Redacción Canal Abierto | Frente al escenario electoral y una coyuntura política que amenaza la aplicación y vigencia de derechos ganados tras décadas de luchas que hoy se plasman en el texto constitucional y en leyes nacionales e internacionales, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza y los anfitriones de la confederación neuquina, acompañados por el CELS y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) compartieron visiones, experiencias y consensuaron una serie de puntos que se traducirá en breve en un documento político.
“Lo más importante que ocurrió es que nos encontramos. En este momento tan alarmante con un crecimiento del pensamiento reaccionario y racista, los que nos sentimos amenazados necesitamos encontrarnos para elaborar estrategias de respuesta a estos sectores políticos que han demostrado una clara posición anti derechos y anti mapuches, y han llegado hasta a fusilarnos por la espalda como pasó con Rafita Nahuel”, sostiene Jorge Nawel, logko de la Confederación Mapuche de Neuquén (zonal Xawnko), en diálogo con Canal Abierto. “Este sistema federal ha impuesto de una manera tan firme las fronteras provinciales que hace que una nación originaria como la mapuche hoy esté quebrada por límites provinciales y nacionales que dificultan que nos encontremos a pensar juntos estrategias. Nosotros superamos todas esas dificultades y nos encontramos en Neuquén capital”.
Uno de los puntos nodales de la agenda planteada en el trawn (o xawvn, gran encuentro) es la intención de presentar una demanda al estado argentino por el delito de genocidio contra el pueblo mapuche en Puelmapu. En consonancia con esta causa impulsarán un proceso de restitución territorial destinado a la población mapuche expulsada de su territorio ancestral y que quiera recuperar su vida comunitaria. Esta política de restitución debe estar basada en el derecho constitucional de “otras tierras aptas y suficientes” (establecido en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y enumera una serie de derechos en consecuencia a este reconocimiento).
El primer genocidio
“Esta situación de amenaza en la que vivimos tiene un origen que es un elemento fundante del Estado argentino, que fue la campaña genocida comandada por Roca. Si ese hecho no es asumido y sigue permaneciendo oculto, sigue siendo parte de un relato que no se quiere asumir, no vamos a encontrar nunca una solución. Nosotros entendemos que el camino para llegar a una solución, en un conflicto que tiene 140 años entre el Estado argentino y el pueblo mapuche, tiene como base el reconocimiento del genocidio que, posteriormente, debe generar políticas de reparación. Esa va a ser la única manera de una salida a un conflicto que nos desangra generación tras generación”, sostiene Nawel.
“Son 140 años y el impacto salta a la vista: tenemos un pueblo amenazado, un pueblo empobrecido, un pueblo que soporta permanentemente la invasión del extractivismo. Si no le ponemos un freno eso significará la muerte inevitable del pueblo mapuche. El Estado tiene que hacer verdad esa bandera de “Memoria, Verdad y Justicia”, y trasladarse 140 años atrás cuando el terrorismo de Estado llegó a nuestro territorio”, explica el logko.
Nawel destacó la reciente declaración de la UNESCO del Espacio de la Memoria en la ex ESMA como patrimonio de la humanidad. “Ojalá esta declaración de la UNESCO le abra los ojos a la sociedad, al sistema político y judicial de la necesidad de abordar cuándo arrancó el primer genocidio cometido por este Estado. Nosotros vamos a contribuir a despertar esa memoria demandando al Estado por genocidio”.
El referente mapuche neuquino destacó la relevancia de esta causa como un necesario debate nacional. “Esperamos que sea el comienzo de un debate: al interior del pueblo mapuche, para recuperar la memoria y elaborar los fundamentos de la demanda. Hacia afuera, tratando de lograr la comprensión de la sociedad de lo urgente y necesario del reconocimiento de que aquí ocurrió un genocidio, que atravesó este territorio, el intento de exterminar a un pueblo que fue una política planificada por el Estado argentino, a través del Congreso, a través de los poderes políticos, a través del sistema judicial”.
Otros puntos relevantes
Un punto interesante que se discutió en las jornadas fue la inclusión del debate sobre los derechos de las mujeres mapuche y se propuso impulsar un proceso de debate nacional mapuche sobre la temática.
Listamos otros puntos consensuados:
- Reconocimiento de la jurisdicción mapuche como base para el ordenamiento de su territorio según su propia norma y sistema de justicia.
- Vigencia plena de la consulta libre, previa e informada como mecanismo para aplicar el derecho al consentimiento. Un punto crítico en este momento en que las actividades extractivistas intentan avanzar sobre territorios comunitarios en todo el país detrás del litio, del petróleo y de cuanto mineral pueda ser convertido rápidamente en divisas disponibles.
- Reconocimiento de la personería de carácter público (no estatal) de las comunidades y organizaciones en cumplimiento del marco jurídico actual.
- Rechazo al extractivismo en territorio mapuche. No al oleoducto Vaca Muerta Sur que pretende atravesar toda la provincia de Río Negro hasta el Golfo de San Matías para sacar por allí los hidrocarburos en un puerto de aguas profundas.
“La preocupante aparición del fracking en Vaca Muerta une a las tres provincias, porque es una formación que atraviesa las fronteras. Tenemos una amenaza en nuestras narices y es urgente darle una respuesta unificada”, explica Nawel, cuya provincia es por ahora la más afectada por esta técnica extractiva de hidrocarburos.
“El pueblo mapuche se ve afectado por este emprendimiento en nuestra identidad, nuestra seguridad física, nuestra naturaleza, en todo el conjunto de la vida que nos rodea, del cual somos parte. Por eso analizamos la necesidad de instalar a la naturaleza como sujeto de derecho, lo que en otros países se logró declarar como los derechos de la naturaleza. Lo que aquí se está afectando es la sobrevivencia de todo un ecosistema, que está siendo reventado por esta industria criminal”.
Por último se destacaron dos temas de candente actualidad: la exigencia de libertad a Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil –juzgada en estas horas por haberse defendido y lesionado a una policía federal mientras era desalojada junto a sus hijos y a las demás mujeres y sus niñas y niños de la lof Lafken Winkul Mapu, en 2017, un día antes del asesinato de Rafael Nahuel en el mismo territorio de Villa Mascardi– y la condena para los asesinos materiales –los prefectos del grupo Albatros– e ideológicos del crimen de Rafita.