Redacción Canal Abierto | Argentina cumple 40 años desde la recuperación de su democracia y, quizás como en ningún otro momento de esta historia, este presente pone en evidencia sus imperfecciones y debilidades.
En estas cuatro décadas logramos sostener una serie de consensos y derechos elementales, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, la facultad y prerrogativa para protestar y expresarnos libremente. De hecho, cuando se intentó limitarla o cercenarla, como fue aquella declaración del estado de sitio durante el gobierno de De la Rúa, cientos de miles salieron a las calles para recuperarla.
Hoy asoma el peligro de perder hasta ese derecho a manos de un Gobierno cuyo único programa económico es el ajuste desproporcionado sobre trabajadores y sectores más humildes, acompañado de una campaña extorsiva para desactivar cualquier tipo de oposición al mismo.
El Gobierno busca socavar el derecho constitucional a la protesta con mensajes en pantallas y altoparlantes en estaciones de trenes, requisas a colectivos y el uso del reconocimiento facial como amenaza. ¿Patoterismo, humo o estado de sitio de facto? pic.twitter.com/7B18TyTxTr
— Canal Abierto (@canalabiertoar) December 20, 2023
De eso se trata la consigna “el que corta no cobra” que desde hace días repite el Presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que hoy resuena por los altoparlantes de las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires. El mismo mensaje que lanzan pantallas en espacios públicos o en la aplicación Mi Argentina, donde millones de compatriotas gestionan trámites y turnos vinculados a su salud o seguridad social.
Y si las estrategias de amedrentamiento mencionadas no fueran suficientes, amanecimos con testimonios de requisas a colectivos por parte de efectivos de las fuerzas federales. Una imágen que recuerda los años más tristes y ocuros de nuestra historia reciente.
Aún resta confirmar si esta tarde se concreta la amenaza de utilizar el reconocimiento facial para identificar a los marchantes, lo que según varios especialistas supondría la violación de varias leyes.
Hasta aquí, sólo algunos de los tantos signos y mensajes autoritarios del Gobierno de cara a la primera jornada de lucha de los movimientos sociales en rechazo al ajuste. A estos habría que sumar las amenazas explícitas, como el tuit en el que el diputado libertario José Luis Espert pedía “cárcel y bala” para la también diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda).
Cárcel o bala. https://t.co/DFvuxuOGod
— José Luis Espert (@jlespert) December 15, 2023
Ahora bien, ¿cómo interpretar este intento oficialista por “ganar la calle”? Sin lugar a dudas, hay un sector de la población agotado por la alta conflictividad social que lo acepta o incluso celebra. En la vereda de frente, no son pocos los que le bajan el precio al apriete gubernamental y recuerdan los vagos resultados del protocolo también lanzado por Bullrich en 2016. Otros, en cambio, recuerdan la implicancia de la funcionaria con los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y alertan que esta nueva avanzada como el primer paso para un estado de sitio y pérdida de derechos elementales.