron para eso. Un Estado que no hace leyes porque no puede porque lo demandan, ¿qué sentido tiene? Hay gente que justamente quiere eso: que los Estados pierdan sentido.
¿Hay instancias de apelación?
—Sí. Éste es un fallo de primera instancia. Y el Estado para defender sus intereses siempre va a apelar, debería hacerlo (NdR: Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, ya ha comunicado a través de la X —ex Twitter— que el gobierno argentino apelará).
¿Qué pasa si Argentina no puede pagar?
-Por lo general, cuando pasan este tipo de cosas se sientan en una mesa de negociación y se establece una relación jurídica nueva: planes de pagos, quitas, etc. Pero se suele terminar pagando.
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Argentina ha perdido otros juicios —como aquel famoso de los holdouts, en 2014—, en la justicia internacional. Por entonces, parte de la discusión que se suscitó tuvo que ver con la injerencia que tenía en esa situación el hecho de que Argentina perteneciera al CIADI.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) es una sección del Banco Mundial que se autodefine como “la institución líder” en ese ámbito y aclara que los Estados han acordado que ese sea “el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión”. En otras palabras, es el lugar al que las corporaciones financieras pueden llevar a juicio a los países y eludir sus sistemas de justicia nacionales.
¿Qué significa estar en el CIADI? ¿Estar o no en el CIADI tiene alguna injerencia en estos fallos?
-Estar adherido al CIADI abre una ventana más para que las empresas extranjeras puedan litigar en contra de este tipo de decisiones, como estatizar YPF. En términos políticos, todos estos juicios lo que hacen es poner a las políticas públicas y las decisiones políticas de los Estados en el banquillo de los acusados. Lo que hacen es que los Estados no se corran del eje del mundo capitalista occidental. Estos mecanismos corrigen cualquier decisión que vaya en contrario de eso. Si se corren, les va a costar tremendamente caro. Así, impiden que se ejerzan políticas soberanas.
¿Se puede salir del CIADI?
-Hay países que nunca entraron. Brasil es el caso más conocido dentro de nuestra región. Cuando se creó el CIADI, ningún país de América Latina entró. Durante la asamblea de los países miembros del Banco Mundial de 1964, en Japón, los gobiernos de veintiún países votaron en contra de entrar, lo que se conoció como “El No de Tokio”. Para los 90, salvo Brasil, todos los países de América Latina habían revertido esa política. Brasil siempre sostuvo que era una locura entrar en ese organismo porque se perdía soberanía. Después, Venezuela se salió durante el gobierno de Hugo Chávez, Ecuador se salió durante el gobierno de Rafael Correa, Bolivia se salió durante el gobierno de Evo Morales. Y otros países, incluso, hoy estás desatando los cabos que ataron durante los 90 con los tratados de libre comercio y con la pertenencia al CIADI.
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