Por Elisa Corzo | Electoralistas, irresponsables, deficitarias, fueron algunos de los calificativos con los que la oposición cuestionó las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. Entre las más resonantes figuran el programa de Compre sin IVA para asalariados, trabajadoras de casas particulares, beneficiarios de AUH y Potenciar Trabajo, entre otros, y la suba del mínimo no imponible de Ganancias y el proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría, que ayer recibió media sanción en la Cámara Baja.
Mariana Dondo Bühler es docente e investigadora de Finanzas Públicas de la Universidad de Río Negro y es parte de la unidad de Análisis Económico de la CELAG. Explica que el sistema tributario argentino es regresivo, es decir que por el diseño de sus impuestos, recae más sobre los que menos tienen. Y que, en ese marco, las medidas de corte impositivo anunciadas por el Gobierno resultan un aporte para morigerar la inequidad.
Además, dado que “tenemos una distribución primaria (lo que se queda el capital versus lo que se quedan los trabajadores) que es muy desigual, necesitamos una política fiscal que sea redistributiva”.
“La política fiscal tiene dos partes, la parte de los impuestos y la parte de los gastos. Si miramos el sistema tributario argentino vemos que se basa fuertemente en impuestos indirectos, que implican un esfuerzo mayor para quienes tienen menos ingresos”. Entre estos se encuentran el IVA, que básicamente es el impuesto que pagamos cada vez que compramos algo, y el impuesto a las Ganancias, que se aplica sobre asalariados de altos ingresos.
Ante este escenario, los Estados tiene varias herramientas para intervenir. Entre ellas están las puestas a rodar en las últimas semanas por Sergio Massa. En lo referido al IVA -dice Dondo Bühler- lo que se instrumentó fue una “solución focalizada”, es decir, un modelo en el que “se identifica a la población a la que se quiere beneficiar y se la exime del IVA cuando consume ciertos bienes y servicios de interés social”.
La economista, que se dedicó a estudiar cómo mejorar la incidencia distributiva del IVA en Argentina, subraya que estas propuestas tienen “un mejor impacto en términos de equidad”. También, que otros países como Japón y Canadá las vienen utilizando hace tiempo. “Nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos el sistema de protección social bancarizado”, destaca.
Sobre Ganancias, en tanto, señala que es un impuesto con un diseño de por sí más progresivo, “pero que puede mejorarse”. Para eso propone mirar cómo se instrumenta: “La parte del impuesto que aplica sobre las personas naturales se paga sobre renta de trabajo, renta de suelo y renta de capital”. “Para que sea bien equitativa la distribución de las cargas, el aporte no debería provenir tanto de la renta del trabajo, sino más de la renta de capital y del suelo”, que, aclara, “están bien concentradas en los más ricos”. “Esto en Argentina no lo vemos”, afirma.
Recaudación a la carta
Otro cuestionamiento a las medidas tiene que ver con el incumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Fondo Monetario Internacional para este año, y con que la baja en la recaudación se compensaría con emisión monetaria.
Para la economista, si bien es cierto que en una primera instancia la recaudación puede bajar, “hay que tener en cuenta que éstos hogares que van a recibir una transferencia compensatoria por el IVA que ya pagaron, van a tener esos recursos para destinar a otros consumos que sí van a pagar IVA”.
En segundo lugar, está la posibilidad de obtener recursos a partir de otros impuestos. “Hay algo que se puede hacer y que se está empezando a discutir fuertemente, que es eliminar privilegios que otorga el propio sistema tributario, que le permite a pocos contribuyentes pagar menos. Y eso no se justifica por argumentos de equidad ni de eficiencia”. “Uno es el caso de los jueces”, apunta.
Con medidas de ese tipo “podríamos eliminar el déficit fiscal o o disminuirlo mucho, y esto no implica que estemos cambiando ninguna norma, ni tenemos que pasar por el Congreso”, asegura.
Otro ítem clave es el de Bienes Personales. “Hoy el inmueble rural, cualquiera sea su destino -y son inmuebles que se valorizaron fuertemente en los últimos años- no tributan a nivel nacional. Eso podríamos modificarlo porque son un montón de recursos que el Estado está dejando de recaudar de manera equitativa”, destaca la economista.
Hay otras opciones pero son más complejas, como las relacionadas con la explotación minera, pues median las protecciones que otorgan los tratados bilaterales de inversión a las empresas. Meterse ahí, advierte la especialista, podría generar más costos que beneficios por el riesgo de tener que enfrentar juicios ante el CIADI.
Sin embargo, “todo lo que se empiece a a producir desde ahora podría tratar de correrse de esos tratados bilaterales. Necesitamos cambios de ahora en adelante, porque si no, quedamos entrampados de por vida”, afirma.
Otro tema, en debate a nivel mundial, tiene que ver con el aporte de las empresas multinacionales como Amazon o Google a los países en los que hacen negocios. El mismo Sergio Massa lo puso sobre la mesa en estos días.
Ni es un robo ni es a mano armada
Por último, Dondo Bühler señala que, pese a su carácter regresivo, Argentina no es una país con una presión fiscal tan alta, como quieren instalar sectores como La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Argentina se ubica en el puesto 33 entre las 66 naciones relevadas, con un porcentaje del 29,1. Encabeza el listado Dinamarca (46,9%), seguida por Francia (45,1%), Austria (43,5%), Italia (43,3%) y Finlandia (43%).
Si bien es cierto que, en América latina, tiene una presión fiscal “un poquito más alta que el promedio”, “si comparamos en particular los impuestos a la riqueza y a los altos ingresos, hay países con alícuotas marginales más altas”.
Así, mientras en Argentina el Impuesto a las Ganancias se ubica en el 35%, hay por lo menos 17 países que tienen tasas mayores al 40%. Y hay algunos que tienen alícuotas mayores al 50% o 55%. “O sea, no tenemos una presión fiscal más alta que los países desarrollados, eso es un mito”. concluye Dondo Bühler.
Ilustración: Marcelo Spotti