La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos reúne a referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, representantes legislativos y activistas que se trasladan hacia las zonas de conflicto para acompañar a la población civil pacíficamente movilizada ante situaciones de represión generalizada y sistemática por parte de fuerzas públicas, o en connivencia con fuerzas irregulares.
Entre el 16 y el 26 de junio de este año la Misión estuvo en Jujuy ante las múltiples denuncias de violaciones a Derechos Humanos, en el marco de las protestas docentes y de las comunidades originarias ante la aprobación exprés, sin consulta previa, de una reforma constitucional.
“El despojo de tierras y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, que tiene antecedentes históricos (genocidio, el empobrecimiento y explotación, o la reducción y el despojo territorial desde la constitución del Estado argentino), se han incrementado y consagrado en la nueva constitución de la provincia”, dice el informe sobre los motivos del fuerte rechazo popular que despertó la reforma.
Organizados en equipos de trabajo, los integrantes de la Misión se hicieron presente en los territorios más afectados: Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico. Allí recogieron los testimonios de las víctimas y escucharon los reclamos que dieron lugar a las protestas que se llevaban adelante. También presenciaron situaciones concretas de violaciones a los derechos humanos y de los protocolos nacionales e internacionales que regulan el accionar de las fuerzas policiales.
Ayer, en la sede de la Asociación de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por el Tercer Malón de la Paz y referentes de la lucha por los Derechos Humanos como el nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el constitucionalista, Eduardo Barcesat, presentaron un exhaustivo informe final en el que responsabilizan al Estado Argentino “por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño”.
CORREPI, Liberpueblo, Frente Patria Grande, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), SIPREBA, ATE y CTA Autónoma, entre otras, son las organizaciones firmantes del informe.
A lo largo de 75 páginas, detallan el contexto social, económico, político y judicial jujeño; transcriben los testimonios más relevantes y plasman los distintos hechos represivos constatados. Y concluyen que “gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Entre otras cuestiones, denuncian que “El Estado de Derecho y el orden democrático en la provincia argentina de Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”.
En ese marco, la Misión solicita que se investigue a las autoridades del gobierno provincial:
– Por los “tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares”.
– Por impedir, limitar y condicionar “deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.
– Y, “atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de lesa humanidad”.
«El esquema de represión en Jujuy es el mismo que ya habíamos constatado en otros países»
Al abrir la presentación, María José Cano, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, contó que la Misión se moviliza ante el pedido de las poblaciones que sufren las violaciones de Derechos Humanos en contextos de protestas pacíficas e “inacción de los organismos que se deberían hacer cargo”.
“En ese marco -recapituló- estuvimos en Bolivia tras el golpe de Estado, en Colombia en el paro nacional del 2021, en Ecuador en el paro nacional de 2022, y recientemente en Perú, en el marco del golpe perpetrado al presidente Castillo”. “A partir de la toma de denuncias se elaboran informes finales que son presentados a organismos internacionales y que son una herramienta para las poblaciones, para poder llegar a alcanzar la justicia y saber lo que pasó”, explicó.
En el caso particular de Jujuy, pudieron constatar los pormenores de los dos hechos represivos del mes de junio, que fueron los que tomaron más visibilidad a nivel nacional, pero también, “de lo que venía padeciendo el pueblo jujeño desde el año 2016, cuando asume Gerardo Morales”.
La Misión detectó cuatro hechos principales, que configuraron el escenario en el que se produjo la represión de junio, y que dan cuenta de un incremento de la violencia estatal hacia la protesta social durante el gobierno de Cambia Jujuy :
1. La persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. El caso de Milagro Sala y de los nueve militantes de la Tupac Amaru presos es, en ese marco, paradigmático, pero solo el inicio de un proceso que “luego avanzó sobre toda la oposición”, precisa el informe.
2. La modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. La impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fueron el crecimiento de femicidios impunes.
4. Las violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
Gonzalo Armúa, del Frente Patria Grande, contó que “el esquema de represión en Jujuy es el mismo que ya habíamos constatado en otros países”. Así, detalló que observaron “un escenario de represión generalizada y sistemática, donde se combina la fuerza pública, represiva, con un poder judicial que avala y sostiene esa represión, y un bloqueo de todas las instituciones frente a las denuncias. Es decir, que quienes fueron afectados por la represión no encuentran dónde denunciar de forma segura”.
En esa línea, un caso paradigmático, ejemplo de los habeas corpus devenidos en abstracto, es el de Camila Müller. Como se lee en el informe:
“El 28 de junio un hombre y dos mujeres, todos encapuchados, ingresaron en forma violenta a la vivienda de Camila Müller, (artista y docente participante de las manifestaciones) la redujeron en el piso, la manosearon, la golpearon y le dijeron «no te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada». Un día antes, el martes 27, un patrullero sin patente aunque con el número 832, intentó atropellarla mientras cruzaba la Avenida Bolivia a la altura del Rectorado de la Universidad de Jujuy. Iba por la senda peatonal y con el semáforo en rojo a su favor. Si no corría, ese móvil la arrollaba. Fue un aviso. El gremio SEDEMS, al cual pertenece, realizó la denuncia correspondiente y presentó un habeas corpus solicitando custodia especial. El mismo nunca tuvo respuesta. El 25 de julio sufrió un nuevo ataque”.
Armúa señala otro patrón que encontró el equipo en las distintas misiones: la represión sobre “poblaciones que viven en territorios ricos en bienes comunes, con un alto valor agregado en esta etapa histórica y económica”. En el caso de Jujuy, el interés en torno al litio es evidente.
Por su parte, Juan Marino, diputado nacional y referente del Partido Piquetero, puso sobre la mesa las responsabilidades políticas. Recordó que mientras había una cacería en Jujuy, Larreta hacía un acto apoyando a Morales, y Milei aparecía en TN diciendo que el gobernador se había quedado corto.
Por eso, destacó, el informe está “asociado a una lucha política a nivel nacional para que le pongamos un límite a los represores y violadores sistemáticos de derechos humanos”.
INFORME FINAL DE JUJUY - sept 23