Redacción Canal Abierto | Natalí Cardozo Guiñazú era un personaje conocido para quienes son habitués y trabajan de forma autónoma en la Plaza Independencia de Mendoza. Se dedicaba a vender artesanías y escribía poesías con temas antirrepresivos. También le gustaba tocar el bajo y ver bandas de rock, y tenía un hijo adolescente.
El lunes 11 de septiembre murió en circunstancias que aún se investigan en la Comisaría n° 61 de Fray Luis Beltrán, Maipú, un departamento del Gran Mendoza. Su detención se había producido el 6 de este mes a partir de una denuncia.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la provincia, según informaron desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Reclamo por justicia
A través de un comunicado difundido el miércoles, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dio a conocer el hecho y responsabilizó a la policía provincial, a cargo de Marcelo Calipo, y al gobernador Rodolfo Suárez.
En diálogo con Canal Abierto, Pavla, militante de esa organización en Mendoza, señala: “El estado es responsable de resguardar a una persona en condiciones de encierro. Eso no ha sucedido y justamente estamos exigiendo que se investigue”.
También explica que, como muestran los Informes que elabora año a año la CORREPI desde 1996, el caso de Natalí no es un hecho aislado. En los últimos años se observa un crecimiento exponencial de las muertes bajo custodia, es decir, de las ocurridas a manos de las fuerzas de seguridad en comisarías, penales, institutos, o incluso en patrulleros.
“La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública”, se puede leer en el Archivo de Casos 2022.
La organización deja en claro que ese aumento de la letalidad tiene relación directa con la disparada de la tasa de encarcelamiento, que se triplicó del 2001 para acá, y no con el aumento del delito.
Sobre la situación en Mendoza, Pavla cuenta que “no es distinta a lo que pasa en otros territorios”, sin embargo, “observamos una focalización hacia las barriadas populares y personas disidentes por género y sexualidad”. “Vivimos constantemente con el hostigamiento de la policía provincial”, dice.
En ese marco, juega un rol clave el Código Contravencional aprobado en 2018 por impulso del entonces gobernador Alfredo Cornejo y resistido por amplios sectores de la ciudadanía por su carácter regresivo en materia de derechos.
Ante la muerte de Natalí fueron sus amigos y compañeros quienes de forma inmediata se organizaron, primero armando una colecta para poder llevar adelante el sepelio y el entierro, y luego para reclamar por justicia.
Junto con ellos, desde CORREPI, invitaron a las organizaciones a sumarse al reclamo “frente a la impunidad que protege, encubre y perpetúa la violencia estatal”.