Redacción Canal Abierto | Argentina atraviesa un brote de encefalomielitis equina, una enfermedad que afecta a las aves y que a través de picaduras de mosquitos se traslada a caballos y humanos, con alta tasa de letalidad en los primeros. Se trata de la mayor expansión de esta enfermedad desde 1988.
Hasta el momento se confirmaron casos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Entre Ríos. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró emergencia sanitaria.
La vacunación contra esta infección fue obligatoria para ejemplares en movimiento desde 2005 hasta 2016, momento en el que la dirección de entonces del Senasa determinó que pasara a ser optativa, bajo el argumento de no había pruebas que demostraran que la vacunación tuviera sustento epidmiológico suficiente para prevenir el contagio de otros animales y que no había brotes desde 1980, desconociendo el de 1988. Esto consta en los considerandos de la resolución 521/2016.
Si bien en esos mismos considerandos se planteaba la necesidad de “modificar la estrategia de vacunación contra dicho virus”, esto nunca se llegó a concretar, ni en los más de tres años restantes del gobierno de Mauricio Macri ni en los cuatro del de Alberto Fernández que concluyen este domingo.
Recién a partir de este brote, el Senasa dispuso la obligatoriedad para caballos que participen de eventos. La norma regirá a partir del próximo 1º de febrero.
Hay un diagnóstico que es compartido en extremos del mundo agropecuario como representan el Presidente de la Sociadad Rural Argentina y el referente de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretto: la caída de la obligatoriedad de vacunación empujó a los laboratorios nacionales a bajar la producción y hoy se estiman en 50.000 las dosis disponibles.
Se calcula que la cantidad de cabezas en todo el país ronda los tres millones. Según los referentes agrestes, los laboratorios estiman que podrían empezar a abastecer a un ritmo de 300.000 dosis cada dos semanas. La situación de las divisas hace inviable la posibilidad de comprar a laboratirios extranjeros, siendo que el precio de las dosis ronda los 15 dólares y sólo es comprada para proteger ejemplares de gran valor.
En su escrito difundido en redes, Peretti planteó que “el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo) están tratando de ver qué cepa de esta mortal enfermedad es. Dos entes públicos estatales, que si no estuvieran ellos, los privados no se ocuparían”.