Redacción Canal Abierto | Al 30 de junio de 2023, son 11.381 las personas que se encuentran privadas de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. El 47% de esa población, 5.298 personas, se encuentran sin condena.
Estas cifras surgen de un informe que publica trimestralmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) –dependiente del Ministerio Público Fiscal– sobre la población detenida en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en base a los datos obtenidos de los Informes de Población Penal publicada por el SPF y los datos divulgados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de las bases del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena).
Si ampliamos la lupa y tomamos en cuenta todas las unidades de detención del país, federales y provinciales, según el SNEEP, al 31 de diciembre de 2022, había en la República Argentina 105.053 personas privadas de libertad, lo que implica una tasa de 227 cada 100.000 habitantes.
Si a esa población le sumamos las 12.757 personas privadas de libertad en dependencias policiales (alcaidías, comisarías) o de fuerzas de seguridad, la cifra alcanza los 117.810 es decir una tasa de 255 personas detenidas cada 100.000 habitantes. A este número se suman 12.015 personas con prisión domiciliaria y/o monitoreo electrónico. Estos índices ubican a la Argentina cerca del promedio de la mayoría de naciones que informan bastante alejada de la elevada tasa de Estados Unidos (531) pero también de la baja tasa de Japón (36).
Descenso de la población con prisión preventiva
En los últimos 5 años la población encarcelada se redujo un 15% pero el descenso de la población encarcelada preventivamente ha sido más pronunciado (-33%).
Según el análisis de la PROCUVIN este descenso se debe a dos factores. Por un lado, las medidas tomadas por la Cámara de Casación Penal en relación a la pandemia del COVID-19, de acuerdo a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, de considerar la aplicación de medidas alternativas a la prisión para ciertos casos de personas con preventiva (por delitos de escasa lesividad o no violentos; que no representen un riesgo procesal significativo; cuando la duración de la detención cautelar hubiera superado los plazos previstos en la Ley 24390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso).
El otro motivo de este descenso es la aprobación en 2019 de la Ley 27.272, denominada Ley de Flagrancia, que favoreció el incremento del alojamiento de personas condenadas. La norma establece que “habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito”.
Esta ley introdujo la oralidad en la investigación de los delitos cometidos in fraganti, y aceleró los tiempos de resolución judicial. Según un informe en su primer año de aplicación, los procesos orales relevados muestran que el 69 por ciento de las “decisiones definitivas” se “resolvieron en menos de 30 horas”.
En 2019, en las cárceles federales, siete de cada diez presos estaban detenidos sin condena firme, evidenciando el abuso de las prisiones preventivas por parte del poder judicial.
Características de la población privada de libertad
El 56% de las personas con encarcelamiento preventivo son mujeres y personas trans.
7 de cada 10 personas de entre 18 y 21 años alojadas en cárceles federales está en condición de encarcelamiento preventivo –esto implica un 69,5% de este grupo–. Otro punto relevante es que en este sector la baja registrada en los últimos 5 años fue menor a la registrada por el total de la población.
En resumen, el 45,2% de la población privada de libertad no tiene condena. Este porcentaje se incrementa en dos grupos vulnerables: el 56% de las mujeres y trans y el 69,5% de los jóvenes están en esta condición.
Por último, tomando datos de las bases del SNEEP, la mayor parte de las personas presas en el SPF se debe a causas ligadas con infracciones a la Ley 23.737, de estupefacientes, y con robo y tentativa de robo –4644 casos y 3316, respectivamente según el informe de 2022–.