Redacción Canal Abierto | El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue denunciado la semana pasada ante la Justicia Federal argentina para que se investigue su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad. Los querellantes son familiares de víctimas civiles asesinadas para ser exhibidas como bajas en combate, casos conocidos como “falsos positivos”, y tres organizaciones de derechos humanos. La denuncia se ampara en el principio de jurisdicción universal para delitos graves que no son investigados en el país de origen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado entre el Estado y las FARC como parte del Acuerdo de Paz, ha documentado 6.402 casos de falsos positivos pero no permite juzgar a mandatarios ni ex mandatarios por estos casos. La querella argentina presentó 6.112 asesinatos o desapariciones ocurridos entre 2002 y 2008, fecha en la que, según el texto, el Gobierno de Uribe tomó medidas efectivas para detener la práctica criminal.
Varios familiares viajaron a Buenos Aires junto a representantes de la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En los estudios de Canal Abierto, Sebastián Escobar, coordinador del equipo jurídico del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), junto a Daniela Rodríguez, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dieron detalles de la presentación.
Luego de una reunión en el juzgado y un acto en las puertas de Comodoro Py, el grupo participó de la marcha de las Madres en la Plaza de Mayo. “Nos acogieron con su solidaridad internacionalista”, contó el abogado.
“Estamos buscando justicia, reparación y no repetición”, inició Daniela Rodríguez.
Actualmente se investigan en Argentina causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, el genocidio del pueblo rohingyas en Myanmar y, la causa más resonante, la querella contra los crímenes del franquismo en España.
“Acudimos a la jurisdicción argentina teniendo en cuenta que en este momento no hemos encontrado garantías para la investigación completa de estos hechos en nuestro país, aun cuando tenemos avances en materia de esclarecimiento por parte de algunos mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz hay algunas imposibilidades para que esta y otras personas sean juzgadas en Colombia, por eso acudimos a la jurisdicción universal que permite el enjuiciamiento de graves criminales de guerra y personas que han participado en crímenes de lesa humanidad”, contó la letrada, y añadió sobre los “falsos positivos”: “Tiene que ver con la presentación de resultados ilegítimos por parte del Ejército Nacional, con el propósito de dar la sensación de que se estaba ganando la guerra”.
Sobre las pruebas incorporadas al expediente, Escobar cuenta que “hay algunos elementos que indican que Uribe, a pesar de ser una práctica que se extendió entre el 2002 y 2008, tuvo conocimiento de que se estaba llevando a cabo por lo menos desde 2003, y no solo no tomó medidas para que este tipo de hechos dejara de presentarse sino que siguió presionando a sus subordinados con lo cual era previsible que se iba a masificar”.
“También señalamos cómo, cuando en 2008 ya era imposible el negacimonismo absoluto, se tomaron, ahí sí, decisiones que permitieron que cesaran de inmediato”, agregó.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH), como la Cruz Roja y diferentes organizaciones humanitarias locales e internacionales habían advertido al ex presidente sobre prácticas criminales.
Por su parte, el ex Jefe de Estado colombiano publicó hace unos días un video defendiéndose de las acusaciones.
Falsos positivos, dolor y propaganda política, ¿Qué hicimos para que se descubrieran? Argentina pic.twitter.com/bX471BNoao
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2023
Sobre el contexto actual en el país, el representante del Colectivo de Abogados describió: “Estamos en un escenario político que si bien es favorable en la medida de que hay una representatividad de movimientos alternativos en el Estado y tenemos por primera vez en nuestra historia republicana un presidente de izquierdas, también es verdad que el ejercicio de esa presidencia ha enfrentado todo tipo de presiones que han disminuido el margen de acción, y frente a estas luchas en particular se ha dado una espera para la JEP, que por fortuna ha logrado dar algunos avances importantes para esclarecer este fenómeno, pero tenemos la limitación legal y constitucional que impide determinar la responsabilidad de un ex presidente de la república”.
Finalmente, Escobar habló de las expectativas depositadas en la denuncia argentina. “Nos nutrimos de experiencias como la argentina en la investigación y juzgamiento a los criminales de la dictadura, también en las experiencias que se han activado en materia de jurisdicción universal como la causa de los crímenes del franquismo, y esperamos tener un impacto similar”, dijo el abogado.
Álvaro Uribe criticó la denuncia en su contra pero aseguró en sus redes sociales que está dispuesto a enfrentar a la Justicia Argentina.
Al respecto, Rodríguez señaló: “Esperaríamos que pueda haber una reflexión sobre lo que sucedió en Colombia en estos años, sabemos que se ha centrado en tener un discurso negacionista frente a estos hechos, en tener discursos revictimizantes con las personas que están buscando verdad y justicia, y lo que esperaríamos es una reflexión frente a la sociedad colombiana”.
Entrevista: Leo Vázquez